Madrid, 15 de marzo de 2005 Señor PRESIDENTE DE GOBIERNO José Luis Rodríguez Zapatero ASUNTO El contexto de su próxima visita a Colombia: La sociedad civil señala responsabilidad de las autoridades en las masacres ocurridas en San José de Apartadó. Con motivo de su próxima visita a Colombia, las organizaciones no gubernamentales e instituciones abajo […]
Madrid, 15 de marzo de 2005
Señor PRESIDENTE DE GOBIERNO
José Luis Rodríguez Zapatero
ASUNTO
El contexto de su próxima visita a Colombia: La sociedad civil señala responsabilidad de las autoridades en las masacres ocurridas en San José de Apartadó.
Con motivo de su próxima visita a Colombia, las organizaciones no gubernamentales e instituciones abajo firmantes quisiéramos hacerle partícipe de nuestro dolor y preocupación tras conocer la terrible masacre ocurrida en el Corregimiento de San José de Apartadó, Urabá, Colombia.
Entre los días 21 y 22 de Febrero 8 personas fueron asesinadas, entre ellas cuatro menores de edad de 2, 6,11 y 17 años. Los cuerpos de los adultos han sido encontrados con signos de tortura y descuartizados. Una de estas personas es Luis Eduardo Guerra, fundador y líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como representante de esta Comunidad en sus diálogos con el Gobierno e instituciones internacionales. La comunidad de paz de San José de Apartadó ha sido visitada en múltiples ocasiones y apoyada públicamente por la Embajada Española en Colombia y hace poco más de un mes por una delegación de Parlamentarios del Estado Español y organizaciones sociales.
Nos dirigimos a Usted dado el apoyo «total» y su confianza «absoluta» en la capacidad del Presidente Uribe Vélez para acabar con la inseguridad y violencia que enfrenta Colombia a que hizo referencia en una entrevista publicada por el rotativo colombiano, El Tiempo, el pasado mes de noviembre.
Señor Presidente, queremos con esta carta subrayar el hecho de que lo sucedido en San José de Apartadó no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de la sistemática violación de Derechos Humanos resultante de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Queremos compartir con Usted los datos que aporta la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia (Oacnudh), según la cual, mientras descienden algunos indicadores de la violencia en Colombia tales como los homicidios y el secuestro, los indicadores respecto a ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, desapariciones forzadas, tortura y detención arbitraria incluso han aumentado, y los niveles de impunidad siguen siendo extremadamente preocupantes.
Como indica Oacnudh, sólo la implementación inmediata y efectiva de las recomendaciones en materia de derechos humanos por parte del gobierno colombiano ayudaría a una mejora de la situación. Nos dirigimos a usted como miembro destacado de la Unión Europea y en tal calidad signatario de las conclusiones del Consejo de la UE de Diciembre del 2004 para Colombia. Resaltamos que el Estado Español es uno de los firmantes de los compromisos adquiridos en la Declaración de Londres y ratificados en la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional en Febrero 2005 para acompañar al gobierno colombiano en la aplicación de las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.
Por todo ello consideramos de suma importancia que en sus conversaciones con el Presidente Uribe le transmita la gran preocupación de la sociedad civil española por que hechos tan atroces como éste sigan ocurriendo a personas que gozan de medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos -según las cuales el ejército colombiano es responsable por la seguridad de la comunidad- y que tienen un elevadísimo reconocimiento internacional. Adicionalmente vemos necesaria y urgente su mediación para pedir al Presidente del gobierno colombiano un esclarecimiento rápido de los hechos mediante una investigación imparcial y exhaustiva teniendo en cuenta que tanto la Comunidad de Paz como sus acompañantes de la Corporación Jurídica Libertad atribuyen la autoría de los hechos a diferentes unidades del Ejército Nacional. En todo caso es verificable que hubo operativos del Ejército desde el día 18 de febrero en la zona, según se indicó en diversos comunicados públicos de la comunidad previos a estos hechos sangrientos. Esta masacre se inscribe dentro de los constantes ataques que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha enfrentado desde su fundación en 1997, con un resultado de más de 150 asesinatos, que a día de hoy continúan en la impunidad. El profundo dolor e indignación que sentimos por la muerte cruel de todas estas personas y niños se nos hace más profundo, si cabe, por el hecho de haber seguido desde hace 8 años el devenir de esta Comunidad: Diferentes organizaciones sociales de España y Europa hemos tenido la gran oportunidad de conocer personalmente a alguno de sus miembros, ya sea en una de las tres visitas que éstos han realizado a distintas ciudades del Estado Español para dar a conocer su experiencia modélica o acompañando como observadores internacionales a sus miembros en la misma Comunidad.
Decenas de voluntarios internacionales, entre ellos unas 20 personas del Estado Español, exponen sus propias vidas para intentar evitar lo que sucedió durante los días 21 y 22 de febrero. Asimismo, los habitantes de San José de Apartadó han recibido apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Burgos que firmó en 2002 un convenio de colaboración con la Comunidad de Paz.
Las Comunidades de Paz, de acuerdo a la descripción de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), «se establecieron a finales de los 90 en la región de Urabá por desplazados por el conflicto que gradualmente empezaron a retornar a sus comunidades. Las Comunidades de Paz tienen un compromiso con la resistencia civil y la neutralidad. Rechazan la presencia en su territorio de cualquier grupo armado ya sea ilegal o legal». Los abajo firmantes apoyamos la opción no violenta de los miembros de la Comunidad de Paz de San José como una alternativa legítima para mantener a la población civil al margen del conflicto -según está reconocido en el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario- y pedimos que cesen los ataques y también las estigmatizaciones contra los miembros de la Comunidad de Paz y sus acompañantes que no hacen sino agravar la situación de inseguridad de los habitantes de la zona.
Agradecemos su atención y una vez más le pedimos que haga llegar nuestras preocupaciones a su homólogo el Presidente de la República de Colombia Álvaro Uribe.
Le saludan atentamente,