Diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil se organizan bajo una campaña que tiene como objetivo revertir los mecanismos políticos y legales que permiten «pelotazos» de mega infraestructuras energéticas, con altos costes para la sociedad y el medio ambiente, como el fallido Proyecto Castor. Un hito importante en este proceso es la próxima celebración […]
Diversas organizaciones y colectivos de la sociedad civil se organizan bajo una campaña que tiene como objetivo revertir los mecanismos políticos y legales que permiten «pelotazos» de mega infraestructuras energéticas, con altos costes para la sociedad y el medio ambiente, como el fallido Proyecto Castor. Un hito importante en este proceso es la próxima celebración del Juicio Popular al Proyecto Castor, el 17 de junio en Barcelona.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída del sector de la construcción, grandes corporaciones como ACS operan en nuestro territorio, y por el mundo, llevando a cabo grandes mega infraestructuras «de interés público», bajo la forma de Partenariados Público-Privados (PPPs), donde el estado e instituciones oficiales de crédito se hacen cargo de los costes y las responsabilidades, mientras las corporaciones ejecutan y cobran las obras, en demasiadas ocasiones con cuestionables resultados y una transferencia de costes a la población a cambio de enormes sumas de dinero, que superan frecuentemente los costes iniciales proyectados para la obra; «El negocio es construirlo».
El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) lleva estudiando años estos fenómenos, con un seguimiento especial del caso Castor desde el 2013. Un proyecto que se erige como símbolo y referencia de este tipo de prácticas. Es por esta razón que se ha tomado la decisión de ejecutar una campaña desde la sociedad civil con los objetivos de incidencia política, mediática y eventualmente legal, para revertir los altos costes que se están imputando a la sociedad por el Castor, a través de la factura del gas, y por la implementación de mecanismos legales y políticos que impidan la normalización de estas prácticas.
El cálculo que maneja el ODG es de más de 3.420M€ a pagar por los ciudadanos en 30 años, añadiendo intereses, mantenimiento, el coste del posible desmantelamiento y otros gastos varios. Esto representa, para los más de 7.000.000 de consumidores de gas, alrededor 430€ que cada uno de nosotros/as pagaremos por el fallido proyecto Castor de Florentino Pérez.
Las partes que se señalan por el desastre social, medioambiental y financiero que ha resultado, y sigue resultando, el Proyecto Castor son varias, atendiendo a las responsabilidades y omisiones de cada parte: ESCAL UGS, participada en un 66’6% por ACS y, de manera agravada, su presidente Florentino Pérez: ACUSADOS de la construcción del Proyecto Castor, donde los terremotos son sólo la punta del iceberg de una cadena de delitos ambientales, sociales y económicos a nivel local y global, como es la deuda generada, así como otros casos de megaproyectos impuestos e inútiles en el Estado español y fuera de éste, como es en países del Sur global.
El Gobierno español y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo:
ACUSADOS de prevaricación ambiental, mala administración y ayuda estatal encubierta. Específicamente en relación a la ocultación de información relevante en relación al Proyecto Castor y no garantía del derecho a la información de la población; connivencia con la empresa (acompañó y aprobó costes sobredimensionados en el Proyecto y garantizó el cobro a través de las cláusulas del contrato), en lugar de garantizar el interés público.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI):
ACUSADO de prevaricación ambiental, generación de deuda ilegítima y financiación del modelo de gas. Específicamente en relación a hacer posible la refinanciación del Proyecto Castor gracias a la emisión de bonos, y financiar otras infraestructuras de gas en Europa con la misma lógica e impacto.
El Juicio Popular dará voz a testimonios como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor; los cuales testificarán ante el Tribunal en relacióna la opacidad, la falta de participación pública y los impactos socio del Proyecto Castor. También se contará con diversos peritajes del ámbito geológico, medioambiental, de derecho procesal y sobre los impactos de la financiarización y de las grandes infraestructuras fomentadas por las instituciones europeas, para explicar el modelo de industria gasística que representa el Proyecto Castor, así como los impactos económicos y sociales que tiene sobre el medio ambiente y las personas. Por último, se dará voz a personas de comunidades del Sur global afectadas por proyectos de la misma ACS que testificaran sobre los impactos de esta empresa fuera de las fronteras nacionales y sobre su lógica de actuación.
Es urgente continuar trabajando para el desmantelamiento de las instalaciones del Proyecto Castor, entre otras reivindicaciones de las poblaciones locales. Asimismo lo es el hecho de poder revertir la actual situación de pago de deuda ilegítima que recae sobre la ciudadanía.
Se abre un periodo de adhesiones al proceso. Todos los detalles: http://www.odg.cat/es/blog/manifiesto-acusacion-juicio-popular-castor
Página web Juicio Popular: http://www.odg.cat/es/juicio-castor