Del palacio arzobispal de Sevilla salió el lunes pasado un mensaje que al Gobierno le sonó a bofetón: «El Estado laico no debe ser perseguidor de la religión». El autor de la frase es el cardenal Carlos Amigo, un franciscano nacido en Medina de Rioseco (Valladolid) en 1934, paciente, experimentado y aperturista. Tachado a veces, […]
Entre sus predecesores figura el cardenal Pedro Segura, expulsado de España en 1931 por el Gobierno de la II República y soportado de mala gana por el dictador Francisco Franco pese a que éste había logrado que la jerarquía eclesiástica calificara de Cruzada su sangriento golpe de Estado del 18 de julio de 1936, bendijera la guerra incivil como una contienda de «los hijos de Dios contra los hijos de Caín», y participara activamente, durante 40 años, en el Estado nacionalcatólico y totalitario.
«Este señor, o es tonto o es santo», dijo del cardenal Segura un ministro desesperado. Segura es el autor de un sermón donde reflexionaba acerca del significado de la palabra caudillo como «capitán de ladrones». El cardenal estaba harto de las exigencias del caudillo Franco ante Roma durante la larga negociación del Concordato de 1953, que finalmente concluyó definiendo a la Iglesia católica como «una sociedad perfecta». Así se reflejó en el Boletín Oficial del Estado de 19 de octubre de ese año: «En el nombre de la Santísima Trinidad, la Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado estipular este Concordato». Aunque parezca increíble, el texto lo rubricó el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La actual jerarquía eclesiástica española (dos cardenales, 13 arzobispos, 51 obispos residenciales y siete prelados auxiliares) no cuenta entre sus filas con ningún cardenal Segura, ni el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es Manuel Azaña Díaz (18801940), líder del Ejecutivo de la República en 1931. Pero los vientos del conflicto entre los socialistas y el catolicismo oficial ya han llegado hasta Roma, como en la primavera de 1931 de la mano del cardenal Segura.
Esta vez el vocero ha sido un purpurado de la curia (gobierno) del Vaticano, Julián Herranz, presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. «Compartimos la seria preocupación de la Conferencia Episcopal Española porque el concepto democrático de laicidad del Estado, que es un concepto justo, se está transformando en España en otro concepto diferente, el de fundamentalismo laicista», dijo el cardenal durante una eucaristía celebrada en la basílica de San Agustín de Roma el pasado domingo por el cardenal Marcelo González Martín, recientemente fallecido.
«Compartimos el temor de que ese laicismo agresivo llegará a tener repercusiones muy negativas en sectores y valores fundamentales de la sociedad», remachó el representante vaticano después de enumerar las preocupaciones que le embargaban, las mismas que desde España reiteran como letanía los prelados de la Conferencia Episcopal: desastrosa educación religiosa de la juventud, destrozo del matrimonio y la familia, cultura hedonista y ruina espiritual del pueblo, secularización que olvida el más allá… «Falsos profetas que hablan de desarrollo personal y social, pero sólo en clave económica y consumista, porque son incapaces de atravesar el mezquino umbral de lo útil y lo efímero para llegar al verdadero crecimiento espiritual de la persona», clamó también el cardenal de la curia.
Falsos profetas
Si Herranz, de 74 años y miembro del Opus Dei, habló en Roma y en domingo de «falsos profetas», el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, de 51 años, calificó al día siguiente en Madrid, entrevistado por TVE, de «moneda falsa» y de «virus» alguno de los proyectos legislativos del Gobierno. Ese mismo día, por la tarde, el vicepresidente de la CEE y arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, de 74 años, enumeraba con contundencia, en la emisora de los obispos, COPE, el rosario de reproches, disgustos y desencuentros episcopales frente al poder socialista.
