¡Arankartuktaram!, ¡Respétennos!, exclaman en su lengua las comunidades indígenas achuar desde el corazón de la Amazonia de Perú. El grito va dirigido al Estado y a las empresas multinacionales de exploración y explotación de hidrocarburos. Luego de más de 30 años de sufrir contaminación ambiental en sus territorios, el pueblo achuar de la cuenca del […]
¡Arankartuktaram!, ¡Respétennos!, exclaman en su lengua las comunidades indígenas achuar desde el corazón de la Amazonia de Perú. El grito va dirigido al Estado y a las empresas multinacionales de exploración y explotación de hidrocarburos.
Luego de más de 30 años de sufrir contaminación ambiental en sus territorios, el pueblo achuar de la cuenca del río Corrientes, en la selva peruana, _evalúa iniciar acciones legales contra las compañías responsables de los daños. Este sería el primer caso llevado a las instancias judiciales por los pueblos indígenas en este país.
Las actividades de explotación petrolera en territorios indígenas comenzaron con la presencia de la estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) en los años 70. A partir de 1996, la compañía de capitales argentinos Pluspetrol Norte opera en las cuencas altas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, y desde el año 2000, ha extendido su área de intervención.
En la última asamblea indígena, efectuada el 5 y 6 de agosto, los apus (jefes) de los indígenas acusaron nuevamente a las compañías de hidrocarburos de haber atentado contra la salud y el ambiente del pueblo achuar, de la cuenca del río Corrientes.
Dicha etnia se encuentra ubicada en el departamento de Loreto, norte del país, y cuenta con 31 comunidades que agrupan a 8.000 habitantes, de los cuales entre 3.000 y 4.000 son víctimas directas de la explotación petrolera, según la organización no gubernamental (ONG) Racimos de Ungurahui, que trabaja en la defensa de los derechos del pueblo achuar.
«Hay una violación sistemática de nuestros derechos por parte del Estado en complicidad con las empresas extractivas. El gobierno no es capaz de sancionar a los que contaminan nuestros ríos y territorios. Por eso pensamos tomar acciones», dijo a IPS Robert Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que reúne a 47 federaciones y seis organizaciones regionales indígenas.
Guimaraes, quien junto con la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), reiteró su denuncia desde uno de los salones del Poder Legislativo, al que acudió el jueves 9 de agosto para participar en un encuentro con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La dirigencia de Aidesep considera que hay suficientes elementos probatorios para demandar a las empresas. Uno de los informes más reveladores es el del Ministerio de Salud, en el que se alerta, por primera vez por parte del Estado, sobre los altos contenidos de cadmio y plomo en la sangre de los achuar.
La investigación gubernamental «Visita de reconocimiento para la evaluación de la calidad sanitaria de los recursos hídricos y muestreo biológico en las comunidades de la cuenca del río Corrientes», publicado en mayo de 2006, contiene un informe científico sobre la presencia de metales pesados en la población indígena, el cual fue elaborado como respuesta a un petitorio de Feconaco.
Para el estudio se evaluaron muestras de 199 personas, 74 de ellas de niños de entre 2 y 17 años.
El informe reveló que 98,6 por ciento de los menores de la cuenca del río Corrientes examinados superaban los valores límites de cadmio, de 0,1 miligramos por litro de sangre, y 97,3 por ciento sobrepasaban inclusive la concentración habitual de este metal en fumadores, de 0,2 miligramos, pese a que las personas analizadas no tenían el hábito de fumar.
Además, 37,8 por ciento de los menores se encontraban en niveles de riesgo, es decir con concentraciones de 0,21 a 0,5 miligramos de cadmio por litro de sangre, y 59,4 por ciento sobrepasaba el límite de tolerancia biológica (LTB) de cadmio, superior a 0,5 miligramos. El escenario fue similar en las muestras de la población adulta.
Los resultados sobre detección de plomo entre los menores de edad fueron preocupantes: 66,2 por ciento de los casos «supera el límite establecido para el plomo en población infantil (hasta 10 miligramos por litro de sangre)», mientras que entre los mayores de 18, se verificó que las concentraciones de este metal estaban por debajo de los límites aceptados, de 20 miligramos por litro de sangre.
Según el informe La Oroya no Espera, elaborado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la alta concentración de cadmio en la sangre puede provocar daño y cáncer pulmonar, enfermedades del riñón, debilitamiento del esqueleto, enfisema, bronquitis crónica, enfermedades del corazón y depresión del sistema inmunológico. Mientras que la del plomo afecta al sistema nervioso, con riesgo para el cerebro, y a los riñones.
Pero los representantes de Pluspetrol Norte no admiten la responsabilidad del consorcio en la contaminación de los pobladores porque sostienen que, como lo verificó el mismo informe gubernamental, la concentración de plomo en las aguas es menor a los límites reglamentarios permisibles.
Sin embargo, el documento aclara que no existen datos de presencia de otros metales pesados en el río, como el cadmio y el cobre, debido a que no se pudo evaluar por razones metodológicas.
Pluspetrol Norte es una de las filiales peruanas de la petrolera de capital argentino Pluspetrol, y tiene desde 2004 a la empresa estatal china National Petroleum Corporation, el principal productor de petróleo del gigante asiático, como copropietaria con 45 por ciento de participación.
