Dos ciudadanos de origen argelino que se encuentran actualmente detenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores han interpuesto nuevas denuncias por agresiones de la policía tras el intento de fuga que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre. Éstas se añaden a la queja ante la Defensoría del Pueblo que se […]
Dos ciudadanos de origen argelino que se encuentran actualmente detenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores han interpuesto nuevas denuncias por agresiones de la policía tras el intento de fuga que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre. Éstas se añaden a la queja ante la Defensoría del Pueblo que se presentó por el mismo motivo la semana pasada y que apuntaba a más de 10 heridos, a quienes se les tuvo que aplicar sutura en forma de grapas, por las lesiones que presentaban en la cabeza, fruto de la represalia de 3 agentes de policía, según declaran.
Las tres denuncias coinciden en la desproporción de la violencia que utilizaron los agentes para reprimir la huida de los internos, además de en las graves represalias, que sufrieron después, hubiesen participado o no del intento de fuga. Asimismo, los tres señalan que ninguno fue atendido en un centro hospitalario, tal y como reclamaban, y que la atención la recibieron en el CIE por parte del servicio médico que les aplicó puntos de sutura.
Ante la gravedad de estos hechos, desde la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE’s No, exigimos responsabilidades políticas urgentes por parte del Ministerio del Interior, organismo que gestiona estos espacios. «Es necesaria una actuación del Ministerio del Interior acorde con el Estado de Derecho que dice representar. No podemos consentir que se continúen vulnerando los derechos fundamentales de las personas internas en Zapadores. Cada vez que se denuncian agresiones por parte de la policía, inmediatamente después se expulsa a su países de origen a víctimas y testigos, lo que paraliza el proceso. En lo que va de año, hemos recogido más de treinta denuncias interpuestas por palizas, maltrato y humillaciones. El fomento del la impunidad desde el Gobierno es inadmisible.», ha asegurado Ana Fornés, portavoz de la plataforma que agrupa a más de 30 organizaciones sociales del tejido asociativo valenciano.
«Por todo ello -concluye Fornés- vamos a seguir exigiendo que se paralicen las expulsiones de víctimas y testigos, que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes en cada una de las denuncias, así como el cierre de estos espacios cuya mera existencia vulnera los Derechos Humanos».