Manuel Araya, quien fuera chofer, mensajero y encargado de seguridad de Pablo Neruda, lleva años denunciando que el poeta no murió de cáncer, como se ha tenido por cierto hasta ahora, sino que fue asesinado por el régimen de Augusto Pinochet. El 26 de julio de 2004, Araya le contó su testimonio al diario El […]
Manuel Araya, quien fuera chofer, mensajero y encargado de seguridad de Pablo Neruda, lleva años denunciando que el poeta no murió de cáncer, como se ha tenido por cierto hasta ahora, sino que fue asesinado por el régimen de Augusto Pinochet. El 26 de julio de 2004, Araya le contó su testimonio al diario El Líder, del puerto chileno de San Antonio, donde reside, pero su historia no trascendió hasta la pasada semana cuando el semanario mexicano Proceso publicó una entrevista con los detalles de la acusación.
Aunque la denuncia de Araya ha sido desmentida por la Fundación Neruda, llama la atención cómo la sombra sobre la responsabilidad de la dictadura chilena en la muerte de una de las más grandes voces de la literatura universal ha sido desatendida durante tanto tiempo; más cuando ese régimen asesinó y torturó a numerosos artistas e intelectuales, siendo el caso más emblemático el del trovador Víctor Jara.
Tampoco aparecen en los medios de comunicación reclamos de que se investigue y encause a quienes desde el gobierno de Estados Unidos instigaron el golpe de Pinochet, en septiembre de 1973, contra el presidente constitucional chileno Salvador Allende, ocurrido poco antes de la muerte del poeta. Sorprende aún más, cuando acusaciones sin ningún asidero en la realidad viajan a la velocidad de la luz, son colocadas en primera plana por la llamada gran prensa y motivan pronunciamientos de políticos en el poder en Europa y Norteamérica. Es el caso de lo ocurrido alrededor de la muerte en Cuba por causas naturales de un ex preso común, la cual -a pesar la ausencia de la más mínima prueba y el testimonio en contra de médicos y familiares del fallecido– ha sido atribuida a una «golpiza» de las autoridades cubanas y desencadenado pronunciamientos del gobierno de la canciller alemana Ángela Merkel, el presidente norteamericano Barack Obama y la representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton.
Pero hay más investigaciones pendientes. Por ejemplo, sería bueno preguntarse por qué precisamente ahora, cuando hasta la BBC reconoce que «los prisioneros políticos que quedan en Cuba son los que retiene Estados Unidos en su base militar de Guantánamo» se pretenden fabricar incidentes para mantener viva una corriente de opinión contra el gobierno cubano, y personas vinculadas a la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana intentan constantemente provocaciones que encuentran eco en algunos medios de comunicación sin necesidad de contrastar fuentes ni verificar los hechos. O indagar si es casual que el presidente norteamericano se apoye en esas fabricaciones para negarse a cambiar una política hacia Cuba que la comunidad internacional en pleno le pide modificar.
Es una investigación poco probable. Los reflejos condicionados por los medios, establecen que quienes asesinan a sangre fría, orquestan golpes de estado, encarcelan inocentes y legalizan la tortura son la más sólida democracia de nuestra época, aunque sobre ellos esté pendiente aún el castigo que reclamó el poeta comunista de Isla Negra «para quien dio la orden de agonía». (Publicado en CubAhora)