Oportunidades para discutir tras la ruptura (¿temporal?) de la mesa.

A) Medidas de reforma fiscal.

 a) Impuesto de sociedades. Se plantea reducir en 5 puntos el Impuesto durante 3 años a PYMES con menos de 25 trabajadores y con menos de 5 millones de euros de ventas anuales, que no destruyan empleo en 2009 y 2010; y una reducción equivalente en el IRPF para autónomos que empleen personal a su cargo. Coste estimado: 1000 M€ anuales. Esta medida igualmente no creará empleo, y sólo premiará a las empresas más competitivas o que casi lo sean dentro de un mercado en regresión. La creación de empleo depende de las expectativas de beneficio. Sólo conseguirá mantener empleo en una pequeña fracción de empresas que estuviesen en situación de beneficios (cuando se paga el impuesto) y en la frontera de, por la crisis, realizar pequeños ajustes de empleo. En empresas con pérdidas no repercutirá en absoluto y no impedirá el recorte de empleos. Se trata de una medida regresiva.

b) Deducción sobre vivienda. Se propone eliminar la deducción por inversión en vivienda adquirida a partir del 1 de enero de 2011. Pretende reequilibrar los incentivos fiscales para el alquiler y la compra de vivienda, mejorando la deducción por alquiler y mejorar los incentivos fiscales para el arrendador. Estas medidas no son negativas en sí mismas, porque incentiva el alquiler, si bien las deducciones en esta materia de cualquier tipo han demostrado en la práctica no hacer otra cosa que aumentar los precios y las rentas, pues se trata de un mercado en que el oferente tiene capacidad de imponer precios. Las actuaciones en esta materia debería ser fiscalizar el mal o nulo uso de las viviendas o locales, derivar las viviendas vacías hacia un gran mercado de alquiler, la intermediación pública, y regulaciones que pautasen límites en la renta, garantías de cobro, y calidad de las viviendas, así como retirar cualquier incentivo fiscal a la compra.

B) Medidas de financiación al sector privado. a) Se agilizarán y flexibilizarán las líneas de financiación ICO, para mejorar la eficiencia y fluidez de los fondos ICO en la financiación de las empresas. Es una medida de gestión que racionaliza y hace más fácil el uso de los fondos.

b) Se habilita un Fondo ICO para «financiación para Economía sostenible en el ámbito empresarial», que, en teoría, faciliten una transición hacia un desarrollo económico sostenible, hacia el sector privado de 20.000M€ (la mitad a través del ICO y el resto por instituciones financieras privadas). No se trata qué se entiende por «desarrollo sostenible» y cuáles son las condiciones de financiación. Sin más, es una subvención al capital sin clarificar las condiciones para que las inversiones merezcan esa financiación blanda.

C) Medidas de inversión, con financiación pública y gestión privada: c) Se propone un Fondo de Inversión Local, en continuidad con el existente, para obras de mejora de productividad en el ámbito tecnológico, medioambiental y de sistema de atención a la dependencia. 5000 M€ para empresas a asignar por parte de entidades locales.

Política laboral:

A) Reducción de costes laborales: a) Se prevé una reducción de las cotizaciones a la seguridad social por contingencias profesionales de 0,5 puntos, lo que supone 1.600M€ de ahorro empresarial. Aunque la medida se justifica en un superávit de dicha partida, se reedita la costumbre de abaratar costes laborales a las empresas sin garantizar el destino de dichos fondos a actividades o fines de utilidad comprobable. Se trata, sin más de una transferencia de rentas de la masa salarial indirecta a los beneficios empresariales, erosionando los fondos de la Seguridad Social, aunque al día de hoy goce de buena salud. El preacuerdo afirma que es para incentivar el empleo, pero esto se basa en un postulado ideológico que, además, es falso. La creación de empleo en un entorno capitalista depende de las expectativas de beneficios de la nueva inversión, tasa de rentabilidad que está retrocediendo en el actual contexto de crisis. Los ahorros en costes laborales se traducen en disminución de pérdidas o aumento de beneficios, pero no modifican las decisiones de inversión, y por tanto no se creará empleo en el actual contexto, porque las tasas de rentabilidad dependen de medidas que contribuyan a salir de la crisis. Está más que comprobado que la crisis actual tiene un origen sistémico y financiero -la financiarización-, que coincide también con una crisis de superproducción, y una tendencia actual a la caída de la tasa de beneficios. Atacar a los salarios indirectos es injusto, antiredistributivo e injustificado, sobre todo porque pone énfasis en la responsabilidad de la evolución de la masa salarial en la crisis, cosa que no se corresponde con la realidad, y que además, no comporta solución para la grave crisis que padecemos.

