Es muy posible que tal y como viene siendo notorio en los últimos tiempos, continúen produciéndose acontecimientos en la desatinada confrontación que en las instancias judiciales se está escenificando entre el poder ejecutivo español y el movimiento social, cultural y político vasco, desarrollado en el entorno de la izquierda abertzale. En contra del turbio discurso […]
Es muy posible que tal y como viene siendo notorio en los últimos tiempos, continúen produciéndose acontecimientos en la desatinada confrontación que en las instancias judiciales se está escenificando entre el poder ejecutivo español y el movimiento social, cultural y político vasco, desarrollado en el entorno de la izquierda abertzale.
En contra del turbio discurso oficialista, describiendo de forma reiterada e interesada, distorsionando la verdad, encasillándola en la totalitaria soflama del «todo vale», lo que consiguen con la supuesta y equívoca defensa del Estado de Derecho, es confundir a la sociedad, además de situar a los juristas en una tesis que en nada favorece la credibilidad del sistema democrático.
Todo esto que conforma una realidad extremadamente grave, no debiera hacer perder de vista la importancia de lo que está en juego en la Audiencia Nacional española, que no es sino la posición institucional del poder judicial en el esquema del Estado de Derecho y el respeto no formal sino sustancial de los derechos constitucionales de los procesados.
El problema, que no es de ahora, y gracias a la presidencia del jurado está adquiriendo unos tintes esperpénticos, que en nada favorecen la credibilidad de las instituciones ante la opinión pública y contribuyen de manera más que notable, a la deslegitimación del Poder Judicial, haciéndole aparecer como dócil marioneta de otras instancias de poder.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero mantiene la ruta represiva marcada por Aznar, máxime con el permanente incumplimiento de los derechos inherentes a los presos vascos. Todo se encubre bajo el manto de la reiteradamente violada Constitución. Tanto se recurre a ella, que hoy es ya una expresión retórica, convertida de hecho en una coartada legitimadora del sistema de poder.
Estamos viviendo tiempos de alejamiento entre el derecho y la justicia, tiempos en que se está recuperando la vieja orientación doctrinal para la que el derecho positivo, es también justo. Y esto no es otra cosa que proteger posiciones totalitarias.
Para muchos de los actuales juristas no hay leyes justas o injustas, sólo hay leyes. Leyes que proceden de un poder legislativo, sin entrar a considerar si el poder es derivado o no, de la voluntad soberana de un aprendiz de dictador.
Analizando las circunstancias, no sólo especiales también anómalas, que los observadores de diferente procedencia constatan en el desarrollo del «juicio 18/98», me hace recordar que el derecho no sólo está históricamente relacionado con el poder, sino que también es poder. Porque, ¿quién o quienes crean derecho en la sociedad? Simplemente quienes tienen poder para crearlo, por tanto, no parece exagerado afirmar que el derecho es poder.
Esta limpia reflexión nos conduce a afirmar que quienes «crean derecho», son y han sido siempre las clases dominantes. Si a esto añadimos cuáles son los intereses que pretenden proteger, unidos a las gravísimas aseveraciones y pronunciamientos públicos de la elite jurista, llegaremos a la raíz; la historia del derecho y la del poder político, no sólo tienen una clara y evidente conexión, son en la práctica co-protagonistas de una misma historia.
En tiempos del franquismo, salvo alguna honrosa y rara excepción, no puede decirse que los jueces hubieran mostrado una actitud de oposición o rechazo al sistema dictatorial del poder. Se refugiaron en una aséptica apoliticidad, cuando no conformidad, basada en el positivismo legalista, siendo ajenos totalmente a la realidad que se vivía en la sociedad. Exactamente igual que los juristas que «actúan» hoy en la Audiencia Nacional española. Lo que hace pensar que, o son nostálgicos del pasado o personifican un «guerrillerismo judicial» que ejercita una creación libre del derecho.
Hoy sin duda estamos contemplando la invasión por el poder judicial, de zonas de actuación que debieran serle ajenas, puesto que está asumiendo la solución de conflictos que deben ser tratados en otras instancias.
Se puede reconducir la situación y ubicar en sus justos parámetros esta inacabable tragedia. El firmante de este pequeño trabajo está firmemente convencido de que ha llegado la hora de la verdad. Que ya no sirve cumplir con el expediente limitándose a ser espectadores, ni siquiera apuntadores, ha llegado el momento de actuar, de que suban a escena los actores.
Es ahora cuando debemos programar el futuro y no prolongar egoísta, errónea e indefinidamente un periodo de transición. La transición ha finalizado su curso y debe dar paso a una nueva realidad compartida.
La historia nos muestra que no es lineal, pero no lo es porque no puede serlo, puesto que es un proceso, y por tanto evolución. Pero tampoco actúa a saltos. Los cambios, incluso los más o menos revolucionarios, también los más acelerados, ni se producen de la noche a la mañana, ni arrasan todo residuo del pasado. Es cierto.
Hay épocas de transición a lo largo de las cuales se prepara el cambio cualitativo de una realidad a otra, y luego, al comienzo de la nueva realidad, hay un periodo de adaptación y construcción de las instituciones propias, pues estas no desplazan tampoco a las viejas de un día a otro.
Estamos preparados para establecer períodos que tengan en cuenta la aparición de una nueva realidad y la quiebra de la anterior. También para respetar y hacer que se respete, ya que cada parcela de la nueva realidad tiene un específico ritmo de cambio, y por tanto será imprescindible periodificar el nuevo curso de la historia.
Estamos obligados a no defraudar a quienes, tras tantísimos años de transición, miran por fin al futuro con esperanza, convencidos para participar en aquello que se les requiera.
Tenemos un pueblo dispuesto y preparado para ejercer sus derechos. Que quiere pronunciarse y decidir por sí mismo. Que exige sea respetada su democrática decisión, libremente expresada. Hay mucho trabajo y responsabilidad, no conviene perder el juicio.
* Josu Iraeta – Ex diputado de Herri Batasuna