Operación Cataluña es una conspiración policial impulsada por el Gobierno de Rajoy del Partido Popular, con el objetivo de frenar el proceso independentista catalán.
La trama supuso pruebas falsas, manipulación de datos, informes irregulares, agentes secretos, filtraciones interesadas en la prensa, y amenazas para obtener información confidencial, entre otras acciones del más estilo mafioso. Se ha mantenido oculto, pero las filtraciones han permitido conocer algunos de los nombres de lo que se llama las cloacas del estado, al mando del ministro de Interior de entonces Fernández Díaz.
Esta operación se puede comparar con el mítico caso Watergate; ha sido lo peor que ha pasado en España en la última década por atentar, de forma directa, contra el Estado de Derecho, que no solo cuestionaron a los independentistas, sino que se utilizaron los aparatos del Estado contra unos partidos democráticos. Fue una acción llevada a cabo por el Gobierno de España y coordinada por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, para frenar la disidencia política en Cataluña, y acabar con el movimiento independentista, según dicta el dictamen de la comisión de investigación, que se realizó por el parlamento catalán.
La operación consistió en investigar y recopilar información de políticos favorables a la independencia de Cataluña sin ninguna autorización judicial. Para hacerlo, se utilizaban diferentes vías: a través de una unidad especial y secreta del Cuerpo Nacional de Policía, y mediante la embajada española en Andorra, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ocho años de impunidad de la operación Cataluña. La opinión pública se enteró de las prácticas ilegales de la brigada política del Ministerio del Interior gracias a las informaciones exclusivas del diario Público, a partir de junio de 2016. La Fiscalía no abrió una investigación entonces, aunque el escándalo le costó el puesto al ministro, quien aseguró que nunca dijo: esto te lo afina la Fiscalía
La decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de abrir diligencias en relación a la presunta investigación extrajudicial contra el que fuera fiscal superior de esa Comunidad Martín Rodríguez Sol, supone la primera investigación preprocesal en torno a la llamada Operación Cataluña, sobre las maniobras de la brigada política del Ministerio del Interior, entre 2012 y 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy para, con pruebas falsas, desacreditar a los líderes independentistas catalanes.
La operación Cataluña se inicia en una reunión mantenida entre el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo y la secretaría general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, después de la manifestación del 11 de septiembre de 2012 con el lema Cataluña nuevo estado de Europa, en la que un millón y medio de personas se manifestaron por las calles de Barcelona a favor del derecho a decidir.
María Dolores de Cospedal dio instrucciones en marzo de 2013 para detectar estrategias dispersas y en contradicción con los intereses del estado en el proceso independentista catalán. Los contactos se mantuvieron en 2014, poco antes de la celebración de la Consulta sobre la independencia de Cataluña de 2014, para intentar encontrar trapos sucios que inculparan a los dirigentes de ERC y DC. De las conversaciones se desprende que pretendían desprestigiar e implicar a los partidos políticos y entidades independentistas en casos de corrupción, aunque éstos no tuvieran fundamento. Los objetivos de las primeras pesquisas eran el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los consejeros Felip Puig y Francesc Homs.
Según el dictamen de la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña la Operación fue una conspiración para intentar frenar la disidencia política en Cataluña, y particularmente el movimiento independentista llevada a cabo, durante los años en que Jorge Fernández Díaz (2011-2016) fue ministro del Interior. La Operación se concretó en una serie de actuaciones de carácter político, policial y de inteligencia buscando reducir el apoyo social del independentismo mediante la desacreditación. Lo que se buscaba era asociar a los líderes políticos y cívicos independentistas con la corrupción.
Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha denunciado que ha habido una segunda parte en la llamada Operación Cataluña, con el espionaje con el software Pegasus, criticando que se usaran mentiras y falsedades para justificarlo. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió el aval del Tribunal Supremo para espiar con dicho programa el móvil de Aragonès cuando era vicepresidente del Govern, argumentando que era quien coordinaba las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña en la clandestinidad. Así lo adujeron los servicios secretos ante el Supremo, según consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès, tras la desclasificación de documentos facilitados por el Gobierno al juez que investiga el espionaje al presidente catalán.