B) Medidas de intermediación laboral. a) Se evaluará y potenciará el programa de orientación laboral con un coste de 52M€, pudiéndose ampliar la plantilla existente de 1500 orientadores. Esta medida parte de la débil idea de que el problema de desempleo se base en que los individuos no sepan buscar empleo o planificar su formación. Siendo este tipo de planes de interés, son sólo una medida parcial. Desde luego, la razón principal del desempleo no radica en la torpeza de las personas para buscar empleo sino en que este no se crea, o que las medidas de acceso generan obstáculos de discriminación entre grupos sociales.

b) Se pretenden suprimir los límites de actuación a las ETTs (los sindicatos están disconformes con esto) y podrán actuar en cualquier sector (inclusive AAPP y construcción). Esta es una medida regresiva donde las haya. La gestión de la temporalidad sin límite en cualquier profesión profundizará la contradicción de que se provea trabajadores de paso para empleos que requieren cualificación y carrera profesional acumulada en el tiempo, con unas condiciones de protección sindical prácticamente nulas. Sectores peligrosos que requieren profesionalización garantizada y estabilidad, como por ejemplo la construcción, no pueden abordarse por trabajadores desprotegidos, que se sienten de paso y sin horizonte, o descualificados. Además, eso supone generalizar el uso externo y temporal de empleos considerados no estratégicos para la empresa, sin garantías que la ETTs no haga otra cosa más que cesión laboral de trabajadores. La única posibilidad admisible de la existencia de ETTs sería, si acaso, la especialización de éstas en profesionales cualificadas de utilidad transversal y permanente, pero de empleo temporal en las empresas de un sector. Las ETTs deberían especializarse en la formación permanente de estos profesionales, dar asistencia técnica y de recursos específicos a éstos, y obligárseles a dar empleo estable. Pero la medida parece que va en sentido contrario.

C) Medidas de control del absentismo:

 a) Entre las medidas (no contestadas por los sindicatos) está el mayor control del absentismo, mediante la mejora del sistema de comunicación INSS-Mutuas, convenios entre INSS y CCAA para garantizar el seguimiento de las enfermedades profesionales y comunes desde el primer día de baja (¿algo así como oficializar el médico-policía?), o el establecimiento de convenios para disminuir los costes merced a mejoras en las condiciones de trabajo e instrumentos de control. Estas medidas suponen una desconfianza de trato a los trabajadores, especialmente si no se concretan las medidas de mejora de las condiciones de trabajo y de empleo que reduzcan los riesgos profesionales para la salud y mejoren la motivación para el trabajo. Ni que decir tiene que puede suponer una ingerencia en la vida personal el seguimiento de un estado de salud que ya ha sido certificado por un médico.

D) Medidas sobre negociación colectiva

Se plantea una revisión de la NC con medidas tan preocupantes como «facilitar la utilización de cláusulas de descuelgue», sin definir con qué límites; y sin concretar las fórmulas preferentes de «flexibilidad interna a nivel de empresa» -aquellas medidas que se proponen dentro de la empresa antes de tomar decisiones de despido-.

Medidas de política sociolaboral:

  a) Se constituye un programa temporal de inserción de desempleados que hayan acabado el período de prestaciones, ligado al desarrollo de formación a través de las CCAA, que aportará un subsidio de 420 euros/mes durante 6 meses. El coste estimado será de 453 M€. El programa se prevé tendrá una duración de unos dos años (2009 y 2010) a cargo del Fondo Social Europeo.

Se trata de una medida compasiva dentro del importante paquete de medidas neoliberales de este preacuerdo de reforma. Sería la única medida valorable, si bien el bajísimo ingreso no permitirá salir de la pobreza a las personas desempleadas, lo que recrudecerá la presión a aceptar cualquier empleo sean cuales sean sus condiciones. A este respecto, la formación que provee el programa también es una acción valorable, si bien parte de la hipótesis falsa de que la persona desempleada no encuentra empleo por su inadecuada cualificación y no por una dinámica económica y unas políticas laborales que son la causa del desempleo.

b) Pacto de Toledo. El Gobierno se compromete a materializar la separación de fuentes en cuanto a la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones con cargo a las dotaciones presupuestarias correspondientes.

