Los Mossos ya han comenzado a utilizar las pistolas eléctricas a pesar de que algunas entidades como Amnistía Internacional o Stop Taser advierten de sus peligros
Más de 700 personas han muerto desde 2001 en Estados Unidos después de recibir descargas de pistolas eléctricas tipo táser, según cifras facilitadas por Amnistía Internacional. Los datos, sin embargo, no han podido frenar que, después de una primera fase de pruebas, las pistolas de descargas eléctricas hayan llegado -a pesar de la polémica y después de un discreto debate parlamentario- a Cataluña.
«Se tendrían que equiparar a las armas de fuego por su potencial lesivo». Así define Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional Cataluña, las pistolas eléctricas. En cambio, para Josep Miquel Milagros, de la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), «es una arma no letal», asegura. «Esto tiene que quedar muy claro», reitera el portavoz.
El polémico debate sobre la inclusión de estas armas en Cataluña viene de una reivindicación sindical de años de los Mossos d’Esquadra. Hasta ahora, sólo las podían usar algunas policías locales. Los Mossos aseguran que las necesitan porque así tendrían algo intermedio entre las armas de fuego y las porras. Añaden que esto les serviría para poder hacer detenciones sin tener que utilizar las contenciones mecánicas o el cuerpo a cuerpo.
De hecho, una de las cuestiones que más preocupa a entidades como Amnistía Internacional, Stop Taser o Irídia es que las táser, por el potencial lesivo que tienen, no se están equiparando a las armas de fuego. Se trata de una recomendación que el Comité Europeo Contra la Tortura ha hecho a países como el Reino Unido, equiparándolas en su legislación a una arma de fuego. En Cataluña, a pesar de las recomendaciones de las entidades, esto no se ha hecho.
Las armas de electroshock se utilizan internacionalmente para cometer tortura y maltrato porque dejan poca marca física. Otra de las preocupaciones de las entidades es que el grupo de trabajo del Parlamento no especificó la prohibición de usarlas contra personas bajo custodia, como en comisarías. Sí que ha prohibido el uso en centros penitenciarios. Los acuerdos se tomaron en el grupo de trabajo de la cámara catalana el julio de 2016.
La principal discrepancia entre el Departamento de Interior y las entidades es el uso de pistolas eléctricas sobre personas que se encuentran en estado psicótico, ya sea por una patología o por encontrarse bajo los efectos de sustancias como el alcohol o las drogas, porque pueden no ser capaces de entender una orden. «Esta situación puede hacer que tengan más propensión a una consecuencia negativa por el hecho de la descarga», asegura Saura. En cambio, desde el cuerpo de Mossos les reconocen que «este es el perfil para el que están pensadas estas armas». Lo ejemplifican con el caso de Juan Andrés Benítez, muerto a manos de los Mossos d’Esquadra el octubre de 2013, después de ser reducido.
La legislación aprobada en el Parlamento dice que sólo las utilizarán jefes de área de servicio de los Mossos d’Esquadra, caporales con un rango específico. Por lo tanto, habrá un número concreto de pistolas, unas 130, que podrán utilizar ciertos agentes con una formación concreta. Llevarán una cámara en la solapa que grabará la actuación en vídeo, cada vehículo de la unidad policial incluirá un desfibrilador, por si la persona que recibe la descarga eléctrica tiene un paro cardíaco, y cada pistola tiene un número de serie que sale disparado en forma de confeti de colores que determina el lugar donde se ha producido la actuación.
Cómo ya avanzó la Directa, con el subterfugio «dispositivos conductores de energía» se escondió una de las licitaciones más polémicas del 2017, la de las pistolas táser. La suculenta partida de 706.473 euros fue para la empresa Eurodistribución de Sistemas España, presidida por Andrés Manuel Soler. Se trata de 134 dispositivos que se distribuirán al conjunto de Áreas Básicas Policiales, es decir, a todas las comisarías comarcales y subcomarcales, así como a las de los diez distritos de Barcelona. También se destinarán algunas a las unidades de orden público. La partida incluye dispositivos de grabación de imagen y sonido, así como 11.000 cartuchos.
Fuente: La Directa.