En un artículo aparecido en la revista digital Sin Permiso y en este sitio web, Albert Corominas y Vera Sacristán, ambos profesores universitarios, invitan a una intervención a través de análisis serios en defensa de la Universidad como servicio público. Los que escribimos este artículo no somos profesores ni estudiantes universitarios pero como ciudadanos de […]
En un artículo aparecido en la revista digital Sin Permiso y en este sitio web, Albert Corominas y Vera Sacristán, ambos profesores universitarios, invitan a una intervención a través de análisis serios en defensa de la Universidad como servicio público.
Los que escribimos este artículo no somos profesores ni estudiantes universitarios pero como ciudadanos de izquierdas queremos hacer nuestra pequeña aportación al debate. Somos un sociólogo y un profesor de secundaria, no pertenecemos a la misma generación y nuestra formación, también distinta, se ha dado en Universidades diferentes. Pero aún así hemos llegado a unas conclusiones comunes, que hemos contrastado con Jordi Roca Jusmet, que sí es profesor universitario y a quién le agradecemos su interesante aportación crítica.
Pensamos, de entrada, que la funcionalidad no es una noción que debamos dejar al capitalismo. La diferencia entre razón instrumental y razón crítica es acertada según el contenido que demos a los términos. Pero la razón crítica cuestiona a partir de un criterio y si hablamos de bienes o servicios sociales está bien preguntarse por la función que cumplen en la sociedad, ya que lo que nosotros defendemos no es una Universidad sin función sino que ésta sea pública y no esté al servicio de intereses privados.
A partir del Plan de Bolonia se ha iniciado por parte del movimiento estudiantil contestatario un debate interesante. Debate que nuestras autoridades, que prefieren súbditos sumisos a ciudadanos críticos, no han planteado en ningún momento. La diversidad de opiniones nos ha llevado, como siempre, a las preguntas más simples porque son las más radicales.
Desde la izquierda criticamos que la Universidad se someta a la lógica del mercado capitalista. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿A qué se tiene que someter la política universitaria?¿Cuál es la función que le asignamos desde la izquierda a la Universidad? Realmente no tenemos una respuesta a esta pregunta pero sí nos gustaría compartir una serie de reflexiones, ya que es uno de los tantos temas que hemos de pensar en lugar de recurrir a los tópicos que a veces tan bien nos van.
Desde nuestro punto de vista la Universidad no tiene como función formar ciudadanos críticos aunque debe dar una formación crítica. Esto quiere decir que ni es el objetivo de la Universidad formar ciudadanos críticos ni hay que pretender que para ser un ciudadano crítico hay que pasar por la Universidad.
La razón es doble. La primera es que no todo el mundo quiere ir a la Universidad porque no toda la gente tiene inquietudes teóricas. La Universidad, y ésta es su función, debe formar científicos y técnicos de alta cualificación. Debe hacerlo con un nivel de exigencia y con sistemas de evaluación selectivos porque la titulación ha de tener un valor que permita a la persona desarrollar el trabajo que la anterior le posibilite. Es decir, que hay que tener plenas garantías que un médico, un sociólogo, un maestro, un arquitecto o un biólogo tenga la suficiente preparación para ejercer la práctica social que su titulación le permite. Respecto a las llamadas Humanidades lo mismo, porque también la titulación posibilita determinados ejercicios, sean la docencia, la investigación o otra opción posible.
La segunda razón es que la ESO, como educación obligatoria, es la que debe garantizar las competencias básicas para ser un ciudadano crítico sin pasar por el Bachillerato ni por la Universidad. Porque tampoco, y por la misma razón anterior, todo el mundo debe hacer Bachillerato ya que no todo el mundo quiere hacerlo. No sobrevaloremos ni el Bachillerato ni la Universidad, por favor, porque no es en las instituciones académicas donde debe desarrollarse de manera exclusiva la formación crítica y cultural de la persona. Hay que potenciar redes culturales no académicas donde informarse y formarse políticamente. A través de centros culturales de barrio, de bibliotecas públicas, de redes informáticas y por supuesto de una televisión que debería ser digna en este sentido e intentar formar y no degradar culturalmente a los espectadores. Y está la vida, claro. ¿O es que los intelectuales universitarios de izquierdas nos creemos más críticos y más cultos porque hemos estudiado? Los ciudadanos de izquierdas podemos ser profesores y debemos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, colaborando en una formación crítica, pero nunca podemos defender un elitismo académico. Sabemos que el racismo no es hoy biológico sino cultural y ésta puede ser una de sus formas.
