Un total de 11 áreas protegidas (AP´s) fueron invadidas por las empresas petroleras para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica, sin respetar la legislación ambiental vigente y poniendo en riesgo a la fauna, flora y el desarrollo armónico de las comunidades originarias asentadas en estas zonas. – Organizaciones de defensa del medio ambiente […]
Un total de 11 áreas protegidas (AP´s) fueron invadidas por las empresas petroleras para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica, sin respetar la legislación ambiental vigente y poniendo en riesgo a la fauna, flora y el desarrollo armónico de las comunidades originarias asentadas en estas zonas.
– Organizaciones de defensa del medio ambiente piden al gobierno mejorar la fiscalización.
– Exigen reglas claras en nueva Ley de Hidrocarburos para regular la actividad petrolera.
Un total de 11 áreas protegidas (AP´s) fueron invadidas por las empresas petroleras para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica, sin respetar la legislación ambiental vigente y poniendo en riesgo a la fauna, flora y el desarrollo armónico de las comunidades originarias asentadas en estas zonas.
Así lo hicieron conocer los representantes del Servicio Nacional de Areas Protegidas (Sernap) durante su participación en el panel «Aspectos Ambientales a Incluir en la Nueva Ley de Hidrocarburos», organizado el pasado jueves por la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).
En el país existen 21 áreas protegidas con una extensión de 167.417.07 kilómetros cuadrados que representan el 15.2 por ciento del territorio nacional, que hoy se ven amenazadas por la creciente actividad petrolera.
Esas zonas son ricas en su biodiversidad, fauna, flora y en su territorio albergan a comunidades originarias que en todo el tiempo, en el que permanecieron, fueron fieles guardianes.
Las empresas petroleras se adjudicaron dos bloques (Río Hondo y Tuichi) en el área protegida del parque Madidi y Pilón Lajas; el bloque Sécure en el parque Isiboro Sécure; el Amboró Espejos en el parque Amboró; Chimoré I en el parque Carrasco; San Alberto y San Antonio y Aguarague en el área del mismo nombre; Bereti y Tarija Oeste en el Aguarague y el bloque Cambarí en Sama.
La experta Evelyn Taucer del Sernap señaló que la superposición de las actividades petroleras en áreas protegidas se da por la carencia de políticas gubernamentales claras sobre la concesión de derechos de exploración y explotación de hidrocarburos en estas zonas.
Por otra parte, muchas áreas protegidas se crearon en superposición de áreas tradicionales y bloques de exploración y explotación hidrocarburífera como es el caso del Parque Nacional Aguarague.
A ello hay que sumar la ausencia de mecanismos de coordinación entre las instancias del Estado con competencia, a fin de compatibilizar los objetivos de creación, categorización y zonificación de esas áreas con las políticas de desarrollo hidrocarburífero.
La superposición trae conflictos a nivel local entre promotores de esas actividades, la población y las instituciones responsables de la gestión de las AP´s e instituciones de la sociedad civil.
Lo más grave es que cuando existen impactos y daños al medio ambiente en estas zonas las compensaciones no cuentan con un marco legal claro y existe discrecionalidad de los funcionarios de instituciones del Estado a la hora de evaluar los estudios ambientales presentados para la obtención de Licencia Ambiental
Los problemas se incrementan por la carencia de normatividad para la realización de actividades hidrocarburíferas en AP´s; de planes de manejo y zonificación, así como inexistencia de un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en algunas de éstas zonas.
En esas zonas se encuentran una gran variedad de fauna, con especies que son únicas en el mundo y que en otros casos se encuentran en extinción por obra de la mano del hombre. La flora sufre los mismos daños.
En la actualidad, el país cuenta con una cantidad enorme de plantas medicinales y bosques que son el pulmón del mundo, que a pesar de su explotación irracional en el pasado, aún se constituyen en una reserva importante.
En la exploración y los trabajos de perforación y sísmica se utilizan grandes cargas de dinamita que rompen el equilibrio de la zona, se abren sendas que parten en dos los bosques vírgenes.
Se deben fijar reglas claras
La defensa de esos recursos naturales ha movilizado a diferentes organizaciones del medio ambiente para pedir al Gobierno hacer respetar la Ley del Medio Ambiente y fijar reglas claras para la explotación petrolera en la nueva Ley de Hidrocarburos.
El experto en hidrocarburos del Sernap, José Colleo, señaló que actualmente existe una peligrosa sobreposición de bloques de exploración petrolera en áreas protegidas, que generan severos conflictos ambientales.
Los trabajos que realizan las empresas petroleras afectan también a las Tierras Comunitarias de Origen, que son habitadas por pueblos históricos como los Mosetenes o Chimanes.
Muchos de los problemas de sobreposición ?en criterio de Coello? podrían ser evitados si es que se respetará a cabalidad la legislación ambiental y se hicieran evaluaciones ambientales estratégicas.
Actualmente, no se coordina con la autoridad ambiental los trabajos de prospección, sísmica, así como para la construcción de gasoductos, que son autorizados de manera unilateral por el Ministerio de Minería e Hidrocarburos y por la Superintendencia de Hidrocarburos.
No se cuenta con instrumentos de compensación en caso de que ocurran impactos o daños ambientales por la realización de actividades hidrocarburíferas.
Algo que debe llamar la atención según Coello es que con los actuales contratos de riesgo compartido el territorio fue dividido en parcelas, autorizándose una extensión máxima de 40 kilómetros para las zonas tradicionales de explotación petrolera y de 400 kilómetros en el caso de las zonas no tradicionales.
Es decir, que en el país, con el aval de los gobiernos anteriores, se ha delineado una política abierta de incentivo a la exploración de hidrocarburos en zonas no tradicionales, dónde precisamente se encuentran áreas protegidas y parques nacionales como el Madidi o Pilón Laja, poniendo en riesgo su sostenibilidad.
Para corregir las irregularidades mencionadas, el Gobierno tiene la obligación de hacer respetar la Ley de Medio Ambiente, mejorar la fiscalización y fijar reglas claras para la actividad petrolera en materia ambiental en la nueva Ley de Hidrocarburos, manifestó Coello.
Al respecto, el representante del gobierno Mauricio Galleguillos reconoció que la nueva Ley no toca los aspectos ambientales, pero aseguró que el Poder Ejecutivo trabaja en la definición de política integral en esta materia.
Enviado por
Julio Duran
Impacto