Con la disculpa de la crisis económica, se prepara una nueva agresión a la sanidad pública: la introducción del copago, una fórmula de financiación por la que los enfermos pagan una cantidad a cambio de algunos servicios. Dada su gravedad, esta medida podría ser tomada por los partidos mayoritarios mediante un acuerdo en el Pacto […]
Con la disculpa de la crisis económica, se prepara una nueva agresión a la sanidad pública: la introducción del copago, una fórmula de financiación por la que los enfermos pagan una cantidad a cambio de algunos servicios. Dada su gravedad, esta medida podría ser tomada por los partidos mayoritarios mediante un acuerdo en el Pacto de Estado sobre la salud que les permita aplicarla repartiéndose el desgaste político.
El copago consiste en volver a pagar por algo que ya hemos pagado, y se intenta justificar sobre una supuesta «insostenibilidad del sistema» provocada por el incremento del gasto y un supuesto abuso de los pacientes, lo que oculta que dedicamos más de un punto menos del PIB a la sanidad pública que la media de la UE-15. Podría concretarse en el cobro de una cantidad por acudir al centro de salud, al especialista o a urgencias, por cada día de ingreso hospitalario, por ciertas pruebas diagnósticas, por la comida, por acceder a prestaciones que el sistema público no ofrece, o con la retención de un porcentaje de los medicamentos en los pensionistas.
Con el objetivo de estar preparados ante el anuncio de esta medida, debemos subrayar que supone un ataque directo al salario social de la población. La sanidad no es gratis, ya la pagamos con nuestros impuestos, resultado de muchos años de lucha de los trabajadores.
Posibles efectos adversos
Por otra parte, el copago incrementaría la desigualdad. Diversos estudios demuestran sus efectos perversos. En los casos en los que se ha puesto en marcha (en casi toda la UE salvo en Dinamarca, Gran Bretaña, Polonia, Lituania, Grecia y España, que sólo tienen copago farmacéutico) no se ha demostrado que se haya contenido el gasto y sí que ha disminuido la equidad, lo que afecta a las personas con menos recursos, ancianos y enfermos crónicos. Incluso ha incrementado la utilización de las urgencias, las hospitalizaciones y la mortalidad. Persigue asimismo mercantilizar aún más la sanidad, para que mediante el pago de cantidades pretendidamente simbólicas, interioricemos que hay que pagar por la obtención de prestaciones sanitarias. Quieren convertir nuestra salud en una mercancía.
Por último, el copago clasificaría a la población según su nivel económico, primer paso para establecer un sistema de beneficencia para las rentas más bajas. Además, aunque se excluya del copago a los sectores de menor nivel de renta, aún sería enorme el número de ciudadanos que tendría serios problemas para poder acceder al sistema sanitario: en el Estado español un 63% de los trabajadores son ‘mileuristas’.
Del otro lado, el argumento más usado es que no hay dinero para sufragar la sanidad pública, pero se han inyectado más de 230.000 millones de euros al sistema financiero, mientras que la economía sumergida alcanza entre el 23% y el 25% del PIB (en la UE-15, entre el 10-12%). Cada año Hacienda deja de ingresar 90.000 millones de euros debido al fraude fiscal, mientras que en 2009 sólo se dedicaron a sanidad 63.238 millones.
Otro caso es la rebaja y/o eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, lo que supone una gran pérdida de ingresos, ya que en 2007 se ingresaron por él casi 3.000 millones de euros (el equivalente al gasto sanitario anual de Canarias). Al suprimir el Impuesto de Patrimonio se dejan de ingresar unos 2.100 millones de euros. Su restablecimiento sólo para los 47.614 contribuyentes que declaran un patrimonio individual superior a 1,5 millones de euros, supondría unos 1.240 millones de euros (similar al gasto sanitario anual de Extremadura).
Otra gestión posible
¿Cómo se pretende que los ciudadanos tengan confianza en el sistema fiscal si más de tres millones de empresarios y profesionales liberales declaran menos ingresos, IRPF, que la media de los asalariados? ¿Cómo es posible que los empresarios cobren menos de media que sus propios asalariados?
Es posible reducir gastos y dedicar el ahorro a actividades más necesarias y de mayor impacto sanitario, como los pacientes crónicos, las camas de media y larga estancia, la salud bucodental o la salud mental. Para ello habría que centralizar las compras de suministros y medicamentos, no financiar aquellos fármacos que no aportan ninguna ventaja sobre los existentes y son más caros, rescatar de manos de la industria farmacéutica la formación de los médicos, optimizar las instalaciones de diagnóstico, tratamiento y quirófanos en turnos de mañana y tarde (lo que disminuiría las listas de espera y las derivaciones a la privada), reducir el aparato burocrático de gestión y rescatar los centros sanitarios privatizados con el modelo ‘concesión’, cuyos contratos a 30-60 años son una auténtica bomba de relojería financiera para el sistema sanitario.*
Ángel Navarro pertenece a la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS)
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Pagar-por-lo-ya-pagado.html