«En el pasado, la Shell trabajó aquí y casi todos nosotros morimos por las enfermedades, […]. Sabemos que si otra compañía viene a trabajar aquí, destruirá nuestros ríos y nuestras tierras. Los ríos serán contaminados, los peces morirán y los animales escaparán. Ministro, queremos preguntarle qué vamos a comer cuando los ríos estén muertos y […]
«En el pasado, la Shell trabajó aquí y casi todos nosotros morimos por las enfermedades, […]. Sabemos que si otra compañía viene a trabajar aquí, destruirá nuestros ríos y nuestras tierras. Los ríos serán contaminados, los peces morirán y los animales escaparán. Ministro, queremos preguntarle qué vamos a comer cuando los ríos estén muertos y los animales hayan escapado. […] No queremos que las compañías vengan a trabajar aquí, queremos agua limpia y una vida tranquila y pacífica.»
Delegación del pueblo indígena Nahua ante el gobierno peruano, tomado de un comunicado de prensa de Amazon Watch de noviembre de 2003.
El proyecto de extracción de gas Camisea en Perú es actualmente el proyecto más perjudicial de la cuenca del Amazonas. Ubicado en el remoto valle Urubamba en la región sudeste de la Amazonía peruana, este proyecto de US$ 1,6 mil millones de dólares incluye dos gasoductos que van hasta la costa peruana atravesando una «zona crítica» de biodiversidad del Amazonas considerada por los ecologistas como el «último lugar de la tierra» que se podría perforar para extraer combustibles fósiles. Casi el 75% de las operaciones de extracción de gas están ubicadas en una reserva estatal para pueblos indígenas -que viven con escaso o ningún contacto con el mundo exterior- que han sido contactados a la fuerza por los consorcios de Camisea, lo que constituye una violación de sus derechos reconocidos a nivel internacional. Este gasoducto también atraviesa uno de los bosques tropicales más prístinos del mundo, hogar de los pueblos indígenas Nahua, Kirineri, Nanti, Machiguenga y Yine. Se está construyendo una planta procesadora de gas en la costa peruana dentro de la zona de amortiguación de una reserva marina de importancia internacional.
Las dos grandes compañías estadounidenses involucradas en este proyecto son Halliburton y Hunt Oil, ambas vinculadas desde hace mucho tiempo con la administración Bush- Cheney. En la fase final del proyecto, Halliburton piensa construir una planta procesadora de gas, y la compañía Hunt Oil con sede en Texas, construirá una planta para licuar gas natural que exportará a EE..UU. La mitad del gas producido por el proyecto Camisea se enviará a EE.UU. para abastecer los mercados de energía de la costa oeste. Esta inundación de gas barato podría debilitar las iniciativas de energía renovable del estado de California.
El otorgamiento de la concesión para este proyecto fue un requisito previo para que Perú pudiera recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional en la década de 1990. Ahora el proyecto está avanzando aceleradamente para cumplir con su fecha límite de finalización programada para agosto de 2004. Encabezadas por la argentina PlusPetrol, compañías sin experiencia y con antecedentes ambientales deficientes han seguido adelante con la construcción, sin demostrar ni voluntad ni capacidad para evitar los graves impactos ambientales y sociales que afectan actualmente a toda la población local. La supervisión del gobierno es débil, y los organismos financiadores del proyecto parecen no tener ni capacidad ni ganas de poner en práctica las normas internacionales necesarias para detener la devastación.
Críticas a Camisea
En lo que constituyó una gran de la campaña, el Banco Estadounidense de Exportaciones e Importaciones (Ex-Im Bank) se rehusó a financiar el proyecto en agosto de 2003, siendo la primera vez que el Directorio del Ex-Im Bank rechazó un proyecto por razones ambientales. Sin embargo, pocos días después, el proyecto obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a pesar de que no cumple con las exigencias de las normas internacionales, que prohíben el ingreso en tierras de pueblos indígenas no contactados y exigen eliminar la terminal de exportación propuesta en la zona de la Reserva marina de Paracas protegida por la Convención de Ramsar.
La negativa del Export-Import Bank y de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (Overseas Private Investment Corporation – OPIC) de financiar el proyecto Camisea y el reciente retiro de Citigroup como asesor financiero, configuran nuevos síntomas de que el proyecto representa serios riesgos financieros, ambientales y sociales. Ya existen informes de que el proyecto ha causado erosión y contaminación masiva y que en su implementación se han utilizado tácticas para generar divisiones en las comunidades. El experto ambiental internacional Dr. Robert Goodland ha sugerido llevar adelante una investigación sobre las acusaciones que afirman que el contacto iniciado por el proyecto está afectando negativamente a los grupos indígenas aislados, que carecen de inmunidad ante enfermedades respiratorias y gastrointestinales comunes.
Más información:
Amigos de la Tierra Internacional
http://www.foei.org/esp/publications/link/mining/16.html