El 2 de marzo de 1971 se conectó Garoña a la red por primera vez. Cuando se cumplen 45 años, la central está en pésimas condiciones de seguridad y debería ser cerrada. Para Ecologistas en Acción mantener esta central en funcionamiento es un riesgo inaceptable para 6 comunidades autónomas: Castilla y León, Euskadi, La Rioja, […]
El 2 de marzo de 1971 se conectó Garoña a la red por primera vez. Cuando se cumplen 45 años, la central está en pésimas condiciones de seguridad y debería ser cerrada. Para Ecologistas en Acción mantener esta central en funcionamiento es un riesgo inaceptable para 6 comunidades autónomas: Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya.
La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tiene 460 MW de potencia eléctrica y es un reactor de agua en ebullición idéntico al número 1 de Fukushima, que sufrió un grave accidente el 11 de marzo de 2011. Garoña entró en funcionamiento hace 45 años y fue inaugurada en 1971 por Franco. Esta central es también un subproducto de los acuerdos de 1953 entre EE UU y España por lo que es un residuo del franquismo y de la Guerra Fría.
Tras 45 años de funcionamiento, la central está en muy malas condiciones de seguridad, como muestran los propios informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). De hecho, la planta presenta un total de78 elementos de seguridad severamente degradados y 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo. Se hace necesario cambiar kilómetros de cableado, clave para garantizar el control del reactor; mejorar el sistema de protección contra incendios, que es ya un problema histórico; modificar el venteo de la contención, para evitar posibles explosiones.
Además, es imprescindible aplicar las reformas procedentes de las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de Fukushima. Y, por si fuera poco, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ordena a la propietaria de Garoña, Nuclenor -empresa de Endesa e Iberdrola-, la construcción de una torre de enfriamiento para evitar que la central siga sobrecalentando el río: resultó un escándalo comprobar el escaso control que la CHE y el CSN hacían sobre la temperatura del agua vertida anteriormente.
Todas estas reformas supondrían un gasto de unos 150 millones de euros y aún así no garantizarían que en poco tiempo aparecieran nuevos problemas que obligaran a paralizar la central o, incluso, que produjeran algún accidente.
Según Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, «lo más sensato es proceder al cierre definitivo de esta central, que pone en peligro las comunidades de Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Catalunya, ya sea por el viento o por el río Ebro que actuarían como vectores de la contaminación radiactiva en caso de accidente».
La nuclear de Garoña está ya amortizada y es perfectamente prescindible para el suministro eléctrico, por lo que su cierre definitivo no supondría problema alguno para los contribuyentes ni para el sistema eléctrico.
«Los grupos políticos deberían manifestarse a favor del cierre definitivo en la sesión de investidura y el Gobierno del PP debería rendirse a la evidencia de que no tiene sentido apostar por la reapertura de esta peligrosa central» añadió Castejón.
Para Nuclenor y el resto de la industria nuclear española mantener Garoña en funcionamiento es un intento de sentar el precedente de alargar la vida de las nucleares hasta los 60 años, lo que supone un gran negocio para ese sector a costa de la seguridad.
Para Ecologistas en Acción el negocio de unos pocos no puede sustentarse sobre el riesgo para la salud, ambiental y económico de todos.