Los grupos políticos deben tomar nota y aprobar con máxima urgencia la reforma de la ley del CSN que actualmente está en tramitación en el Congreso El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha recibido en las últimas semanas dos serias críticas internacionales por parte de organismos reguladores y expertos en materia de seguridad nuclear. Losa […]
Los grupos políticos deben tomar nota y aprobar con máxima urgencia la reforma de la ley del CSN que actualmente está en tramitación en el Congreso
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha recibido en las últimas semanas dos serias críticas internacionales por parte de organismos reguladores y expertos en materia de seguridad nuclear. Losa datos de estas instituciones demuestran la ineficacia y falta de independencia del CSN así como su funcionamiento opaco y cerrado a la participación del público. Los informes pertenecen a la Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental (WENRA) y a la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE.
A la luz de estos informes, Greenpeace considera que el pésimo funcionamiento del CSN, tantas veces denunciado por el movimiento ecologista, es ya un secreto a voces fuera de nuestras fronteras. «El CSN se ha convertido en un organismo tan obsoleto, secretista y supeditado a los intereses de la industria nuclear que está recibiendo duras críticas hasta de sus homólogos internacionales y de otros organismos de la industria nuclear» , ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.
Ante esta situación, Greenpeace insta a los grupos parlamentarios a que aprueben con la máxima urgencia la Proposición de Ley de reforma del CSN que actualmente está en tramitación en el Congreso de los Diputados, con el fin de convertirlo cuanto antes en un organismo eficaz, transparente, participativo y verdaderamente independiente de la industria nuclear.
Hace unas pocas semanas la Asociación de Reguladores Nucleares de Europa Occidental (WENRA), que reúne a los organismos reguladores en materia de seguridad nuclear de los países europeos con centrales nucleares, hizo público un demoledor informe sobre la reglamentación en materia de energía nuclear, que demostraba que el CSN está a la cola de sus homólogos europeos ya que sólo cumple el 40% de los requisitos que la WENRA recomienda que debe cumplir un organismo regulador.
Por otro lado, la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE (NEA/OCDE) acaba de presentar al CSN las conclusiones de la auditoría que realizó sobre el proceso de toma de decisiones en relación con el accidente de Vandellós-2 de agosto de 2004. En este suceso se produjo la rotura circunferencial de uno de los registros de la tubería del tren B del sistema de refrigeración de servicios esenciales (EF) y ello destapó un rosario de deficiencias en otros muchos sistemas de la central, algunos considerados de gran importancia para la seguridad.
Tras unos primeros párrafos iniciales de cortesía, en los que el informe de los expertos de la Agencia de Energía Nuclear juzga positivamente el informe de lecciones aprendidas del CSN sobre el accidente de Vandellós-2, los expertos dibujan un demoledor retrato robot del organismo, confirmando, punto por punto, lo que Greenpeace lleva años denunciando. El informe de la NEA/OCDE es el espaldarazo definitivo a la Proposición de Ley para la reforma del CSN que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, ya que en él se describen con precisión las debilidades del CSN que justifican la urgente necesidad de modificar el marco legislativo por el cual se creó y que regula su funcionamiento.
Ante la ausencia de reglamentación nacional en materia de seguridad nuclear, los expertos de la NEA/OCDE recomiendan que el CSN compare exhaustivamente todas sus prácticas de supervisión de la seguridad de las centrales nucleares con la reglamentación americana, que el CSN asume, sin ningún soporte legal, desde su creación en 1980. A una conclusión similar llegaba hace unas semanas el revelador informe de WENRA sobre armonización de la seguridad de los reactores nucleares, en el que los reguladores afirman contundentemente: «no existen requisitos legalmente vinculantes en España. Debe establecerse normativa nacional o una relación más vinculante con la reglamentación de los Estados Unidos».
Así mismo, los expertos de la NEA recomiendan al CSN que realice una revisión en profundidad de su política y estrategia de comunicación con los propietarios de las centrales nucleares y de cómo reciben la información desde ellas. Esta recomendación tiene su origen en las múltiples ocultaciones de información vital por parte de los propietarios de la central de Vandellós-2 antes, durante y después del accidente de agosto de 2004. Recomiendan también que se haga una revisión integral de todo el proceso de análisis de la información relacionada con la seguridad que se recibe de las centrales, de lo que se desprende una evidente desconfianza hacia los operadores de las centrales nucleares españolas que, como Greenpeace ha denunciado repetidamente, incluso manipulan la información que remiten al organismo regulador.
El informe realiza múltiples críticas hacia el Pleno del Consejo, la Secretaría Técnica y la Dirección Técnica del CSN sobre su gestión del suceso de Vandellós-2, recomendando que se dote al organismo de un Comité Asesor Técnico independiente para que pueda asesorar al Pleno sobre temas de seguridad y que se reafirme el carácter colegiado del Consejo, algo que ha quedado en entredicho en diversas ocasiones desde la llegada al organismo de la actual presidenta, María Teresa Estevan Bolea, en particular cuando ésta remitió un informe al Congreso sobre el accidente de Vandellós 2 sin contar con la autorización del resto de los Consejeros.
Estas recomendaciones, que coinciden con las propuestas de Greenpeace para reformar la ley del CSN, vienen a demostrar que los problemas del organismo no son coyunturales, sino que necesitan una radical transformación de personas, prácticas y métodos, empezando por erradicar la connivencia con los responsables de las centrales, que son impropias de un organismo regulador, e iniciar una apertura sin retorno hacia el público y sus agentes sociales.
El informe dedica un último capítulo a la estrategia y la política de comunicación del CSN con el público, algo sobre lo que las quejas de Greenpeace y de otros agentes sociales son históricas. El informe viene a reconocer que la política de comunicación pública del CSN es nefasta, y que es necesario un giro de 180º en la misma para hacer frente a las demandas sociales en esta materia.
«La plena coincidencia de las conclusiones del informe de los expertos de la Agencia de Energía Nuclear con el informe de WENRA publicado hace unas semanas da la razón por partida doble a Greenpeace, que lleva años denunciando la total ausencia de normativa nacional sobre seguridad nuclear y la inseguridad jurídica que ello provoca» , añadió Bravo.
El autismo del CSN ante la última crisis de Cofrentes, tras hacerse público el informe de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) en el que identificaban 36 importantes deficiencias en la central, sumado al trato de favor a la central de Ascó a finales del 2004, son los ejemplos más recientes de que el CSN no ha cambiado ni el fondo ni en la forma, y lo peor es que no parece que se puedan descartar nuevas crisis a corto plazo.