Está medida en sí no es negativa dentro de la racionalización de la gestión actual. Pero el problema de fondo radica en el mismo modelo en sí del Pacto de Toledo que parte de la aceptación de que las pensiones y otras prestaciones deben adecuarse en función de la evolución de los fondos de la seguridad social. Una hipótesis que ha magnificado los efectos de la II Transición Demográfica (el envejecimiento de la población como si fuese un fenómeno perdurable en el tiempo, y no una etapa a reequilibrarse en un periodo de unos 20 años). En efecto, la II Transición Demográfica es un fenómeno sociológico de los países del Norte que se originó con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad que conllevará un periodo en el que las pirámides poblacionales se invierten, con lo cuál los ratios de personas en edad laboral y en edad inactiva se reducen significativamente. Esta nueva transición tendrá un impacto cierto en lo que puede estimarse unos 15-20 años. Este fenómeno se agotará una vez las cohortes de edad avanzada fallezcan y la pirámide vuelva a cobrar una forma más equilibrada; fenómeno que a su vez se va a ver aliviado sustancialmente por las migraciones del sur al norte. El impacto del envejecimiento temporal de las poblaciones occidentales puede atenderse de manera viable en países ricos, que han gozado de un crecimiento económico sostenido, sin mayor problema simplemente recurriendo a un cambio de prioridades del régimen fiscal y de las políticas de gasto público. Esto es, en caso de que la Seguridad Social tuviese déficit puede perfectamente cubrirse con la financiación de impuestos, o la transferencia de recursos de unas partidas de gasto a las de pensiones. Y sería un fenómeno, como decimos, transitorio. En suma, todo lo que no sea incorporar esta reflexión y reforma en el modelo de pensiones de nuestro país se traduce en que hay una apuesta política por desatender a las personas mayores a favor de partidas como son las subvenciones al capital, la inversión militar, etc…

c) Medidas para potenciar la formación, su reconocimiento, y su vínculo con el mercado de trabajo.

El preacuerdo dedica diferentes apartados a la formación profesional y para el empleo. En términos generales, cabe decir, que parece que estas medidas se basan en la errónea hipótesis de que la formación crea empleo o al menos combate el desempleo, y de que es una inversión (en capital humano) que es responsabilidad del individuo, y que basta con que institucionalmente se le facilite este recurso para resolver el problema. Se ha comprobado que más y mejor formación puede contribuir a no reducir la eficiencia y a la mejora de la productividad del trabajo. En caso de que un colectivo está más adecuadamente formado tendrá más opciones ante cierto empleo disponible que otro que no lo esté. Pero la formación no crea empleo. Si se generaliza la formación para un sector o profesión sólo incrementará la competencia entre los trabajadores del sector, la formación más que un valor sería un prerequisito de mínimos para cada persona, lo que puede ir detrimento de su capacidad de negociación individual. La formación en su caso, puede ayudar a transiciones de reestructuración sectorial, para hacer pasar un colectivo de trabajadores de un sector a otro en menos tiempo. La formación es una medida importante, pero, como decimos, no crea empleo. Por tanto, no basta por sí misma para atajar la problemática del empleo. ¿Cuáles son las medidas de este capítulo?:

• Dentro del Pacto por la Educación se quiere aumentar la cobertura de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, mediante el programa Educa3. La medida no parece respaldarse con compromisos ciertos y concretos. En caso de ser así, sería una medida positiva. • Modernización de la Formación Profesional y del reconocimiento de la cualificación. • Se pretende extender, con 1000 centros, la Red de Centros Integrados de FP, para que los centros de FP reglada puedan realizar formación para el empleo. Es una medida positiva; • Se pondrá en marcha una red de Centros de Referencia nacional para el desarrollo en la definición de familias profesionales; • Se pondrá en marcha un sistema de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación. Esta medida desde hace tiempo que debería haberse puesto en marcha, pero el corsé de produce en la nula colaboración y reconocimiento de las empresas • Se pondrá en marcha una Plataforma Virtual para realizar a distancia módulos formativos para obtener títulos o certificados de profesionalidad. • Vinculación de la FP con el empleo y la Universidad. La vinculación, en nuestra opinión, aún siendo en algunos casos una medida de interés, cuando hay necesidades del mercado de trabajo por cubrir tratar de formar a personal que puedan satisfacerla, creemos que en líneas generales parte de una concepción equivocada. La formación profesional y universitaria no puede someterse a los caprichos de la oferta y de la demanda del mercado de trabajo, sino que debe desarrollarse en el marco de planes de desarrollo ciudadano, social y productivo orientados a generar sectores de actividad de futuro para atender necesidades sociales, y no sólo atender las necesidades de un mercado ávido de rentabilidad.