Sebastián, estrecho colaborador, hace 25 años, del reformador cardenal Vicente Enrique y Tarancón -éste lo tenía por uno de sus teólogos preferidos-, calificó de «desmesura» los cambios en la enseñanza de la religión no confesional anunciados ese día por el Ministerio de Educación, manifestó sus dudas sobre la legalidad de tal reforma al afectar a un convenio internacional entre España y el Estado de la Santa Sede -«por tanto, un acuerdo con rango de ley», precisó-, y lamentaba que la Iglesia tuviera que soportar estas nuevas zozobras pese al papel «pacificador y de consenso» que, según él, había ejercido la jerarquía en los agitados años de la transición de la dictadura a la democracia.
Otro peso pesado del episcopado, el arzobispo Antonio Cañizares, primado de Toledo y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, fue más lejos: las reformas pueden «vulnerar derechos constitucionales de los padres, ya que pretenden adoctrinar a sus hijos desde el Estado, y el Estado aconfesional no puede adoctrinar en un laicismo ni en ninguna ideología concreta». Cañizares se lamentó, además, de que «la Conferencia Episcopal no ha sido consultada ni informada, y se entera sencillamente por los medios de comunicación».
En la misma línea de severa crítica se han ido pronunciando a lo largo de la semana la gran mayoría de los prelados. Entre otros, el de Sigüenza-Guadalajara, José Sánchez, habló de reformas «absolutistas»; el de Jerez, Juan del Río, acusó al Gobierno de «tener fobia a la educación religiosa»; y los prelados de Segorbe-Castellón, Juan Antonio Reig, y de Mondoñedo-Ferrol, José Gea, hablaron de reformas que alientan la violencia doméstica y favorecen «la intervención de las mafias» y los matrimonios de conveniencia.
¿Hay motivos para tanto desasosiego episcopal? ¿Tiene el Gobierno lo que algunos obispos llaman «una hoja de ruta» para reforzar el laicismo y la aconfesionalidad del Estado y de la sociedad? El presidente Rodríguez Zapatero negó el martes que vaya a denunciar los acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 sobre los que se sustentan los privilegios y las milmillonarias ayudas económicas que España entrega a la Iglesia romana -para pagar sueldos a obispos y a casi 20.000 sacerdotes, salarios de 30.000 profesores de catolicismo y los de varios cientos de capellanes castrenses, penitenciarios y de los hospitales públicos, y para subvencionar los colegios religiosos concertados, además del mantenimiento de un paraíso fiscal casi completo.
Eso no se toca, ha dicho el jefe del Ejecutivo. Pese a que, desde hace años, numerosos dirigentes socialistas vienen reclamando esos cambios, denunciando incluso que los acuerdos con la Santa Sede son inconstitucionales, los socialistas no llevaron ese compromiso en el programa electoral que les aupó al Gobierno en marzo pasado. Pero sí prometieron, en cambio, las reformas que ahora se proponen llevar a cabo con gran disgusto eclesiástico: entre otras, la legalización del matrimonio entre homosexuales, la reforma educativa -paralizando, para empezar, las generosas concesiones que el Gobierno de José María Aznar había hecho en ese terreno a los obispos-, la modificación al alza de las leyes del divorcio y de despenalización del aborto, la investigación con embriones con fines terapéuticos e, incluso, la reforma de la financiación de la Iglesia católica mediante los dineros recaudados por el IRPF, que lleva 20 años de provisionalidad tras el rotundo fracaso del llamado impuesto religioso pactado por los obispos con el Gobierno de Felipe González en 1987.
Rodríguez Zapatero no quiso el martes pasado entrar en polémica con los obispos, pese a las severas críticas recibidas. «Reitero mi profundo respeto a la posición de la Iglesia, aunque sean muy críticos con el Gobierno. Por mi parte no va a haber reciprocidad; habrá respeto a lo que es un país democrático, en el que las leyes las dictan los parlamentarios, representando a los ciudadanos», dijo en una conferencia de prensa en La Moncloa. Pero también lanzó esta advertencia sobre la inevitabilidad de las reformas: «Los ciudadanos han votado un proyecto electoral y lo que el Gobierno llevará al Parlamento es estrictamente el contenido de lo que ha tenido el respaldo en las urnas».
