«La situación de la mujer campesina e indígena en Paraguay se caracteriza por la pobreza y la marginación. Los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres del campo se acentúan con la violencia estructural en sus aspectos económicos, sociales y políticos», dijo Julia Franco, secretaria de relaciones de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de […]
«La situación de la mujer campesina e indígena en Paraguay se caracteriza por la pobreza y la marginación. Los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres del campo se acentúan con la violencia estructural en sus aspectos económicos, sociales y políticos», dijo Julia Franco, secretaria de relaciones de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI).
En entrevista realizada vía correo electrónico, Franco señaló que «la vida de las mujeres campesinas e indígenas está marcada por el trabajo intenso y el cuidado de los hijos, pero la atención a su salud es casi nula, el acceso a la educación escaso y además existe la falta de tierra y de créditos de apoyo a emprendimientos propiamente de mujeres para paliar la situación económica. Esto hace sentir a las mujeres en condiciones de inferioridad y de dependencia».
La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay es una herramienta de lucha para defender los intereses de la clase trabajadora y configura una respuesta a los modelos de producción apoyados en el monocultivo.
Es una organización de género y clase, constituida en octubre de l999 e integrada por organizaciones de mujeres campesinas e indigenas, abierta a mujeres sin tierra, asalariadas, estudiantes, artesanas y del sector popular, dado que se crean y amplian espacios de participación de acuerdo a las necesidades.
La CONAMURI se considera autónoma y dinámica, con independencia de partidos políticos o religiones. Busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres e incorporar la cosmovisión y el respeto hacia los pueblos indígenas, como así también lograr la igualdad entre varones y mujeres.
Este moviento de mujeres propone el desarrollo de la medicina alternativa y prioriza la priorizacion la educación para el sector campesino.
Franco acuso al Estado, al que caracteriza de represor, de ser el responsable de la situación de marginalidad a la que se ven sometidas las mujeres idígenas y campesinas.
«La presencia del Estado en el campo se da bajo la forma de violencia, porque está ausente para garantizar derechos y servicios para una vida digna, y solamente se hace presente de manera represiva. Rige el concepto errado de que la presencia del Estado se resuelve con un destacamento policial o militar, o incluso con una capilla. El Estado debería estar proteger a las personas y garantizar sus derechos. La seguridad es malentendida por el Estado como el resguardo de latifundios e intereses de grupos del poder económico», señaló la dirrigente social paraguaya.
En ese sentido, Franco sostuvo que «la represión forma parte de la vida cotidiana de las mujeres y de las comunidades porque el miedo constante se instala en los propios hogares. Niñas y niños ven como los agentes del Estado queman sus ranchos, roban o destruyen sus enseres, golpean a sus madres, padres o hermanos. Para las adolescentes y mujeres la represión se convierte en violencia de género: amenazan a las madres y las extorsionan para que entreguen a sus hijas como botín sexual o abusan verbalmente de ellas. Además, cuando el padre o alguien de la familia está preso o perseguido por la policía, son las mujeres la que deben asumir toda la responsabilidad y reciben el mayor impacto de todo lo que ocurre en su familia, en su organización y en su comunidad».
En enero de 2003, CONAMURI comenzó a denunciar las graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana que acarrean los cultivos transgénicos y la utilización indiscriminada de agrotóxicos en varias regiones del país, especialmente en Itapúa. En ese lugar falleció un niño de once años, Silvino Talavera, por intoxicación con glifosato y paraquat, los dos herbicidas utilizados en los sojales transgénicos.
«Nuestra campaña, que incluyó paneles, debate, movilizaciones y denuncias nacionales e internacionales a través de la prensa, dio a conocer a la ciudadanía las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales del modelo de producción agrícola industrial de monocultivos destinados a la exportación, que en Paraguay se centra en la producción de soja transgénica», dijo Franco.
Luego de un intenso trabajo y venciendo campañas difamatorias, junto con la Plenaria Popular Permanente y el Frente por la Vida y la Soberanía y el apoyo de ONGS solidarias, los empresarios culpables de la muerte de Silvino Talavera fueron juzgados y condenados en primera instancia por homicidio culposo. Sin embargo, la condena fue apelada y la nueva sentencia favoreció a los condenados. Actualmente el caso está en la Corte Suprema de Justicia.
En Paraguay, los cultivos de soja transgénica comenzaron en 1999 – 2000, justamente en el departamento de Itapúa, luego fue penetrando en otras regiones, como Alto Paraná y Kanendiyu, Caaguazú, Guairá, San Pedro y Alto Paraguay. Actualmente, cubre el 95 por ciento de la superficie cultivable del país.
«Actualmente, en Paraguay, la lucha indígena y campesina aglutina a un amplio espectro de entidades sociales, a sectores de la iglesia católica y a organizaciones políticas de izquierda. La clase empresarial agrícola, importadora y exportadora, sumada a los poderes del Estado y a la vieja oligarquía, están cubriendo el territorio nacional con sojales transgénicos. Por ello, la criminalización de la lucha social (represiones, desalojos, persecuciones) se vuelve cada vez más aguda. Ya se registró un gran número de muertos, heridos y presos (entre hombres y mujeres). La criminalización de las luchas y de las reivindicaciones involucra a las Fuerzas Armadas, para debilitar y destruir las iniciativas populares», destaco Franco.
El aumento y la reconversión de los latifundios, la extranjerización de la tierra, la emigración y la expulsión de la población campesina, las graves consecuencias ambientales y para la salud humana del modelo agroexportador y la amenaza a la soberanía alimentaría son todos temas preocupantes en un país donde la población rural representa al 46 por ciento del total
Franco representa a la comunidad Toba Qom, del departamento Presidente Hayes. «Nuestro problema es la falta de tierra. Nos dicen que la tierra donde vivimos no es nuestra y hace 10 años que estamos solicitando que nos sean reconocidas en propiedad. Sin embargo, hasta ahora el estado se ha burlado de nosotras». Somos las olvidadas de las políticas del Estado, por eso nos organizamos como pueblos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos y poder alcanzar una vida como merecen todos los seres humanos», enfatizó Julia Franco.