Paremos la represión también contra los cargos electos

Rajoy ha vuelto a asumir y rinde cuentas al Congreso como nuevo presidente, después de un año de negarse a hacerlo. A pesar de hablar de diálogo, sigue imponiendo todo lo que puede: deja sin efectos las reválidas però mantiene aspectos para entrar a la universidad y se opone al primer paso para parar la LOMCE en las Cortes; impone a Fernández Díaz, ex ministro de interior pillado intentando construir casos contra dirigentes independentistas, como secretario de una comisión de las Cortes, aunque no de la que quería… y en el tema catalán, mientras habla de diálogo y pone sobre la mesa un nuevo sistema de financiación, presiona al aparato judicial. Si puede vencer el «café para todos» del duque de Suárez, que ahora agitan sus barones, quizás hubiera podido ser suficiente hace unos años con aquello del «peix al cove» -equivalente a pájaro en mano- de Pujol, però ahora no lo es. Porque además lo acompaña de la intensificación de la represión que tensa al extremo el choque con el proceso catalán. Más de 400 cargos electos, parlamentarios, alcaldes y regidores están a la espera que se empiecen diligencias judiciales. La respuesta de 80.000-100.000 personas en la calle el 13 de noviembre contra la ofensiva represiva del Estado, tira del otro lado: es la primera manifestación masiva contra la criminalización que impulsan el estado y el gobierno.

El margen de maniobra para un acuerdo político en el marco de la unidad del estado es mínimo, y el tiempo pasa hacia el plazo fijado de junio-septiembre de 2017 en que se ha comprometido el gobierno para hacer el referéndum que abra las puertas a la declaración de independencia y la República catalana.

En el País Vasco el acuerdo PNV-PSE habla de la reforma del estatuto de autonomía, pero esta es una pantalla ya pasada que difícilmente puede encajar con el movimiento de masas existente hoy en Catalunya. Puigdemont dice referéndum o referéndum, pero esto no entra hoy en los planes de Rajoy ni de la Monarquía y por tradición la burguesía catalana siempre ha acabado los enfrentamientos cediendo al estado a cambio de alguna contrapartida.

La política que pretenden impulsar Puigdemont-Junqueras es inviable, sea porque esperan que el estado acabe cediendo a un referéndum negociado cómo dice CSQEP, sea contando con que será la comunidad internacional quién impondrá el acuerdo. Salvando todas las distancias, es como el cuento que vendió Syriza al pueblo griego, creyendo que por repetirlo y repetirlo su deseo de una salida negociada se impondría, cuando Merkel, la UE y el FMI le decían por activa y por pasiva que no habría negociación como pedía Tsipras. La realidad acabó imponiéndose y entonces el gobierno de turno tuvo que optar entre achantar la cabeza y traicionar al pueblo o romper con las imposiciones. Lo mismo acabará pasando con la dirección del proceso, pero también con partidos políticos, patronales y sindicatos. Y aquí si es importante la política que tenga el gobierno Puigdemont-Junqueras y el resto de la superestructura, la clave para que unos y otras vayan más allá de sus voluntades políticas, la determinará la capacidad del movimiento.

Noviembre ha tensado al máximo la situación. La primera detención de un cargo electo, la alcaldesa de Berga Montse Venturós, la primera semana y la imputación en firme de Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, la segunda. La massiva movilización del 13N como máximo exponente de las que se han sucedido estos días, es la respuesta.

De hecho, toda la tensión que organiza el gobierno con las judicializaciones masivas de los partidarios del proceso son un aviso a los catalanes, pero no sólo. Son el peldaño político que le faltaba a esta escalada represiva del estado. Esta empezó contra el movimiento sindical a las huelgas generales, siguió contra los escraches de la PAH, las movilizaciones sociales en el Congreso, todo atado y bien atado con la Ley Mordaza. El proceso vasco en su día siguió similar camino, aunque mucho más duro por la radicalidad del movimiento abertzale: primero fue la Ley Antiterrorista en el 85, y pronto el concepto se aplicó por todo el estado; después la Ley de Partidos que aún hoy elimina listas y organizaciones en Euskadi, pero incluso, salpica a una CiU que la votó. Ahora también, si pasan impunemente las detenciones y judicialización de la cuestión política catalana, pronto se generalizará al resto del estado. No es sólo un tema de solidaridad el que tendría que empujar a las fuerzas de izquierda y organizaciones populares a posicionarse contra esta criminalización, sino una cuestión democrática y de propia autodefensa, porque si el estado avanza y se fortalece, lo sufriremos en todas partes.

