La nueva ley impulsa con dinero público unos planes privados de pensiones de empresa y unos fondos de pensiones con gestión privada que llegarán de la mano de los convenios colectivos sectoriales.
Quizás debería poner distancia, ver esto en un contexto más amplio, desde otra perspectiva. Pero no puedo. Defiendo los sistemas públicos que la sociedad, el Estado, ofrece a todas las personas, hombres y mujeres, tengan el estamento social o económico que tengan, para que puedan acceder a servicios básicos del Estado del Bienestar de calidad. Hablo de enseñanza, de sanidad, de servicios sociales, de vivienda ….. y de pensiones. Es un parteaguas, una línea que divide dos formas de entender la sociedad y la POLÍTICA (con mayúsculas).
Se ha visto como, despacio pero inexorablemente, los sistemas públicos del estado del bienestar, que en España tuvieron un gran desarrollo en los años 80 y 90 del siglo pasado, van deshaciéndose como azucarillos en las agitadas aguas del sistema más codicioso y avaricioso del capital: el neoliberalismo. “Aquí no se salva ni dios, le asesinaron”, que diría el poeta vasco Blas de Otero. Me quedaba la esperanza que, tras la pandemia de COVID-19, se hubiera aprendido que el sistema público de salud nos había salvado, mientras que, la inmensa privatización, en su titularidad o gestión, de las residencias para personas de edad avanzada y dependientes, nos había llevado al desastre criminal de abandonar a su suerte a las personas que no podían valerse por sí mismas.
Lejos de haber aprendido la lección de que lo público nos salva y lo privado nos margina y nos hunde en la miseria, parece ser que las políticas privatizadoras, impulsadas por partidos políticos (prácticamente todos del arco parlamentario al menos) y refrendadas por los sindicatos mayoritarios, que deberían ser la guía de la lucha por la defensa de los derechos sociales, se van alzando con su victoria, con mi derrota. Algo de lo que estaba advertido y que veía venir. La colaboración mixta público-privada hace estragos: enseñanza concertada, la sanidad con las mutuas, seguros médicos, hospitales privados…. Y ahora, las pensiones privadas. Es lo “moderno”, lo que se lleva.
Me voy a referir a la ley 12/2022 de regulación del impulso de los planes privados de pensiones de empresa, aprobado por el Gobierno y los partidos de “izquierda” que lo apoyan, y al 5º acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado el 10 de mayo de 2023 por sindicatos mayoritarios y las organizaciones patronales del empresariado. Por un lado, la ley impulsa con dinero público unos planes privados de pensiones de empresa y unos fondos de pensiones con gestión privada que llegarán de la mano de los convenios colectivos sectoriales y que abren la puerta a la privatización de la Seguridad Social. Unos planes y fondos sin garantía del Estado y detrayendo recursos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
Por otro, cuando pensaba que UGT y CCOO, sindicatos de clase y con una notable historia de lucha del movimiento obrero español, se opondrían a estos planes de pensiones, resulta que en ese acuerdo firmado, en el capítulo 6, apartado 4, dice que: «planteamos fomentar en los convenios colectivos los Planes (privados) de Pensiones de Empleo (Empresa), en su caso, a través de Entidades de Previsión Social Empresarial (EPSE) (Fondos de pensiones privados), como medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento de las pensiones públicas”.
Una “medida de ahorro” que sólo se lo pueden permitir quienes tiene un empleo fijo y bien remunerado. Unas pensiones públicas que todo parece indicar que van a ir disminuyendo, hasta llegar a ser de beneficencia o pobreza y por lo tanto, a obligar a todo el mundo a contratar planes privados de pensiones para mayor beneficio de empresas -reducen sus cuotas empresariales a la Seguridad Social y desgravan un 10% del impuesto de sus beneficios- y un manantial de dinero fresco para unos fondos de pensiones y fondos de inversión que están a la deriva desde hace años, agravados por lo sucedido con la quiebra de Silicon Valley Bank que arrastró a otros bancos y sus respectivos fondos de pensiones en Estados Unidos y en Europa. Además hemos de recordar el rescate reciente que el gobierno inglés tuvo que hacer a sus fondos de pensiones el pasado mes de octubre con 65.000 millones de libras esterlinas.
Por si esto fuera poco, en ese acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, en el capítulo 4º, dice: “se potenciarán desde los convenios fórmulas de jubilación gradual y flexible para facilitar el tránsito desde la vida activa al retiro laboral”. Un eufemismo para decirnos que hay que seguir trabajando después de la edad de jubilación. Conocemos los minijobs en Alemania, las personas mayores en Estados Unidos trabajando en las cajas de los supermercados, etc. Y tienen la caradura de decirnos que es por nuestro bien y para facilitar la entrada de gente joven al trabajo, “un instrumento adecuado para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas,” dicen. Cuando quienes ya llevamos muchos años trabajando y somos mayores debemos dejar nuestros puestos de trabajo a la gente joven.
Mientras que en Francia amplios sectores sociales se han levantado contra la ley de Macron por alargar la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, en España las organizaciones políticas de “izquierda” y sindicales de mayor representación, no han dicho nada cuando la edad legal en nuestro país va pasando de 65 a 67 años, paulatinamente, hasta el 2027. Una de las medidas que más inciden en recortar las pensiones públicas.
En resumen, estoy ante una perspectiva bastante negra, con pocos referentes en cuanto a los ideales de defensa, mejora y refuerzo de lo público. Porque pienso que quien tiene dinero para llevar a sus hijos e hijas a colegios y universidades privadas, a ser atendidos y atendidas en clínicas privadas, vivir en residencias privadas, o suscribir planes de pensiones privados, es muy libre de hacerlo, pero no con el parasitismo de financiar lo privado con dinero público, el dinero de todas las personas que contribuimos con nuestros impuestos y que se debería emplear en potenciar los servicios públicos y de gestión pública.
Hace cientos de años, en la República de Ragusa, en el Dubrovnic croata actual, a la entrada del palacio del Rector (Presidente) se colocó una lápida que aún se puede ver: “obliti privatorum, publica curate”. “Olvida lo privado y encárgate de lo público”. Pues eso.
Manuel Colinas Salas es miembro de la Coordinadora de León por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pensiones/pensiones-cronica-una-derrota-anunciada