Traducido para Rebelión por Susana Merino
En el terreno de la agricultura, la utilización libre y gratuita de las semillas será muy pronto solo un dulce recuerdo de los métodos campesinos de otros tiempos. Estas semillas llamadas «semillas de granja», eran entonces seleccionadas por los agricultores en sus propias cosechas y vueltas a plantar al año siguiente. Desde hace algunas décadas, está práctica ha desaparecido desde que las semillas se han protegidas por un Certificado de Obtención Vegetal (COV) o sea el derecho de propiedad de los «dueños» de la especie. Volver a sembrar esos granos se hallaba teóricamente prohibido. Pero esa costumbre, en los hechos, se toleraba ampliamente en Francia. Pero desde ahora estará reglamentada más estrictamente por un proyecto de ley de la UMP sancionado el 28 de noviembre por el Parlamento francés. «De unas 5.000 variedades de plantas cultivadas con fines comerciales, 1.600 se hallan protegidas por un COV y constituyen el 99% de las variedades cultivadas por los agricultores». explica Delphine Guey, del Grupo Nacional Interprofesional de Semillas (GNIS). Sin embargo hasta ahora, según la CNDSF (Coordinadora nacional para la defensa de las semillas de granja), alrededor de la mitad de los cereales cultivados eran vueltos a sembrar por los agricultores. Por lo tanto casi siempre de forma ilegal. Pero parece que el tiempo de la «incertidumbre jurídica» ha cambiado: para el Ministro de Agricultura Bruno Le Maire, «Las semillas no puede hallarse exentas de derechos, como sucede actualmente»
Lo que cambia
En efecto el proyecto de ley del Senador de UMP Christian Demuynck traslada un reglamento europeo de 1994 sobre la protección de las obtenciones vegetales hasta ahora sin vigor en Francia. En consecuencia, las semillas de granja, toleradas hasta ahora, se han legalizado… con la condición de que paguen una «remuneración a los titulares de las COV» -es decir a las empresas semilleras- «con el objeto de que se continúe con los esfuerzos dedicados a la investigación y que los recursos genéticos se sigan mejorando» dice el texto de la ley. Se exceptuará a los pequeños agricultores que produzcan menos de 92 toneladas de cereales. Desde 2001 este impuesto se aplicaba a una sola especie: el trigo candeal. Se llamaba «contribución voluntaria necesaria» y era recaudado por la asociación de semilleros. El agricultor debe pagar 50 céntimos por tonelada de trigo en el momento de realizar su cosecha. Este sistema se extendería ahora a 21 especies de una lista abierta, asegura Xavier Beulin, presidente de la FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de los Productores agrícolas) en la web del sindicato. En suma, para Guy Kastler, delegado general de la Red de Semillas Campesinas y miembro de la Confederación Campesina «para la mitad de las especies cultivadas -soja, frutas, legumbres…- está prohibido reutilizar los granos propios y para la otra mitad -cereales y plantas forrajeras- hay que pagar para volver a sembrarlas».
¿Hacia una privatización de las semillas?
Varias asociaciones ecologistas y campesinas temen una mayor intervención del sector semillero en el acceso a las semillas a través de un derecho de propiedad que se ampliará a las cosechas y a los granos derivados. Con este impuesto «incluso los agricultores que usan semillas comerciales deben pagar por sus semillas», deplora Guy Kastler. El militante teme que la porción de semillas de granja se reduzca a medida que estas últimas se encarezcan y por lo tanto serán menos atractivas para el agricultor. Entre el impuesto y la prohibición de volver a sembrar las propias semillas, el agricultor se halla cada vez más impulsado, no ya a producir sino a comprar sus semillas. De allí que se tema un crecimiento de la dependencia de las empresas semilleras. Pero desde el punto de vista de Xavier Beulin, la contribución de todos a la investigación de las especies cultivadas se justifica, dado que generalmente estas se han originado en las semillas granjeras. Haciendo un paralelo con la ley Hadopi que tiende a «proteger a los creadores» de películas y de música, el presidente de la FNSEA estima qu es «normal que (quienes utilizan las semillas granjeras) participen también del financiamiento de la creación varietal, puesto que son sus beneficiarios». Con un argumento opuesto, el Sindicato de Coordinación Rural plantea en su web que Xavier Beulin no solo se halla a la cabeza del primer sindicato agrícola sino que también dirige el grupo Sofiproteol «que participa en la mayor parte de los grupos semilleros franceses (Euralis Semences, Limagrain…)»
¿Hacia una pérdida de la biodiversidad?
Otro temor: el impacto de esta medida sobre la biodiversidad agrícola. Ciertamente, cosechar una misma variedad -casi siembre surgida de la investigación- no acrecienta, a priori, la biodiversidad. Debido a que «en los grandes cultivos ninguna de las variedades que se utilizan es el fruto de una conservación ancestral; todas han sido desarrollladas gracias a la creación varietal», subraya Xavier Beulin. Sin embargo volver a sembrar de su cosecha puede ocasionar variaciones en la especie y favorecer la biodiversidad, sugiere Guy Kastler. «Aparecen nuevas características que permiten a la planta adpatarse mejor al suelo, al clima, a las condiciones locales. De modo que entonces es posible reducir el uso de fertilizantes y pesticidas. A la inversa, los productores de semillas adaptan las plantas a los fertilizantes y a los pesticidas, que en todas partes son los mismos- De modo que tienden más bien a crear uniformidad en las plantas, donde fueren cultivadas».
Hacia el régimen de patentes
La COV en Fancia es una alternativa a la patente de los seres vivos, en vigor por ejemplo en los EE.UU. Ese derecho de propiedad intelectual es obtenido por las empresas que por medio de la investigación ayan obtenido especies cultivadas y que gozan del monopolio de la venta de las semillas de dichas especies antes de que lleguen al dominio público -como es el caso en Francia de alrededor de 450 especies-. Algunos como Guy Kastler temen que esto conducirá al régimen de patentes limitando el derecho de los agricultores a usar libremente las semillas protegidas. De todas maneras, a diferencia del COV, la ley de patentes prohíbe completamente a los agricultores sembrar semillas de su propia cosecha, con o sin indemnización, según Delphine Guey. Es el caso de las variedades OGM de la empresa estadounidense Monsanto, que según Marie-Monique Robin en el documental «El mundo según Monsanto«, ha creado una «policía de semillas» especializada en el acoso de los agricultores que siembran o intercambian ilegalmente los granos que cosechan. La otra diferencia con las patentes es que la COV permite a los dueños utilizar libremente una variedad protegida para aprovechar sus recursos genéticos y hacer nuevas selecciones De este modo trabajar sobre un gen de una especie no permite patentarlo y por lo tanto de apropiarse totalmente de él. Una diferenciación que ha permitido, según Delphine Guey, preservar a una diversidad de empresas semilleras francesas. Y por lo tanto dejar a los productores una más amplia variedad de especies a su elección. No obstante, si la patente de las especies vivas no es admisible en Francia, la patente de los genes de las plantas sí, y se practica cada vez más.
rCR