Las ONG integradas en la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjero (CIE) han expresado su rechazo al nuevo Reglamento, actualmente en fase de Anteproyecto, presentado en junio por el Ministerio del Interior para regular el funcionamiento de estos centros. Teóricamente, el nuevo Reglamento tiene como objetivo cubrir el vacío legal […]
Las ONG integradas en la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjero (CIE) han expresado su rechazo al nuevo Reglamento, actualmente en fase de Anteproyecto, presentado en junio por el Ministerio del Interior para regular el funcionamiento de estos centros. Teóricamente, el nuevo Reglamento tiene como objetivo cubrir el vacío legal que existe en torno a los CIE, actualmente regulados por una Orden Ministerial de 1999, que las organizaciones sociales califican de «muy imprecisa y vaga».
Según Daniel Sanjuán, abogado de la Campaña por el Cierre de los CIE, «el borrador que nos han mostrado no resuelve nada; es muy genérico e impreciso, y no presenta novedades respecto a la Orden Ministerial. Actualmente, son los jueces los que, a golpe de acuerdo, intentan como pueden garantizar los derechos de los internos. Si en el Reglamento de los CIE se habla de ONG es para vender que la gestión de los centros está humanizándose y para quitarse la Administración responsabilidades de encima».
¿Qué entiende el ejecutivo por novedades y mejoras? Entre otras cuestiones, el cambio de nombre de los centros, que ya no se denominarían (si se mantiene el texto del Anteproyecto) «Centro de Internamiento para Extranjeros» (CIE), sino Centro de Estancia Controlada para Extranjeros (CECE).
Pero llamar «estancia controlada al hecho de mantener presas a determinadas personas por el hecho de no tener papeles, es decir, por una falta administrativa, no es sino un ejercicio de cinismo», asevera Salva Lacruz, portavoz de la Campaña por el Cierre de los CIE.
El Ministerio del Interior también anunció en su día que situaría a civiles al frente de los CIE, lo que implicaría, si se llevara a término esta idea, superar el actual modelo de gestión policial. Sin embargo, advierte Salva Lacruz, el nuevo Reglamento apunta a que los CIE «continuarán gestionados por carceleros «.
El portavoz de la Campaña por el Cierre de los CIE agrega que «nos hubiera gustado un buen reglamento que garantizara los derechos fundamentales de las personas internas, pero resulta evidente que la solución no pasa por un reglamento, sino por el cierre de los Centros de Internamiento para Extanjeros».
Por su parte, la plataforma «Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE» critica el texto por su «corte policial», pues «prima las cuestiones de control y seguridad en detrimento de las condiciones de vida y derechos de los internos». Es más, el Reglamento supone un «retroceso», advierten, en las comunicaciones de las personas internadas con el exterior; las visitas, el acceso de las organizaciones sociales y la posibilidad de presentar quejas al juzgado de control de los CIE. «Ni siquiera se recogen las recomendaciones emitidas en el último año por el Defensor del Pueblo, ni la jurisprudencia ya aplicada de los juzgados de control», añade la plataforma.
Además, el texto añade «un término policial – expulsiones cualificadas -, que incluye a personas con procesos abiertos sin sentencia o con meros antecedentes policiales (multas de tráfico, por ejemplo); es un perverso discurso que criminaliza al extranjero y deshumaniza a quien alguna vez en su vida, quizá para sobrevivir, ha cometido algún delito menor», critica la plataforma «Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE».
Otro de los motivos de crítica es que continúan atribuyéndose todas las competencias y dirección de los CIE al Ministerio del Interior, aunque puedan contratar atención médica y social con entidades privadas, algo que ya ocurre en la actualidad.
En la génesis del Reglamento convergen dos hechos. En primer lugar, la victoria del PP en las elecciones del 20-N. Además, se produce la muerte, en circunstancias todavía por aclarar, de dos personas internas en los CIE de Aluche (Madrid) y Zona Franca (Barcelona). Ante la alarma suscitada, el nuevo ejecutivo reacciona y anuncia «mejoras» y «cambios» en la gestión de los centros.
Sin embargo, las ONG críticas con estos centros prefieren hablar de «manipulación mediática» más que de «novedades». Porque, según estas organizaciones, el gobierno no hace más que desempolvar un borrador de reglamento ya elaborado por el gabinete de Zapatero. Supuestamente, se pretendía aumentar las garantías y la protección de los derechos de los internos. Además, para aderezar esta iniciativa, el Ministro del Interior invitó a los medios informativos al CIE de Zona Franca, con el fin de dar una imagen de «normalidad» y «buenas prácticas».
La batalla contra los CIE viene a ser como una guerra de trincheras. Muy poco a poco se va ganando terreno a partir de pequeñas escaramuzas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia (de vigilancia en el CIE de Zapadores) afirma en un Acuerdo del pasado 21 de noviembre que la dirección del centro debe comunicar a los internos «punto y día de salida, y lugar y hora de destino, así se tenga conocimiento de estos». Las ONG habían comunicado al juzgado, que finalmente ha archivado las diligencias, que durante años «buena parte de las personas presas en el CIE, son avisadas de su inminente expulsión instantes antes de iniciarse su traslado», lo que les impide contactar con sus allegados. «De las últimas personas expulsadas en Valencia, sólo dos de ellas habían sido previamente informadas», denuncian.
También Naciones Unidas señala -a través de un dictamen emitido por el Consejo de Derechos Humanos y que los medios de información convencionales han silenciado- la violación de los derechos fundamentales del solicitante de derecho de asilo de origen marroquí, Adnam el Hadj, detenido e internado en el CIE de Aluche. La Campaña por el Cierre de los CIE ha denunciado que el ciudadano marroquí fue víctima durante el periodo de internamiento de malos tratos (golpes de puño, pie y porras, así como insultos racistas) por parte de cinco agentes de policía. Aseguran asimismo que esta es una realidad que también se da en otros centros, como el de Zapadores en Valencia.
Con independencia de dictámenes internacionales y resoluciones judiciales, el Borrador de Reglamento es tan inconcreto como opaca y brumosa resulta la gestión de los CIE. En caso de aprobarse, afectará a los siete CIE operativos del estado español. ¿Pero qué ocurrirá con otras realidades muy poco conocidas, como son los centros de internamiento ubicados en la costa de Andalucía y Canarias? «Funcionan como Centros de Internamiento para Extranjeros pese a no estar reconocidos como tales; es una realidad muy preocupante», concluye Salva Lacruz.
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