A lo largo de los años, las grandes corporaciones han encontrado en las democracias liberales su mejor refugio y su ámbito de desarrollo más propicio. Así es como la democracia, en su dimensión neoliberal, se ha impuesto como fórmula definitiva e incuestionable en la que la voluntad popular queda siempre secuestrada por los intereses de […]
A lo largo de los años, las grandes corporaciones han encontrado en las democracias liberales su mejor refugio y su ámbito de desarrollo más propicio. Así es como la democracia, en su dimensión neoliberal, se ha impuesto como fórmula definitiva e incuestionable en la que la voluntad popular queda siempre secuestrada por los intereses de los distintos grupos de poder. Si examinamos la historia reciente de la democracia, observaremos que los poderes económicos sólo han aceptado de buen grado el sufragio universal cuando los resultados arrojados por las urnas no han sido contrarios a sus intereses. En los casos en que la voz del pueblo se ha atrevido a contrariarles, la democracia ha sido suspendida o aplazada sin contemplaciones.
De esta forma, podemos explicar el veto que ha padecido la consulta ciudadana promovida por distintos movimientos sociales entorno al proyecto de planta de coque de Petronor en Muskiz. Al igual que ha ocurrido con las centrales térmicas de ciclo combinado de Boroa y Lantarón, las fuerzas empresariales y sus valedores políticos han acallado la iniciativa popular y se han mostrado dispuestos a pasar por encima de cualquier debate social e incluso de cualquier impedimento legal o ambiental que se cruce en su camino. No en vano, el accionista mayoritario de Petronor es la transnacional Repsol-YPF, una compañía enjuiciada en numerosas ocasiones por delitos ecológicos y sociales, responsable de descomunales expolios en Latinoamérica y conocida por su colaboración con gobiernos corruptos o dictatoriales como el de Guinea Ecuatorial.
Para abrir fuego, la petrolera vasca ha puesto sobre la mesa los cientos de millones de euros que ingresa anualmente en las arcas públicas vizcaínas como su mejor argumento para justificar el proyecto de reducción de fuelóleo de Muskiz sin pasar por el filtro democrático de una consulta popular. Como si la democracia fuera material de compra y venta. No han mencionado, sin embargo, las suculentas plusvalías acumuladas por la empresa durante los cuarenta años de actividad de su refinería junto a la playa de La Arena y el estuario del río Barbadún.
Pero el mayor desatino de Petronor ha venido de boca de su presidente -y ex-presidente del PNV-, Josu Jon Imaz, que amenazó hace unos meses con el cierre de la refinería en caso de rechazarse su ampliación, lo que supone un chantaje inaceptable formulado con la única intención de dividir y enfrentar a sus propios trabajadores y al pueblo de Muskiz. Más tarde, el Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, suscribió estas declaraciones, que se han traducido en el veto del PNV en el Ayuntamiento -junto al del PSE- a la consulta popular avalada por las firmas vecinales.
Una consulta no vinculante como la que se ha propuesto para Muskiz sólo puede rechazarse desde la negación a la democracia. No nos sirve la democracia vigilada que nos propone Petronor, una democracia que permite al capital establecer sus cotos privados en los que la ciudadanía no tiene nada que decir. No nos sirven, tampoco, las excusas de sus promotores políticos. Lo único que nos sirve, por ahora, es cederle la voz al pueblo para que hable sobre una industria petrolera que se lleva la palma por ser una de las más contaminantes del planeta, a la vez que responsable de sus más sangrantes injusticias. A algunos les gustaría haber nacido sordos.