Volviendo a Catalunya, la primera detención, la de Montse Venturós, refleja además de la escalada represiva de la Corona, cómo se posiciona el Gobierno catalán facilitando y justificando que la detención la haga su cuerpo de seguridad, los Mossos. Es a esta dualidad de la lucha a la que, necesariamente, se deben dar inequívocas respuestas.

Igual que no se pueden dar excusas para que las banderas de los partidos de izquierda no estén presentes el 13N enfrentando el estado -a pesar de que estén las cabezas de los Gobiernos de los recortes como Mas, Ortega, Homs o Rigau-; así también, no se puede callar cuando son estas «víctimas» las que desde el gobierno catalán ejecutan las órdenes del estado -el mismo argumento que utilizaba Saura cuando enviaba los Mossos a detener a Núria Pórtulas-, porque en este caso, son cómplices. Una cosa no sirve para tapar la otra, sino que termina resultando incomprensible para todo el mundo.

La detención de Venturós por los Mossos ya tenía que haber parado la negociación de presupuestos – como hizo correctamente la CUP-CC cuando los Mossos detuvieron anarquistas bajo las órdenes de la Audiencia Nacional, el octubre pasado-, hasta que el Gobierno garantizara que no se volvería a repetir con ninguna de las previsibles detenciones que hay por delante. Pero si esto era grave, se remacha el clavo cuando se acepta el chantaje de que no habrá referéndum si no se da luz verde a unos presupuestos que parten de la obediencia de Junqueras al tope de déficit que marca Montoro. No se puede callar cuando la política del Estado la aplica el Gobierno catalán, sea Junqueras o los Mossos. Pero no sólo. Aceptar los techos de ingresos, gastos y déficit -lo que representa no hacer una enmienda a la totalidad y dejar que se debatan en el Parlament- es aceptar, de entrada que Junqueras haya escamoteado 358,4 millones de euros de «superávit» del 2016 a los ingresos. Es decir, aceptar que haya priorizado pagar más deuda que ponerlos al servicio del gasto social, obedeciendo otra vez a la ley de estabilidad presupuestaria española. En lugar de no pagar la deuda, ¡damos por bueno que se pague más!. Y es también aceptar que cuanta más deuda se paga, más se debe -ahora ya estamos en el 35,3% del PIB- y más dependemos del gobierno estatal porque 7 de cada 10 euros de deuda se le deben al estado. Tampoco en esto nos ha ayudado la UE, al contrario de las expectativas de JxS: en julio, el BCE que abrió la puerta a comprar deuda pública de CCAA, no aceptó hacerlo con la de la Generalitat.

Por último, aceptar el paso a trámite es aceptar un techo de ingresos que tampoco contempla nada sustancial que haga pagar más a quienes más tienen… y esto no en obediencia a Madrid ni a Bruselas, sino como sumisión a la burguesía catalana. Porque el Gobierno de JxS sigue siendo consecuente en los hechos en ni romper con el estado ni traicionar a su clase. Como siempre, en los temas económicos se acaban las palabras.

Por eso: seguiremos estando donde toque para enfrentar un estado que se fortalece si damos un solo paso atrás, pero seguiremos diciendo firmemente NO a un gobierno que se somete a él y a los intereses de su clase. Y tanto para enfrentar al primero como al segundo, lo haremos como lo hemos venido haciendo, saliendo a la calle, porque sólo la movilización garantizará el referéndum y la República Catalana, igual que sólo ella parará las privatizaciones y revertirá recortes.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.