Sorna gallega
Esta resolución reformista del presidente del Ejecutivo era bien conocida por la Conferencia Episcopal desde hace meses. El propio cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, la dio por imparable pocos días después de las elecciones, tras hablar por teléfono con el nuevo presidente del Gobierno «cierto tiempo y en un contexto de amabilidad clara», dijo entonces. Pero, con sorna gallega, el cardenal se mostró escéptico sobre posibles rectificaciones del gobernante, «después de la conversación y aun sabiendo que dentro de dos semanas celebramos la Pascua de la Resurrección de nuestro señor Jesucristo».
Efectivamente, el milagro del parón reformista no se ha producido y los obispos se enfrentan ahora a la presión de un sector de sus fieles, que les exigen una reacción fuerte y a pie de calle contra el Ejecutivo socialista, incluso con manifestaciones callejeras, como ya hicieron frente a los Gobiernos de Felipe González ante la primera ley despenalizadora del aborto y las reformas de la educación que introdujo la LODE en 1984.
Frente a esos radicalismos antigubernamentales se alzan numerosas voces de eclesiásticos relevantes que apelan a la prudencia y al diálogo, conscientes de la debilidad de la propia Iglesia católica y de la galopante pérdida de lo que los obispos llaman «herencia cristiana», que suponían hasta hace poco inamovible. Sólo el 5% de los jóvenes, incluso los que se declaran católicos, sigue la doctrina sexual católica, según el estudio Jóvenes 2000 y religión, de la Fundación Santa María. La jerarquía también se enfrenta a un sector no pequeño del catolicismo -miles de sacerdotes, iglesias de base y cientos de teólogos- que vota a la izquierda o asume que el Gobierno hace bien en no frenar reformas y avances reclamados por la ciudadanía desde hace años.
El dinero católico
«CON GOBIERNOS menos católicos, la Iglesia vive mejor», ironizaba el cardenal Tarancón en 1981, desesperado de ministros democristianos más papistas que el Papa en ofrecer privilegios para la Iglesia católica. La tesis de Tarancón era que «la Iglesia hizo demasiadas concesiones a Franco» y que lo pagó con el «distanciamiento del pueblo». El cardenal vivió una experiencia desagradable en el despacho del almirante Luis Carrero Blanco, segundón del dictador. Le había llamado para quejarse del comportamiento de algunos eclesiásticos y pasaba factura: 300.000 millones de pesetas. Ésa fue la cuenta que hacía el muy católico Carrero. Resultaba intolerable «que la jerarquía permitiese» que miles de curas se rebelasen ahora contra una dictadura que les había tratado a cuerpo de rey hasta sumar, sólo en dinero, esos 300.000 millones en sueldos, subvenciones y otras regalías. Ese «pasar factura» de Carrero le apenó tanto a Tarancón que mandó a Franco una carta de protesta. Supuso el cardenal que la dictadura también contabilizaba los gastos de construcción del Valle de los Caídos como fastuosa tumba del caudillo golpista.
Aquellas regalías del Estado para con la Iglesia romana no han cesado. Cada año, Hacienda entrega a la Conferencia Episcopal dinero para pagar los sueldos de los eclesiásticos (138,7 millones de euros en 2004). Además, el Estado paga los salarios de 30.000 docentes de catolicismo y de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios o penitenciarios, y libra miles de millones para subvenciones varias. La cifra no baja de 3.600 millones, entre todas las administraciones. El ministro Caldera ha dicho que algunas de esas prebendas «se tendrán que acabar». El plazo concluye en 2005. La Iglesia se comprometió en 1987 a autofinanciarse con el llamado impuesto religioso, pero la proverbial tacañería del católico español para con su iglesia hizo fracasar tales afanes. Tampoco con el Gobierno del PP los obispos lograron un acuerdo sobre nuevos mecanismos de financiación.
