Reivindican el reparto del trabajo y la riqueza, una vida digna… Y la renta básica. Cerca de 150 personas participaron el 28 de septiembre en una concentración frente a la sede de las Cortes Valencianas convocadas por la Asamblea de Colectivos y Personas por una Renta Básica en el País Valencià. Se agruparon en torno […]
Reivindican el reparto del trabajo y la riqueza, una vida digna… Y la renta básica. Cerca de 150 personas participaron el 28 de septiembre en una concentración frente a la sede de las Cortes Valencianas convocadas por la Asamblea de Colectivos y Personas por una Renta Básica en el País Valencià. Se agruparon en torno a dos pancartas: «¡Mai esclaves, Treball digne! Renda básica Ja!» y otra del colectivo Sillas contra el Hambre: «¡Ningún parado sin prestación!» Sin apenas presencia policial uniformada, a partir de las 18,30 horas comenzaron a gritar consignas como «Violencia es no llegar a fin de mes», «El próximo parado que sea un diputado», «No queremos caridad sino justicia social» o «No somos pobres, nos empobrecen». Algunos motivos de la protesta los dio la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, el pasado 23 de junio, cuando tras la reunión semanal del ejecutivo reconoció que más de 70.000 hogares en el País Valenciano no tienen a ningún perceptor de ingresos; que más de 1,6 millones de personas (el 32,9% de la población valenciana) se hallan en riesgo de pobreza o exclusión social y que la cifra sitúa al País Valenciano 3,3 puntos por encima de la media española.
En una octavilla repartida durante la concentración la Asamblea resumía, en apenas tres líneas, su propuesta; una renta básica que sea «suficiente», «individual» e «incondicional»; y que no incurra en el «asistencialismo y la caridad». Uno de los activistas detalla que éste sería un primer paso para resolver las «urgencias». El cálculo se realizaría a partir de los indicadores del umbral de la pobreza: «estamos pidiendo 700 euros, una cantidad que te permita vivir con dignidad, de ahí no nos bajamos». La única condición que debería cumplirse ante la Administración es ser mayor de 18 años y estar inscrito en los servicios públicos de empleo.
Óscar Cusano, migrante argentino de 59 años, participa en el acto reivindicativo. Lleva cuatro años en el paro y explica que sobrevive gracias al trabajo precario de su compañera. En su último trabajo remunerado, en una consultora, duró apenas un mes: «Me marché porque no me pagaron». Actualmente forma parte de la Asamblea de Paradas del sindicato CGT, y también vende libros. Aventura una explicación general: «Al sistema le sobra mano de obra, por el auge de la robótica»; y otra local, acerca de la predisposición del Gobierno Valenciano a atender las reivindicaciones de la Asamblea: «Los veo receptivos».
También migrante y precaria, Alejandra, de 62 años, se define como libertaria y feminista. Cobra una prestación por incapacidad -tiene la espalda destrozada- después de laborar desde los 14 años, sobre todo como enfermera y trabajadora doméstica. También le ayudan sus hijas e intenta «rascar» lo que puede en la economía informal. «¿Responsables de la crisis? «El sistema capitalista, que se sostiene sobre el patriarcado y la explotación de la naturaleza», afirma. ¿Por qué en algunos sectores de la izquierda se recela de la renta básica? «Soy una obrera y pienso en los que son iguales que yo, que han de alimentar a sus hijos y sufren porque están las cárceles llenas; las negativas a la renta básica provienen de la intelectualidad…». Defiende la idea de comunidad organizada, que decida sobre la sanidad, la educación, la vivienda o el estado de las calles. «El trabajo ha de empezar por los barrios».
El pasado 30 de junio el Pleno del Consell (Gobierno valenciano) aprobó el Proyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, una nueva prestación que sustituirá a la actual Renta Garantizada de Ciudadanía. Según los cálculos oficiales, la nueva modalidad podría suponer el paso de los 25.000 titulares actuales de la renta garantizada, a un total de 45.000 en 2018. En una nota informativa, el ejecutivo valenciano -formado por el PSPV-PSOE y Compromís, con el apoyo parlamentario de Podemos- subraya que se «contempla la posibilidad» de que la nueva renta tenga carácter indefinido, cuanto la vigente tenía un límite de tres años y una carencia de dos. La nueva legislación también tiene previstos diferentes tipos de renta: una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no alcancen el 80% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); y otra de Inclusión Social, «que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos». El importe ascenderá a 532 euros (en el caso de un titular) frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o acompañamiento como en los que sí lo requiera. Además, informa el Gobierno Valenciano, para el acceso a la renta será necesario un año de empadronamiento (frente a los 24 meses actuales) y se eliminan las limitaciones de edad para percibirla (actualmente para personas entre 25 y 65 años).
