La Compañía General de Combustibles de Argentina, encargada de operar el Bloque 23 en la Amazonia ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, al este del país, anunció que presentará «una demanda millonaria» contra el estado ecuatoriano por incumplimiento del contrato de trabajo. Según explica el diario El Comercio de Ecuador, Compañía General de Combustibles firmó […]
La Compañía General de Combustibles de Argentina, encargada de operar el Bloque 23 en la Amazonia ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, al este del país, anunció que presentará «una demanda millonaria» contra el estado ecuatoriano por incumplimiento del contrato de trabajo.
Según explica el diario El Comercio de Ecuador, Compañía General de Combustibles firmó en julio de 1996 el contrato para explorar y explotar el Bloque 23, pero aún no ha podido iniciar esas tareas por la oposición que ha enfrentado de los indígenas de la comunidad Sarayaku.
La comunidad se opone a las actividades petroleras en unas 135 000 hectáreas de bosque tropical y por eso interpuso una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se anulara el contrato. Luego la empresa argentina abandonó la zona.
El gerente de la filial de Compañía General de Combustibles en Ecuador, Ricardo Nicolás, dijo que «el contrato establece que el estado debe garantizar las condiciones de seguridad y no lo ha hecho, así que lo lógico es iniciar acciones legales». Desde el gobierno ecuatoriano se ha argumentado que la empresa no cumplió con algunas pautas del contrato.
En tanto, comunidades indígenas de Pastaza que no se oponen a la explotación del Bloque 23 exigieron el jueves al gobierno que resuelva la controversia con Compañía General de Combustibles o que se financien los proyectos sociales para la zona que estaban estipulados en el acuerdo.
«Si el estado va a declarar la nulidad del contrato que tiene con Compañía General de Combustibles nosotros no tenemos problema, pero que asuma la responsabilidad de los acuerdos pendientes», dijo Patricio Santi, líder shuar de la Federación de Indígenas Evangélicos, citado por el diario ecuatoriano El Universo.
Según el dirigente, la empresa argentina no llevó a cabo proyectos sociales estipulados como parte del acuerdo con el Estado, valorados en un millón de dólares, que favorecerían a las comunidades locales. «La explotación de ese campo (Bloque 23) está detenida por la oposición de la comunidad de Sarayacu. Nosotros estamos de acuerdo con que ellos defiendan su derecho, pero preguntamos qué va hacer el estado frente a los problemas que tenemos», finalizó Santi.
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