La enseñanza de la religión
LOS CUATRO ACUERDOS firmados el 3 de enero de 1979 entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado del Vaticano -sobre asuntos jurídicos, asuntos económicos, enseñanza y asuntos culturales, y sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos- terminaron con el Concordato de 1953, por el que la dictadura franquista otorgaba a la Iglesia romana «el carácter de sociedad perfecta» y le garantizaba «el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de jurisdicción». Pero los convenios negociados por el ministro de Asuntos Exteriores, el democristiano Marcelino Oreja, se habían fraguado en secreto y paralelamente a la elaboración de la Constitución, y fueron rechazados airadamente por los socialistas, que los consideraron un trágala del débil Gobierno suarista, además de tacharlos de preconstitucionales, e incluso de inconstitucionales.
Pronto se vio que la enseñanza religiosa en las escuelas iba a ser, de los cuatro pactos, el caballo para muchas batallas, incluso antes de la llegada de los socialistas al Gobierno, el 28 de octubre de 1982. Por el camino había quedado un intento de golpe de Estado ante el que la Conferencia Episcopal guardó silencio hasta conocer su fracaso, y las posiciones tibias de numerosos prelados ante la nueva Constitución -rechazada sin tapujos, por laica y atea, por el cardenal primado, Marcelo González Martín, y el obispo José Guerra Campos, entre otros muchos.
Los lógicos afanes catequistas de los prelados, que cada año seleccionan a sus profesores aunque después los contrate y los pague el Estado (unos 30.000 docentes, más de 720 millones de euros cada año), toparon además con un escollo imprevisto: el desprestigio eclesial por varios cientos de sentencias judiciales censurando el trato que numerosas diócesis dan a esos profesores, despedidos a veces por razones extravagantes (reclamar en la justicia sus derechos, ir a la huelga, irse de copas con los amigos, militar en partidos de izquierda o casarse con divorciados).
Aborto y divorcio ‘express’
LA IGLESIA CATÓLICA no ha escatimado execraciones contra la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el primer Gobierno socialista a mediados de 1983. Su tramitación parlamentaria fue traumática: Fraga, entonces líder opositor, comparó el proyecto con «el holocausto nuclear de Hiroshima»; el senador Agustín de la Sierra, ex alcalde de Villadiego (Burgos), llamó «criminales» a quienes la votaran, y Roma filtró que preparaba un decreto papal de excomunión. La anunciada reforma de aquella ley, para ampliarla ahora en el sentido que hace 20 años hubieran preferido sus autores, sin atreverse -una ley de plazos, es decir, sin necesidad de alegar motivos, siempre que se practique la interrupción dentro de un plazo determinado en ley-, causa irritación a los prelados, ya enfadados porque el anterior Gobierno, el del PP, ni siquiera se planteó derogarla. Peor: el 27 de abril de 2001, la Conferencia Episcopal emitió una durísima «nota» acusando al Ejecutivo de Aznar de permitir «abortos sin control y fuera de la ley» por permitir la comercialización de la llamada píldora del día después.
Otro tema de conflicto es la reforma de la ley del divorcio, que el Gobierno quiere hacer mucho más ágil. Divorcio express, dicen los críticos. En el tema, los obispos son reincidentes, y los socialistas se estrenan. La vigente ley se aprobó en la primavera de 1981 y le costó al ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, de la UCD y ya fallecido, el no poder presidir la procesión del Corpus en Toledo, como era suprema tradición. El cardenal primado de entonces, Marcelo González, le prohibió aparecer en la ceremonia por ser el autor de «una ley anticristiana». El caso fue escándalo nacional y se repitió dos años después con el ministro de Justicia promotor de la ley del aborto con el PSOE, Fernando Ledesma. El cardenal ni siquiera citó en su discurso la palabra aborto, y varios ministros que seguían la procesión desde un balcón se retiraron cuando el prelado pasaba por allí.