Los activistas criticaron que la nueva ley que se debate en la Comisión Parlamentaria de Asuntos Sociales no solucione las necesidades de subsistencia, ya que -consideran- «deja en la cuneta a una gran parte de la población más empobrecida». Con lenguaje metafórico lo explica el portavoz que interviene nada más comenzar el acto: «No queremos una aspirina para curar un cáncer, sino resolver la enfermedad de una vez por todas; hoy nos ofrecen una renta de inserción que es una miseria, mientras ellos están ahí, votados por nosotros, con todas sus prebendas; ¡Exigimos una renta básica de carácter universal!».
El intercambio de golpes entre los partidos políticos permite observar la gestión y destino de los recursos públicos. En su comparecencia del 23 de junio, Mónica Oltra se refirió a la parte de la deuda asumida por el Consell de la empresa pública Ciegsa (1.631 millones de euros) y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (50 millones de euros). Con estas sumas, podrían haberse construido, según la vicepresidenta del Consell, 500 colegios y cuatro hospitales como La Fe, centro hospitalario de referencia en el País Valenciano.
Del grupo de concentrados de las Sillas contra el Hambre toma la palabra Auxi, de 60 años, quien se ha acercado a pedir la renta básica «porque siempre he estado implicada en las reivindicaciones sociales». Y por la situación en la que hoy vive; es una parada de larga duración, que no trabaja desde 2007 y empezó a laborar con 15 años en la industria textil del municipio valenciano de Alboraya. Ya no confía en encontrar un empleo, y si sobrevive, explica, es gracias a la prestación de 426 euros al mes para mayores de 55 años. «Eso es la precariedad». Con la prestación tiene que pagarse el alquiler de la vivienda, las facturas de la luz y el agua, los gastos de comunidad y también alimentarse. ¿La renta básica? «Es de justicia, no hay trabajo para todos y no se puede dejar a la gente tirada; nosotros no hemos creado esta situación». Piensa también que quienes han generado la crisis, se benefician de ella.
Justo cuando las voces empiezan a clamar «¡Ahí está la cueva de Alí Babá!», señalando a las Cortes Valencianas, y «Queremos la renta básica ya!», otra integrante de las Sillas contra el Hambre comparte su testimonio. Es Violeta, de 62 años, que además de dos años en las Sillas, participa como activista en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) del municipio de Alfafar; pide que se especifique, «en el barrio de Orba». Cuenta que de los 900 euros de la pensión por invalidez que percibe, a veces sólo le quedan -tras ayudar a sus familiares- cerca de 200 euros. «Al gobierno no le interesa sacarnos de esta crisis», concluye. «A ver si piensan de una vez en los que no tienen para comer, pedimos el derecho a la subsistencia».
Quien informaba sobre la propuesta de renta básica de la Asamblea era Toni Carrión, de 59 años, parado, precario y sobreviviente con una prestación (estatal) de 426 euros, que con otras palabras insiste en lo que antes han dicho sus compañeras: «Si te niegan la posibilidad de trabajar -por avaricia, egoísmo o lo que fuera-, tendrán que darte dinero para vivir». Vive en una casa («medio de okupa») que le dejan unos amigos. Todos los meses le da 90 euros a su hija pequeña y, cuando cobra el día 10, «empiezo a ‘devolver’ y me quedo sin nada; pedimos justicia social, y que se cambie la forma de redistribución de la riqueza». Conforman la fotografía de la precariedad, de los empobrecidos y los que apenas cuentan. También de los que consiguen a duras penas respirar, y tienen que arrimar el hombro para que sus familias no se hundan en el pozo.
Una de las que se arrima es Isabel Ortiz, de 70 años y miembro de Iaioflautes-Valencians. «He venido por solidaridad», afirma integrada en el colectivo de abuelos del 15-M, reconocibles por su chaleco amarillo. «A los ejecutivos no les suben el 0.25% la pensión». Considera que la renta básica puede «hipotecarte ante quien te la concede, hay pros y contras, pero es que hablamos de gente con 55-60 años que no cobra nada y no les contratarán jamás». Isabel Ortiz ayuda a un hijo en paro; «hemos tenido que acoger a hijos y nietos en nuestras casas y mantenerlos con nuestras pensiones», recalca; «vuestra generación seguramente no tendrá pensión». Ni siquiera cuenta con esos apoyos Ricardo Medero, uruguayo de 64 años en desempleo desde 2010. Trabaja en una huerta ecológica y sobrevive como «manitas», afirma: fontanería, electricidad, chapado, revestimientos… Recibe la cesta de alimentos de la Asamblea de Paradas de la CGT.
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