El fiscal general del Estado considera de muy importante, muy trascendente y grave las maniobras de la brigada política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos y cargos catalanes que la cúpula de Interior y el PP vinculaban con el independentismo. El fiscal general promete nuevas directrices contra la corrupción.
En concreto, la Fiscalía está investigando si las unidades policiales que propusieron investigar a quien fue jefe de los fiscales en Cataluña, Martín Rodríguez Sol, cometieron delitos de prevaricación administrativa y contra su intimidad. Para ello, ha solicitado a elDiario.es y La Vanguardia toda la documentación sobre las informaciones exclusivas de la mafia policial que fabricó informes contra políticos y cargos catalanes como el citado Rodríguez Sol.
Según el dictamen de la comisión parlamentaria, el método que se utilizó para desprestigiar a los líderes nacionalistas catalanes fue la creación de informes policiales que se construían basándose en la mezcla de informaciones falsas con datos obtenidos de forma fraudulenta y con elucubraciones de procedencia ambigua y anónima, con la idea final de fabricar un relato que diese apariencia de caso auténtico y contrastado para poder trasladarlo posteriormente a la prensa o poder judicializarlo.
La elaboración de estos informes falsos o manipulados corrió a cargo de una brigada políticopolicial fuera de la estructura orgánica del Cuerpo Nacional de Policía, formada por al menos una decena de comisarios e inspectores jefe que, alrededor del exjefe de la Dirección Adjunta Operativa, Eugenio Pino. Los informes se iniciaban siempre con investigaciones prospectivas, aleatorias y con carácter persecutorio, una práctica expresamente prohibida por la Ley de enjuiciamiento criminal, que impide expresamente que la policía en el marco de su actuación indagadora, pueda actuar al margen del conocimiento de la autoridad judicial. La Comisión concluyó finalmente que la Operación Cataluña había sido un ejercicio de guerra sucia en pleno siglo XXI.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero ha asegurado que lo primero en democracia es respetar las instituciones públicas y los poderes del Estado, nunca jamás utilizarlo para enriquecerse de forma fraudulenta, para que la corrupción se abra camino, y nunca utilizarlo para espiar a los que ellos consideran enemigos de España, que son todos los que no piensan como el PP. Montero también ha dirigido el foco contra el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien está pasando de puntillas sobre este escándalo de presunto espionaje político y acoso contra los dirigentes independentistas. Desde Aznar no encontramos un líder del PP que tenga menos pudor a la hora de mentir, ha criticado.
El Partido Popular considera las denuncias sobre la Operación Cataluña como una mera cortina de humo del Gobierno, lo que no deja de ser el Watergate del PP, por la utilización indebida, fraudulenta y vergonzante de los medios del Estado para intereses partidistas.
Por su parte Isabel Díaz Ayuso ha justificado y defendido las actuaciones de la policía patriótica en la Operación Cataluña para espiar y difamar con fondos públicos a los líderes independentistas. Todo lo que sea herramientas del Estado para protegerse, me parece bien, ha afirmado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, viene a justificar un posible delito. Un Estado no se puede saltar la legalidad, ni las fuerzas de seguridad actuar sin supervisión judicial y menos al servicio de un partido. Quienes lo hacen ponen en peligro el Estado de Derecho y la democracia, una forma de actuar característica de las dictaduras.
El gobierno de M. Rajoy cruzó la línea de la legalidad para sumergirse en el pantano de la delincuencia. La Operación Cataluña es un episodio que tuvo como objetivo denigrar la imagen pública de un conjunto de políticos catalanes vinculados con el proceso independentista, cuya erupción duró un largo periodo, iniciando el 11 de septiembre de 2012 y concluyendo de manera catártica el 1 de octubre de 2017. Al paso de los años no hay asomo de duda sobre la metáfora omnipresente de corrupción y delincuencia durante los gobiernos de Rajoy llamada José Manuel Villarejo.
Las ramas que unen al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz con funcionarios son abundantes. Por su parte, el comisario Villarejo negociaba los golpes bajos con María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, con Eugenio Pino, interlocutor directo del ministro de Interior y con representantes de diversas unidades dependientes orgánicamente del propio Fernández.
Estamos ante la utilización de los resortes del Estado para perseguir al independentismo catalán durante los mandatos de Mariano Rajoy, presidente del PP. Unos hechos gravísimos que atentan contra el Estado de Derecho.
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