Las ‘subversiones’ del sexo
EL SEXO SIEMPRE pone nerviosa a la jerarquía católica, pese a haber sido un asunto desprovisto de importancia para los primeros cristianos -hasta que san Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV, introdujo el debate del celibato de los eclesiásticos-. Tampoco hay nada en los evangelios sobre la homosexualidad, aunque sí en tres epístolas de Pablo de Tarso, el auténtico secretario de organización del primer cristianismo, que incluyó a los sodomitas en una larga lista de delincuentes, precedidos por los «fornicadores» y seguidos de los «secuestradores». En esa línea, el obispo José Gea Escolano, de Mondoñedo-Ferrol, ha dicho ahora: «Un homosexual no es normal». Las organizaciones de gays y lesbianas, poderosas y bien coordinadas, replicaron que los prelados son homofóbicos y han respondido donde más duele a la jerarquía: escenificando con aparatosidad la salida del armario de sacerdotes en activo que confesaban públicamente su homosexualidad.
Los obispos dibujan una España sexualmente subversiva: abortos sin condiciones, amor libre, preservativos en venta en cada esquina, parejas de hecho, píldoras del día después… «La revolución sexual ha separado la sexualidad del matrimonio, de la procreación y del amor», opina la Conferencia Episcopal, que ve al español concreto como un «sujeto débil, arrastrado por los impulsos». La decisión gubernamental de legalizar los matrimonios entre homosexuales es, en efecto, una «subversión» para quienes, durante el franquismo, iban a los bailes para medir la distancia que debía mediar entre los ombligos del chico y de la chica.
La queja de los obispos, al enfrentarse a los proyectos del Gobierno socialista, es que también hay Gobiernos conservadores autonómicos legislando sobre algunas de estas cuestiones. Por eso, en febrero pasado, antes de que el PP perdiera las elecciones, los obispos publicaron un directorio sobre cómo enfrentarse a la «pérdida de la herencia cristiana» que refleja ese revolcón sexual
Memoria de otras disputas (1974-2004)
LA JERARQUÍA CATÓLICA se resiste a aceptar que ya no es un poder fáctico, como gustaba decirse años atrás, después de salir lo mejor que pudo de su estrecha colaboración con la dictadura franquista, en la que los prelados se sentaban en las Cortes y otros altos organismos del Estado. Visto en perspectiva, no hay Gobierno que se haya librado de polémicas con las autoridades eclesiásticas por asuntos que unas veces tenían que ver con la moral, y otras, con cuestiones más cercanas al poder terrenal: el clásico conflicto entre lo que es del César y lo que es de Dios. Lo de ahora frente a los proyectos reformistas del Gobierno del PSOE es, en consecuencia, una disputa más, incluso menor, en la historia de desencuentros entre poderes que se resisten a deslindar competencias.
Pero los apoyos o los desafectos no son nunca lineales. Franco tuvo que abrir una cárcel especial para curas en Zamora en los últimos años de su mandato y quiso expulsar de España a un obispo (Antonio Añoveros, de Bilbao), y el presidente José María Aznar, conservador y católico, se enfrentó con gran severidad -llegó a llamar inmorales a algunos prelados- cuando la jerarquía receló de su decisión de no dialogar con ETA y, mediante una pastoral de los cuatro obispos vascos, rechazó la ley de Partidos para ilegalizar a Batasuna. La disputa, acompañada de gran ruido mediático en la derecha, llevó al Gobierno del PP, a través de su ministro de Exteriores José Piqué, a llamar a consultas al nuncio del Vaticano en Madrid, arzobispo Manuel Monteiro de Castro, para expresarle los disgustos del Ejecutivo. Los Gobiernos de UCD, presididos por Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, y con numerosos ministros democristianos, registraron sobre todo el conflicto de la aprobación de la ley del Divorcio.
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