«Globalia Hoteles apuesta por un concepto de hotelería en el que se combinan los nuevos avances tecnológicos y el menor impacto medioambiental consiguiendo la más alta calidad gracias al espíritu de innovación y actualización permanente que se ve reflejado en las exquisitas instalaciones de los hoteles», reza un texto institucional de Globalia, una de las […]
«Globalia Hoteles apuesta por un concepto de hotelería en el que se combinan los nuevos avances tecnológicos y el menor impacto medioambiental consiguiendo la más alta calidad gracias al espíritu de innovación y actualización permanente que se ve reflejado en las exquisitas instalaciones de los hoteles», reza un texto institucional de Globalia, una de las principales empresas turísticas españolas -dueña entre otras de la compañía aérea Air Europa o la Agencia de Viajes Halcón- y que este año aspira a obtener un beneficio neto entre los 38 y los 40 millones de dólares, el doble del año pasado.
Pero esta vie en rouge que presenta la compañía en su actuación podría tener poco que ver con la realidad de su impacto ambiental, según la denuncia de diversos grupos ecologistas, entre ellos, algunos de los principales, como Greenpeace o el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). El motivo es un proyecto hotelero de Globalia en un área de República Dominicana que fue excluida de un parque natural por el presidente saliente del país, Hipólito Mejía, por medio de la modificación -aún pendiente de aprobación final por el Parlamento- de la actual Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este cambio favorece a Juan José Hidalgo, el dueño de Globalia, quien adquirió unos terrenos dentro del Parque Nacional del Este y tiene autorización para levantar en ellos un complejo hotelero, el Gran Palace Bayahibe Beach Resort, según adelantó el mes pasado el diario digital español El Confidencial.
Globalia adquirió en octubre de 2000 una parcela de 267.000 metros cuadrados. Aunque en agosto de ese mismo año se había aprobado la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, el presidente dominicano firmó un decreto doce días después de su entrada en vigor con el que pretendía excluir del Parque Nacional del Este la parcela comprada por Hidalgo. Según la información de El Confidencial, ante la imposibilidad de modificar una ley por decreto, el presidente dominicano se dirigió por carta a Hidalgo y le autorizó a tomar posesión de los terrenos. En 2001, Mejía llevó al Senado dominicano otra iniciativa para excluir del ámbito del Parque varias parcelas, que tampoco prosperó. Finalmente, se decidió un cambio en la ley que acaba prácticamente con las costas protegidas del país.
Hace 15 días, Greenpeace advirtió de que la Red de Parques Nacionales de la República Dominicana podría ver reducida su extensión a la mitad en unas semanas de ratificarse esta modificación de la Ley, a la que se atribuye el riesgo de mutilar el Parque Nacional del Este y el Jaragua, en el suroeste. El primero ha sido propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, mientras que el Jaragua pertenece a la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 2002. «[De adoptarse definitivamente esta medida] los ecosistemas en peligro desaparecerán, incluyendo humedales e importantes zonas de aves; así como destacados hábitat del Manatee de la India Occidental o la Tortuga Hawksbill», asegura la organización conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
«Se da la circunstancia que la primera parcela en la que Globalia quiere construir un complejo hotelero es la que alberga el Centro de Recepción de visitantes del Parque Nacional del Este que se construyó en 1992 con fondos aportados por la Agencia Española de Cooperación (AECI)» «aseguraba Greenpeace- «[La sección española de] Greenpeace considera lamentable para la imagen de nuestro país que empresarios turísticos españoles estén promoviendo el desmantelamiento de las áreas protegidas en la República Dominicana, en vez de potenciar un modelo de desarrollo sostenible en los lugares en los que ubican sus negocios».
A raíz de la denuncia, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, que reúne una treintena de organizaciones, se concentró frente a la embajada de España en Santo Domingo acusando a la representante diplomática en el país, María Jesús Figa, de «apoyar y patrocinar» la aprobación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas para favorecer a una empresa española. Figa negó las alegaciones, expresó su «extrañeza» ante el hecho de que la quieran «convertir en protagonista» y recalcó que «el tema ecológico siempre ha sido preocupación de la cooperación y el Gobierno español». También rechazó toda vinculación con la operación otro peculiar implicado por los manifestantes, el cantante español Julio Iglesias, a quien acusaron de ser un «intermediario de tierras» entre el presidente dominicano y el empresario español.
El asunto no acabó ahí. El pasado 1 de julio, el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, dirigió un escrito al presidente de Globalia en el que le pedía que reconsiderase la construcción del proyecto hotelero porque representa «un golpe demoledor al patrimonio» dominicano. «Al igual que a nadie se le ocurriría destruir la catedral de Burgos, tampoco un monumento natural debe destruirse, ya que forma parte del Patrimonio de toda la Humanidad», decía la carta. El 7 de julio, Greenpeace dirigió una nueva misiva, en esta ocasión al presidente electo dominicano, Leonel Fernández -quien relevará en el cargo a Hipólito Mejía el próximo 16 de agosto- en la que le pedía que intervenga para evitar la aprobación, pendiente en el Congreso, del proyecto de ley.
«Yo he sido la persona peor tratada de la isla. Soy un perjudicado. Allí todo el mundo está en contra de mí», fue la respuesta del presidente de Globalia a estas acusaciones, en la que además dejó muy clara su filantropía y su hondo compromiso ambiental: «Lo que necesita ese país es suelo, abrir hoteles y dar trabajo a la gente que se muere de hambre. Necesita crear riqueza y que no vengan cuatro ecologistas a decir que hay que mantener a los pececitos o proteger a los mosquitos».
Toda acusación debe ser probada, pero con estos mimbres cuesta creer que la ética esté condicionando las actuaciones en este asunto. La modificación de la Ley de Áreas Protegidas -sean cuales sean los motivos que han llevado a ella- constituye una pésima noticia para la preservación del medio ambiente en República Dominicana.