La belicosidad de la ‘derechona’, las tensiones en torno al tema de los presos vascos, los recientes episodios de kale borroka, las discutidas intervenciones judiciales y la falta de avances públicos son datos para dudar de la salud del proceso de paz. Quizás falte el decidido impulso a dicha negociación de los movimientos sociales del […]
La belicosidad de la ‘derechona’, las tensiones en torno al tema de los presos vascos, los recientes episodios de kale borroka, las discutidas intervenciones judiciales y la falta de avances públicos son datos para dudar de la salud del proceso de paz. Quizás falte el decidido impulso a dicha negociación de los movimientos sociales del Estado español. Impulso que necesita un diagnóstico común. Abrimos nuestras páginas para ayudar a elaborarlo.
El doble reto planteado en el título trasciende el ámbito territorial vasco y constituye uno de los momentos decisivos del devenir político e institucional del Estado español. Aunque el «proceso de paz» cuenta con las simpatías de la gran mayoría de las gentes de izquierdas y alternativas de este Estado, creo que no hay una conciencia nítida de lo que está en juego para todos y todas las que apostamos por un modelo social e institucional más justo, solidario y democrático.
El proceso ahora
La tregua declarada por ETA en marzo de este año y el anuncio de Zapatero de dar una oportunidad a la paz con el consiguiente aval del Congreso para el inicio condicionado del diálogo es el comienzo de un camino incierto que gravita entre la abierta oposición de una derecha cada vez más extrema y la incertidumbre derivada de la inexistencia de una hoja de ruta contrastada o al menos reconocida por las dos partes. Esta nueva situación política se precipita como consecuencia de la declaración que Batasuna hizo en Anoeta hace dos años y de las conversaciones que han venido manteniendo durante estos últimos años personas de la órbita socialista y de la izquierda abertzale mayoritaria (expresada políticamente en Batasuna). A partir de aquí se establece el vector central de lo que será el proceso de diálogo: una mesa de paz entre el Gobierno y ETA y otra de normalización entre todos los partidos vascos, y una indefinición de todos los demás elementos asociados, incluida la gestión de los tiempos.
La gestión del proceso ha estado marcada en primer lugar por el control que sobre el mismo está ejerciendo el Gobierno de Zapatero que dirige y planifica el proceso según un cálculo de rentabilidad política muy afinado, olvidando el carácter multilateral (o al menos bilateral) del proceso. Este esquema lleva implícito el peligro de que la otra parte se sienta engañada si no ve avances tangibles y que se sienta soliviantada si lo único que vive es una presión incesante en su contra, tal y como se percibe con la no resolución de la ilegalización o la reciente orden de inventariar algunas Herrikos (sedes oficiosas de Batasuna).
Por otra parte, el PP ejerce una oposición frontal al proceso, de forma que el Gobierno no dispone de una libertad total para ir acometiendo aquellas reformas y ajustes imprescindibles para apuntalar este proceso; si bien es cierto que la utilización de esta oposición como excusa es una baza para la inmovilidad. La ‘brunete mediática y judicial’ afín al PP está jugando un papel decisivo en la obstaculización del proceso.
La trayectoria inicial del proceso no puede ser más errática y peligrosa por parte del Gobierno socialista. No hay una hoja de ruta clara si no es la que le interesa al Gobierno de forma particular, ni una voluntad expresa de dar un espaldarazo al proceso con algunas señales que pueden ayudar a distender la situación y que son fácilmente realizables (acercar a los presos). Tampoco el Gobierno socialista da garantías de que Batasuna pueda abrazar la legalidad sin interferencias judiciales permanentes. Esta situación dificulta la puesta en marcha de la mesa de normalización.
En el otro lado, hay señales que recuerdan al momento anterior de la ruptura de la tregua en la época del acuerdo de Lizarra. La reaparición de la kale borroka sin que Batasuna se desmarque (en primavera Batasuna se desmarcó de los primeros brotes tras la tregua) y el inoportuno robo de pistolas en Nimes… dan cuenta de que la organización armada sigue ejerciendo el liderazgo del proceso en la esfera de la izquierda abertzale mayoritaria. El último comunicado (3 de noviembre) abunda en esa dirección de tutelaje, incluida la mesa política. Esta dinámica de presión al PSOE y al Gobierno socialista no puede ser más estéril ya que no hace sino aumentar la tensión, dar excusas al PSOE y sobre todo a la derecha reaccionaria para no avanzar y atacar al proceso, respectivamente, y rearma el discurso de la izquierda abertzale mayoritaria vaciando de contenido los principios de Anoeta: ETA da muestras de desconfianza hacia Batasuna y sigue sin asumir de manera efectiva la existencia de dos carriles y su nulo papel en la mesa de normalización política.
La salida de la encrucijada actual es incierta. No sabemos si ha habido preacuerdo entre las dos partes como asegura la organización armada con la rotunda negativa socialista. El Gobierno central necesita llevar el proceso a buen puerto para afianzar su proyecto en la sociedad, dotarlo de credibilidad y llegar a 2008 con un balance positivo también en materia ‘antiterrorista’. Pero, quiere llegar ahí partiendo de la convicción de que el Estado ha derrotado a ETA y «su entorno» y gestionando el proceso en esa clave sin generosidad ni audacia. A su vez, Batasuna necesita insertarse en la acción política legal y normalizada para no perder influencia social y política.
La correlación de fuerzas en este momento es más desfavorable para las fuerzas soberanistas y la propia izquierda abertzale. Ahora bien, la izquierda abertzale mayoritaria no puede presentar a sus bases un proceso vacío de contenido político porque sería admitir su derrota ante el Estado. Es aquí donde se plantean las dificultades actuales. Mientras el PSOE y el PNV no ven conveniente vincular las dos mesas, la izquierda abertzale mayoritaria lo considera una condición para no presentar un resultado vacío en un plazo razonablemente corto.
Un laberinto difícil
La única salida es una gestión abierta, generosa y prudente. La sociedad vasca no admite una vuelta atrás ni una salida en falso «a la catalana». El Gobierno socialista, pero también ETA, tienen que hacer sus ‘deberes’ y de manera urgente: el carril de la pacificación no admite más retrasos y la responsabilidad recae en el Gobierno. El carril de la normalización tiene que ponerse en marcha para blindar el proceso y evitar su deterioro. La clave es una gestión flexible, garantista y con dosis de confianza mutua. Es deseable que este proceso permita dar una salida política definitiva al problema identitario de Euskal Herria con el derecho a decidir como eje central de la misma. El Estado tiene que democratizar su proyecto y asumir el hecho diferencial nacional. Pero para ello hay que acumular fuerzas y ganar voluntades tanto dentro como fuera de Euskal Herria. Y eso requiere de una dinámica de medio plazo en la que confluyan todos los sectores soberanistas y arrastren a un PNV dubitante. La tentación de rentabilizar políticamente el proceso y buscar resultados a corto plazo por parte de la izquierda abertzale mayoritaria puede ser una hipoteca para desencadenar una dinámica de estas características. Y podría precipitar la ruptura del proceso mismo.
No podemos permitir que esta oportunidad de paz y profundización democrática del Estado sea malograda. Hay demasiado en juego como para no desinhibirnos y esperar sentados.
* Mikel Zurbano es Profesor de la UPV-EHU y militante de Aralar