Los árboles no deben impedirnos ver el bosque. La justa crítica al llamado Proceso de Bolonia no puede distraer nuestra atención sobre la necesidad de la reforma en la Universidad. Leyendo algunos de los comentarios más críticos con Bolonia se intuye que, tras su aplicación, la Universidad perdería su actual nivel de «excelencia». Suponemos que más de un titulado universitario habrá esbozado una sonrisa al leer esto. Porque soslaya que a pesar de que muchos profesores cumplen magníficamente con sus obligaciones docentes e investigadoras (no siempre fáciles de compaginar), también son frecuentes otras realidades: la de los departamentos con permanentes con conflictos internos, la de algunos profesores sin interés por la enseñanza, la cantidad de horas de tutoría que no se cumplen, las clases descargadas en los becarios; el elitismo y la altanería de muchos profesores y el carácter casi feudal que adquieren a veces las relaciones en la Universidad.
Insistimos, la metodología docente y la organización de la Universidad, así como los fundamentos pedagógicos que están en su base, deben cambiar. Muchos de los criterios educativos impulsados por Bolonia tienen su origen en formulaciones de pedagogos críticos y de izquierdas. Cosa bien diferente es que estas ideas se deformen y desfiguren para ser puestas al servicio de la mercantilización y la competitividad, aunque también sea cierto que hay mucha retórica vacía en los métodos pedagógicos que se exigen desde Bolonia a los profesores y de los que éstos están bastante hartos, como la multiplicación de informes inútiles. Ahí es donde debe entrar la crítica : reclamando su sentido original, democrático y participativo. En cualquier caso no creemos que a estas alturas la política educativa que deba defender la izquierda haya de basarse exclusivamente en el modelo tradicional de la «lección magistral» de un profesor omnipotente y sabio a los alumnos que escuchan pasivamente. La buena clase magistral es necesaria pero debe complementarse con un trabajo posterior del alumno, que nunca lo reduzca a un papel puramente pasivo. Cabe preguntarse ¿No estará el movimiento de Bolonia adquiriendo un carácter defensivo y dejando de lado a muchas personas que creen firmemente en la necesidad de cambiar la Universidad española?
Por otro lado hay que recordar que la Universidad debe plantear su oferta procurando atender tanto a las demandas de los estudiantes como a las de la sociedad. Los poderes públicos son los que conocen esta doble demanda y han de tenerlas en cuenta de una manera equilibrada. Pero lo que exige la sociedad no es lo que exige el mercado. Unos poderes públicos de izquierdas no deben someterse a la lógica del capitalismo, que es la del mercado, pero sí hacia lo que exige la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades laborales tanto privadas como sobre todo públicas. Si hacen falta médicos, profesores, informáticos hay que aumentar las plazas. No queremos decir que haya que formar líderes porque las multinacionales necesiten puestos directivos e intermedios para sus empresas. Son las empresas las que deben subordinarse a las necesidades sociales y no al revés.
Tampoco sobran universitarios, como a veces se dice. Un número elevado de universitarios supone una enorme riqueza (económica, cultural, política), un recurso tremendo para la sociedad. Lo que hace falta es un tejido productivo fuerte que les dé trabajo, estabilidad y posibilidades para explotar al máximo su potencial. Por el contrario, actualmente en España nos encontramos con un porcentaje elevadísimo de universitarios que languidecen en trabajos poco o nada relacionados con su formación, mientras otros que sí trabajan de lo que han estudiado lo hacen en condiciones de precariedad laboral y bajos salarios, no en pocas ocasiones en la propia Universidad, por cierto. En resumidas cuentas, el debate sobre la reforma de la Universidad no es ajeno a la reforma de la propia sociedad, a qué queremos. No obstante, el mundo académico tiende a cerrarse y a dar la espalda a esta realidad mucho más de lo que sería deseable.
Por otro lado no es sostenible socialmente mantener facultades con muy pocos alumnos pequeñas para cubrir una exigencia de proximidad o facultades con pocos alumnos, lo que dispara los costes públicos de dichas titulaciones. Estas demandas se deben tener en cuenta buscando una salida racional que no necesariamente ha de pasar por construir más facultades y universidades, hasta una por provincia en España. Puede fomentarse, por ejemplo, la concentración en unas pocas facultades de alto nivel, ayudando al desplazamiento de los alumnos que vivan lejos de las mismas con becas, subvenciones a la vivienda y al transporte. Saldría mucho más barato y probablemente daría mejores resultados que el actual modelo, Además, el intercambio y la diversidad que producirían estas medidas ensancharía la perspectiva de alumnos y profesores, y enriquecería la vida cultural de las ciudades universitarias (como ya se observa, por ejemplo, en Salamanca y Granada).
Una última cuestión. La Universidad pública ha de ser de calidad, exigente tanto con los profesores como con los estudiantes. En la Universidad deben caber todos aquellos que tengan el deseo de formarse en una línea específica para después revertir en la sociedad lo que ha aprendido. En ningún caso la selección debe ser económica. Esto quiere decir que cualquier estudiante aceptable (no excepcional) que no tenga recursos para costearse los estudios (que por otra parte no pueden ser demasiados caros) debe disponer de una beca. Aunque en una sociedad clasista no haya igualdad de oportunidades la Universidad debe poner todos los medios por conseguirla en la medida que sea posible.