Con el retorno a la prisión de más consejeros/as, la ex-presidenta del Parlamento y la activación de las órdenes internacionales de extradición contra Puigdemont y contra los y las consejeras que están en el exilio, el Estado ha subido un escalón más en la escalada represiva. Esta ofensiva, contra los dirigentes independentistas, es la punta […]
Con el retorno a la prisión de más consejeros/as, la ex-presidenta del Parlamento y la activación de las órdenes internacionales de extradición contra Puigdemont y contra los y las consejeras que están en el exilio, el Estado ha subido un escalón más en la escalada represiva. Esta ofensiva, contra los dirigentes independentistas, es la punta del iceberg del macro proceso contra bomberos, profesorado, payasos, mecánicos, concejales… Es el aparato del Estado que se ensaña contra todo el pueblo que se rebeló el 1 y el 3 de octubre. Al mismo tiempo, el Estado ha suspendido la ley catalana de la sanidad universal, que daba una mínima cobertura sanitaria a los sin papeles. La ofensiva se da en todos los frentes.
La colaboración de la Unión Europea (UE) y sus estados con la represión demuestra un vez más que es un club de estados y de multinacionales y que los pueblos y la clase trabajadora no pueden esperar nada, más allá de las contradicciones que podamos generar entre unos y otros. Los mismos que hunden en la miseria al pueblo griego son quienes niegan el derecho del pueblo catalán a su autodeterminación nacional.
Con esta situación, es un error creer que el problema es constituir un Gobierno, aunque sea autonomista, para frenar el 155. Porque el problema no se limita al 155: el Estado ha creado los instrumentos para tener atadas las instituciones, con la intervención de las finanzas y la amenaza permanente del golpe policial y judicial. Las autonomías tal como las hemos conocido son cosa del pasado. El Estado Autonómico de la constitución del 78 ha entrado definitivamente en quiebra y se profundiza la crisis de la Monarquía.
Apoyamos la posición manifestada por la CUP-CC de investir Puigdemont, que fue el presidente cesado por el 155, porque supone un acto de soberanía ante las prohibiciones del Estado que niegan los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Esta decisión no tiene que implicar ningún compromiso con la política que pueda desarrollar el Gobierno catalán ni tiene que condicionar la nuestra. Se tiene que seguir denunciando públicamente la dilación y los reiterados acatamientos a la legalidad del Estado de JxC y ERC.
Cada paso atrás no frena la escalada represiva, al contrario lo estimula porque el Estado no busca un acuerdo sino una derrota histórica del independentismo para salvar la Monarquía, y a la vez, completar un largo proceso de recentralización que empezó en 1982 con la LOAPA aprobada por UCD y el PSOE y continuó con Aznar. Por eso son nefastas las continúas vacilaciones y dudas que ha generado la dirección política de PDeCAT (o JXC) y ERC. Lo fueron cuando no se proclamó la República el 3 de octubre, en el mejor de los escenarios posibles, la huelga general. Lo fueron el 10 de octubre con la proclamación suspendida, y lo fueron después del 27 de octubre con lo entrega de las instituciones al 155 sin resistencia y sin llamamiento a la movilización. Lo fueron con las declaraciones ante el juez negando la efectividad de la proclamación de la república catalana… renuncias que no han servido para sacarlos de la prisión, pero que han provocado desconcierto, desgaste y decepción.
La clave de la situación pasa por recuperar la movilización contra la represión y por la República catalana. Nos hace falta un plan de lucha con nuevas convocatorias de huelga general, un plan debatido desde abajo. Y para hacerlo posible hemos de impulsar, desde los Comités en Defensa de la República y desde la plataforma del sindicalismo alternativo y de las organizaciones políticas que convocaron la huelga general del 3 de octubre, una asamblea amplia de los dos organismos para aprobar el plan y la huelga general.
Necesitamos convocatorias para impulsar la participación amplia y masiva, no acciones de unos pocos que alejen a la mayoría. Hay que ensanchar la base, pero no retrocediendo hacia un autonomismo inexistente, sino conectando la ruptura republicana con la satisfacción de las necesidades sociales de una mayoría obrera. La lucha por la República la ganaremos si la identificamos con unas pensiones dignas o con las reivindicaciones del día de la mujer trabajadora, contra los recortes y la precariedad, contra los despidos y en defensa de las condiciones de trabajo… porque es por eso que también queremos República. Hay que estar junto a los y de las trabajadoras de la restauración, del Lote 22, que luchan en huelga indefinida en el aeropuerto de Barcelona contra el desmantelamiento de las conquistas que quiere imponer AENA, como hay que estar con los y las trabajadoras de las Càrnies en lluita en Vic (Barcelona) . Pero este compromiso hacia la clase obrera no lo puede hacer quién ha gobernado Cataluña con recortes en la escuela y la sanidad pública de los gobiernos de CiU o JXS con ERC. Hay que hacerlo desde la izquierda independentista y la izquierda revolucionaria, desde la CUP-CC. Necesitamos construir un sólido referente de izquierdas por la República Catalana, desde el internacionalismo y la solidaridad de clase.
Con esta actitud comprometida con las clases populares, hay que denunciar Ciutadans en el cinturón industrial ante un sector de la clase obrera que los votó, porque detrás de la bandera monárquica quieren ocultar que son un instrumento del Ibex 35 y de las políticas para atacar las clases populares, que son también las del PP, como el incremento del 0’25% de las pensiones. Son quienes ha pactado con el PP unos presupuestos para imponer nuevos recortes: reducir por debajo del 4% del PIB el dinero por educación y del 6% los de sanidad, todo un récord. Con el 155 en activo, se han blindado los más de 1.000 millones en los conciertos educativos, pero no se hace ninguna inversión para mejorar la enseñanza pública.
La lucha por la República la ganaremos si intentamos por todos los medios que no quede aislada y si hacemos de la solidaridad con el resto de pueblos del Estado e internacional una constante. Ha habido movilizaciones de apoyo en las Baleares, el País Valenciano, el País Vasco, Galicia, Madrid y en muchos países. Hay que ampliar la campaña de solidaridad a todo el estado y a nivel internacional: desde With Catalonia se hace un llamamiento a la movilización el fin de semana del 14 y 15 de abril. Es responsabilidad de Podemos, que se escandaliza de lo que hacen los jueces y el gobierno del PP, hacer un llamamiento a llevarla solidaridad a la calle. Como lo es también de las direcciones de CCOO y UGT que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la represión del estado si hicieran un llamamiento en solidaridad con el pueblo y los y las trabajadoras catalanas. Por eso hay que seguir trabajando en el marco de las Marchas de la Dignidad, que nacieron para defender «pan, trabajo y dignidad» y que han defendido el derecho de autodeterminación y el referéndum del 1 de octubre. La lucha por la República Catalana es la lucha contra el régimen del 78 que oprime todos los pueblos y trabajadores/as del estado.
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