Pluspetrol Norte era en 2004 responsable de 54 por ciento de la producción petrolera nacional.
«La empresa se acoge a los parámetros que exige la ley. Creemos que el informe del Ministerio es serio pero no se puede asegurar que los niveles de contaminación en la sangre se deban a la presencia de metales pesados en los ríos. No se puede establecer una relación directa entre una y otra cosa», dijo a IPS un funcionario de la compañía petrolera.
Racimos de Ungurahui, sin embargo, asegura que para determinar el grado de contaminación de los ríos debería analizarse la composición de los sedimentos. Sin embargo esto resulta difícil, dado que como aclara la evaluación del Ministerio de Salud, «en Perú no existe una norma técnica que establezca valores límites para evaluar metales pesados, hidrocarburos totales de petróleo y otros parámetros en sedimentos».
La observación se basa en que el nivel de las aguas de los ríos de la selva sube y baja en forma rápida y constante, y por tanto los restos de los metales pesados se pierden en el caudal y terminan sedimentándose.
La ONG asegura que además hay contaminación en las lagunas y los lagos, donde se abastecían de pescado las comunidades, y que se han alejado los animales del monte, que eran alimento de los pobladores. Se trata, dice un documento de Racimos de Ungurahui, de una cadena de daños originada por la actividad petrolera que se convierte «en un instrumento de violación de uno de los derechos fundamentales de los pobladores: la alimentación».
Como resultado de un congreso de los pueblos indígenas de Loreto, realizado del 20 al 24 de julio, la Organización Regional Aidesep Iquitos (ORAI) exigió el establecimiento de «mecanismos de control sanitario permanente para prevenir futuras afectaciones de salud de los pueblos indígenas en áreas de explotación petrolera» y que se declare la cuenca del río Corrientes en Estado de Emergencia Ambiental.
En el pronunciamiento de ORAI, los indígenas también exigen al Estado y a la empresa Pluspetrol Norte la descontaminación del territorio achuar, y la aplicación de tecnología de punta (limpia) en la zona en que está operando, durante toda la explotación.
Guimaraes manifestó en nombre de las comunidades afectadas que urgía la reinyección de las aguas de producción, atender los pasivos ambientales y evitar las actividades de nuevas petroleras en territorio achuar.
Al respecto, el ministro de Energía y Minas, el arquitecto Juan Valdivia Romero, dijo a IPS que funcionarios de su despacho mantienen reuniones con los directivos de Pluspetrol Norte, para que se aceleren las labores de reinyección de las aguas residuales de producción en el subsuelo, como método de disposición ambiental aceptable.
Sobre el conjunto de los daños ambientales producidos por las empresas petroleras, Valdivia Romero afirmó que «reconocemos la importancia que tiene para las comunidades la pronta disminución de los pasivos ambientales. Nosotros, desde la dirección de fiscalización, le exigimos a la empresa el estricto cumplimiento de las normas».
Por su parte, Pluspetrol Norte informó que a la fecha ha reinyectado unos 210.000 barriles diarios de agua de producción, lo cual supera su plan inicial de 80.000. Se estima que esta labor finalizará en 2009.
Sin embargo, para Racimos de Ungurahui la petrolera no sólo avanza a paso lento sino que además ha planificado la reinyección de apenas 15 por ciento del total de las aguas residuales.
El gerente general de Pluspetrol Norte, Roberto Ramallo, señaló mediante una nota de prensa, que «somos conscientes de la existencia de un impacto ambiental histórico en la zona, y por ello estamos desarrollando planes de mitigación para mejorar la calidad de vida de las comunidades».
El ejecutivo destacó que la compañía brinda atención médica a 18.000 personas en forma gratuita, y construye y refacciona escuelas para 4.000 estudiantes nativos en la zona.
Pero Guimaraes insistió en que esa ayuda es tan sólo un paliativo. «Nosotros queremos nuestro propio nivel de desarrollo con identidad y armonía con la naturaleza sin renunciar a nuestra lengua, cultura y territorios. Exigimos un Estado pluricultural y multilingüe», dijo a IPS.
El origen de la contaminación se debe buscar en la visión de desarrollo que tiene el Estado peruano, basada en un modelo de explotación de recursos naturales que no respeta a las poblaciones afectadas, dijo José De Echave, de la ONG Cooperacción, especializada en temas mineros y sociales.
Las comunidades indígenas también han recurrido a las instancias parlamentarias. El nuevo presidente de la comisión de Amazonia y Asuntos Indígenas del Congreso legislativo, Carlos Arana, señaló que el 15 de agosto ésta analizó las preocupaciones de las comunidades.
«Veremos la posibilidad de presentar proyectos de ley que contribuyan a atender los reclamos de estos pueblos y que incorporen también lo que exigen los tratados internacionales sobre el tema», señaló Arana a IPS.
En los próximos días se conocerá el anuncio de las organizaciones indígenas sobre las medidas que adoptarán. Aunque los portavoces de las etnias han estado muy sigilosos, se prevé que una primera medida será iniciar acciones legales, y luego, como tantas otras veces, un proceso de negociación con las compañías extractoras del oro negro.