Faltan pocas horas para que los partidos políticos que concurren a las elecciones catalanas del 21 de diciembre perfilen sus candidaturas y sus alianzas. Según los plazos establecidos en el artículo 44 de la Loreg, «los partidos que se presenten en coalición deben comunicarlo a la Junta Electoral competente en los diez días siguientes a […]
Faltan pocas horas para que los partidos políticos que concurren a las elecciones catalanas del 21 de diciembre perfilen sus candidaturas y sus alianzas. Según los plazos establecidos en el artículo 44 de la Loreg, «los partidos que se presenten en coalición deben comunicarlo a la Junta Electoral competente en los diez días siguientes a la convocatoria». Esto supone que el plazo para hacerlo vence el martes 7 de noviembre. Aunque todavía habría cierto margen para presentar «marcas blancas» que hicieran ganar tiempo para llegar a acuerdos entre partidos.
El sistema electoral catalán hace que las mayorías parlamentarias no siempre se correspondan con mayorías sociales, ya que los votos emitidos en zonas menos pobladas tienen más peso en el cómputo total que los que corresponden por ejemplo a Barcelona y su zona metropolitana. Esto además, favorece a las candidaturas mayoritarias, lo que puede suponer un incentivo para crear coaliciones de manera que se optimice la conversión de votos en escaños, siempre y cuando se tengan objetivos comunes o por lo menos «enemigos comunes» que compensen la renuncia de objetivos programáticos propios en aras de un interés común superior.
Cada vez cobra mayor fuerza la posibilidad de que las fuerzas independentistas concurran de manera unitaria a las elecciones del 21 de diciembre. Las encuestas que se publican estos días no reflejan una subida en votos de esos partidos, lo que los puede animar a buscar una coalición. Y estos resultados se dan a la vez que aumenta el porcentaje de catalanas y catalanes que se declaran partidarios de la independencia. Ese desfase puede tal vez explicarse por el malestar que en grandes capas de la sociedad catalana (previamente no partidarias a la independencia) ha supuesto la puesta en marcha del artículo 155 y sobre todo, la petición de cárcel de los miembros del Govern por parte del Fiscal General del estado. Como sabemos, esta petición ha dado pie a decisiones judiciales cuestionables, y en cualquier caso muy poco oportunas, que se han traducido en el encarcelamiento de parte del gobierno que llevaba las riendas de la Generalitat hasta la entrada en vigor de las medidas asociadas a la puesta en marcha del 155.
También existen llamadas para que las denominadas fuerzas constitucionalistas -donde por cierto muchas veces se excluyen o se autoexcluyen los Comunes- concurran de manera unitaria. Pero en este caso, ni los intereses ni los enemigos comunes parecen tan definidos. Además, se trata de partidos que bien ellos o sus aliados, tienen implantación en todo el territorio español, por lo que sus decisiones respecto a Catalunya pueden tener consecuencias electorales más allá de las elecciones catalanas. Una candidatura unitaria podría favorecer a algunos como a Ciudadanos e incluso al PP, y destrozar a otros como al PSOE-PSC, y por tanto a las posibilidades de alternancia política a la derecha en el conjunto de España. La decisión de los Comunes sobre posibles alianzas también puede tener consecuencias muy profundas para su partido y Podemos en el conjunto de España.
En este sentido, tal vez sería interesante recordar lo ocurrido en otro momento de profunda crisis política como fue la Transición española. Lo primero que quiero decir es que no son momentos comparables ya que entonces España vivía en dictadura y ahora no. Pero aún así no está de más mirar a esos años para darnos cuenta de que nunca sabemos cómo acaban los procesos políticos que se ponen en marcha, que no siempre las élites pueden controlarlos y que la correlación de fuerzas real, así como la existencia o no de apoyos internacionales, pueden condicionar los resultados finales cuando se camina por el filo de la navaja como ocurrió entonces, y desde mi modesta opinión, como también ocurre ahora.
El mismo día que la jueza Lamela envió a prisión a Oriol Junqueras y a siete exconsejeros de la Generalitat catalana, presentábamos en Madrid, el décimo volumen de la Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares, escrito por Xosé M. Nuñez Seixas, Javier Muñoz Soro y yo misma. «España en democracia, 1975-2011», era el volumen que quedaba para completar la cronología de la colección.
En este libro se realiza una mirada rigurosa de la transición y del periodo democrático analizando las luces y las sombras de estas décadas, teniendo en cuenta el contexto internacional, las coyunturas y la evolución de la economía, así como las correlaciones de fuerzas existentes en cada momento histórico. La transición se interpreta como un periodo extremadamente complejo, donde los intereses comunes de la variada oposición antifranquista fueron evolucionando desde la idea de ruptura (poco o nada probable dada la correlación de fuerzas existentes -el franquismo seguía controlando las fuerzas del orden público, las instituciones y el poder económico y financiero-), a la de reforma pactada que tenía mayores visos de triunfar y más apoyos internacionales. Donde el dilema República o Monarquía de los partidos y movimientos sociales de izquierdas, se sustituyó por el de Democracia o Dictadura. Se trató de una reforma pactada disfrazada de ruptura pactada.
Como escribe Nuñez Seixas, que firma los capítulos sobre la evolución política del periodo, durante la Transición nunca existió un plan atado y bien atado y su resultado, la Constitución del 78 y la puesta en marcha de un régimen democrático, no fue fruto de la generosidad del monarca, la apertura de miras de los reformistas franquistas, o de la capacidad de sacrificio y renuncia de la oposición democrática. Hubo mucho de improvisación, acuerdos circunstanciales y de adaptación a las circunstancias cambiantes. Se trató de «un pacto de élites, pero condicionado por las movilizaciones sociales, salpicado de sangre en diversos momentos, y que caminó más de una vez por el filo de la navaja». Y donde las relaciones personales, la concentración de las decisiones en las élites de los grupos y los partidos políticos condicionó enormemente el resultado que a pesar de todas sus desventajas, trajo a España (también a Catalunya) la democracia y un mayor bienestar para la población.
El momento actual es también muy complicado, y las decisiones que tomen las élites de los partidos políticos, incluso aquellos que consultan a sus bases, condicionarán el futuro de nuestra democracia y bienestar. Decisiones equivocadas pueden llevarnos a un triunfo de las opciones políticas conservadoras durante años o décadas. Los partidos de izquierda o centro-izquierda tienen que mirar muy bien con quién se presentan a las elecciones catalanas. No hay que olvidar que el debate identitario no es el central de las izquierdas y que como escribía Ignacio Escolar el otro día en este mismo diario, «la patria española siempre parte el espinazo de la izquierda por la mitad».
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Lina Gálvez Muñoz es Catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Es doctora por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y ha sido profesora de las universidades de Reading, Sevilla y Carlos III, y como profesora visitante de la Universidad de Oxford. Dirige el observatorio de igualdad GEP&DO y los masters universitarios en Género e Igualdad y el de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. Su investigación se ha centrado en el análisis de las desigualdades, especialmente las de género; el análisis de los tiempos y los trabajos en los mercados y las familias; así como los efectos de género de las crisis económicas y las políticas de austeridad.
Fuente: http://www.eldiario.es/autores/lina_galvez/