Medidas de evaluación de reformas anteriores: a) Se evaluarán los resultados de las medidas laborales realizadas desde 2006.

b) Se evaluarán los resultados de la Ley Concursal.

Conclusiones finales: unas palabras para estimular el debate y propuestas alternativas. Este informe de urgencia trata de dar cuenta de esta dinámica del diálogo social en varias perspectivas. La primera, dar cuenta de la posibilidad de fricciones entre las diferentes partes. La segunda, tratar de reflexionar sobre las medidas que se han puesto encima de la mesa. La tercera, observar que hay algunos puntos asumidos por todas las partes a los que no se entra en discusión y que marca un consenso implícito que, a nuestro juicio, merece la pena debatirse.

Las medidas del preacuerdo, de las que salvo dos, más todas las añadidas en última instancia por la patronal, no se ha entrado en discrepancia por parte de los sindicatos señalan una línea de actuación que no suponen cambios drásticos en el modelo económico y laboral, y en el contexto de grave crisis eso ya supone una enorme irresponsabilidad e incapacidad de actuación. Pero más decepcionante si cabe es su orientación porque la continuación y, con estas medidas, profundización en el modelo económico y laboral presente significa sujetarse a un barco que se está hundiendo.

Las propuestas son en su conjunto de carácter neoliberal, más bien, de cierto liberalismo compasivo miserabilista. Sigue confiando en que para superar la crisis hay que dar mejores condiciones de recuperación rentable a los mercados y no tanto en regular su orientación, gobernándolos. Las políticas de subsidiación son ridículas, y el énfasis en la formación individual y en la orientación sociolaboral personal es un brindis al sol que sólo contribuirá a distraer del problema. Las políticas de recorte fiscal y de reducción de cotización a la seguridad social serán ineficaces para la creación de empleo y no constituyen otra cosa que una transferencia de rentas al capital, del mismo modo que las líneas de inversión y financiación pública tal y como están concebidas. Las medidas que pretenden racionalizar algunos desequilibrios, como en el tema de la vivienda, serán ineficaces y con efectos no queridos (porque no se han contemplado por los autores del texto. Y, por último, muchas de las medidas planteadas en el preacuerdo son meramente una enunciación sin concreción. En suma, se trata de un preacuerdo decepcionante.

Ahora bien, con la ruptura del diálogo por parte de los sindicatos, ante la arrogancia empresarial y la complicidad gubernamental, puede abrirse una oportunidad para discutir estos y otros puntos, y recuperar una línea completamente necesaria, ante una crisis que dejada a su inercia y en el marco de un modelo laboral superflexible causará estragos. Es decir, que no basta con no aceptar nuevas reformas neoliberales, sino que, simplemente para mantener las condiciones de vida y trabajo son necesarias reformas progresistas a la ofensiva, a favor de los y las trabajadoras.

Esa línea necesaria es abordar una reforma de la política económica orientada a potenciar la inversión pública bajo control social y público, regular el sistema financiero y recuperar la banca pública; y una reforma laboral a la ofensiva que castigue severamente la contratación temporal (con elevación de cotizaciones a la seguridad social y con indemnizaciones por despido más elevadas al contrato indefinido, que causalice la temporalidad y los despidos bajo parámetros objetivos mejor definidos), que prohíba los despidos en empresas con beneficios, que acabe con las bonificaciones y subvenciones a la contratación para reconvertir esos fondos en creación de empleo público directo, que regule los derechos sindicales y posibilite la representación legal de los trabajadores conjunta en empresas-red transnacionales y en pymes en territorios definidos (polígonos empresariales, zonas turísticas, centros comerciales, parques industriales, localidades específicas, etc…), que defina la responsabilidad personal del accionariado sobre las empresas y su personal empleado, y que se oriente a una política de pleno empleo y de reducción y reparto de todo el trabajo con plenos derechos sociolaborales de carácter garantista.

Daniel Albarracín es profesor Universitario e Investigador social. Doctor en Sociología (UCM) Licenciado en CC. Económicas (UAM).

http://daniloalba.blogspot.com/2009/07/valoracion-sobre-el-preacuerdo-del.html