En medio de una airada polémica entró en vigor en junio de 2002 la conocida como Ley de Partidos; una Ley orgánica que en su texto apuntaba tener como fin el evitar que un partido político pueda, «de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia […]
En medio de una airada polémica entró en vigor en junio de 2002 la conocida como Ley de Partidos; una Ley orgánica que en su texto apuntaba tener como fin el evitar que un partido político pueda, «de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas». La ley contó con un amplio respaldo en la Cámara, aunque no faltaron los partidos y organizaciones civiles que vieron en ella un instrumento creado exclusivamente para impedir a los representantes de determinadas ideas tener la posibilidad de participar en la vida democrática. Hasta la fecha, atendiendo a los partidos ilegalizados -todos (excepto uno) defensores del ideario abertzale– parecía que algo de razón podían tener los que apuntaban a la instrumentalización de esa Ley, ya que sobran los ejemplos de partidos ultraderechistas y xenófobos que siguen campando a sus anchas por el Estado. Sin embargo, se podría justificar que, hasta la fecha, estos partidos y su ideología no habían motivado alarma social. Pero eso se acabó hace unos días.
En el municipio de Vic, un partido ultraderechista campa a sus anchas y va ganado adeptos con su mensaje que atenta claramente contra los Derechos Humanos y la legislación española vigente, pero los aparatos del Estado no intervienen para aplicar la Ley de Partidos y meter a todos sus responsables entre rejas. Fruto de esa pasividad, a los partidos que integran el gobierno municipal, en lugar de acudir a las autoridades competentes para que procedan en esa línea, no se les ocurre otra cosa que amenazar con la toma de medidas también de carácter xenófobo, contrarias a las leyes españolas y que fomentan entre la ciudadanía el odio y la violencia contra los extranjeros. ¿Fueron expulsados estos políticos de CiU, PSC y ERC de sus partidos ipso facto? En absoluto. Ahí siguen. Lo único que ha sucedido al respecto es que la Abogacía del Estado ha dictaminado lo que se sabía: que la medida era ilegal. Y han lanzado una tímida rectificación. ¿Pero con eso hemos de contentarnos?
Resulta sencillamente repugnante -no puedo ser más fino- ver crecerse a políticos y periodistas de ultraderecha diciendo que la «propuesta» xenófoba del ayuntamiento de Vic ha servido «para abrir un debate que tarde o temprano iba a explotar». ¿Pero qué debate? Uno que enfrenta y pone al mismo nivel a los que respetan los Derechos Humanos y a los racistas y violentos. ¿Pero esto qué es? Ese debate no debería existir en una sociedad avanzada y civilizada, y menos en una que presume de crear armas legislativas para defenderse de ello. ¿No se creó la Ley de Partidos para ello? Pues que lo demuestren con hechos. Mano dura a los xenófobos. Y ya.
Un apunte. Todos los periodistas ultraconservadores que dicen que la situación en Vic y otros pueblos con tanta población inmigrante es insostenible, ¿por qué en sus alegatos xenófobos no se preguntan qué hay en esos pueblos para que estén interesados en acudir a ellos tantos inmigrantes no regularizados? La respuesta es bien sencilla, pero seguramente no es la que más les guste. Menuda gentuza.
Fuente: http://www.linformatiu.com/nc/opinio/detalle/articulo/para-esto-no-sirve/