Durante la «Cumbre de la Tierra» (1992) se auspició la suscripción del Convenio de Rotterdan con la finalidad de regular el comercio de plaguicidas extremadamente tóxicos. El Perú tiene pendiente su ratificación a pesar de tratarse de un tema estrechamente circunscrito a las actividades agrícolas y de la salud de la población. Es conveniente señalar […]
Durante la «Cumbre de la Tierra» (1992) se auspició la suscripción del Convenio de Rotterdan con la finalidad de regular el comercio de plaguicidas extremadamente tóxicos. El Perú tiene pendiente su ratificación a pesar de tratarse de un tema estrechamente circunscrito a las actividades agrícolas y de la salud de la población.
Es conveniente señalar que, adicionalmente a los métodos tradicionales, existen sustancias biológicamente activas y de origen vegetal, animal y mineral, utilizadas para eliminar plagas e insectos. Un ejemplo conocido es la «muña» o «chaumpca», ampliamente empleados para proteger alimentos almacenados. Estudios realizados señalan la existencia en el Perú de aproximadamente 100 especies de plantas con facultades insecticidas, aunque su utilización es todavía incipiente.
Actualmente, en nuestro país se comercializan 548 productos químicos para el control de plagas, mayormente empleados en la costa, la ceja de selva y en los valles interandinos. De estos 371 provienen de naciones del Norte. Según estadísticas de organismos internacionales el 90% de los plaguicidas vertidos en el mundo son producidos en países industrializados. Mientras el 80% de su comercialización está en poder de 24 empresas transnacionales, de las cuales Bayer, Ciba Geigy, ICI, Monsanto y Shell controlan la mitad de toda su venta.
También es importante recordar que muchos de los plaguicidas que importamos se encuentran censurados en los mercados de las naciones desarrolladas por su alto efecto negativo sobre el ambiente y la salud. Estas afirmaciones se encuentran sustentadas en informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que han certificado la venta al país de 24 plaguicidas altamente dañinos.
Para tener una idea amplia de los efectos producidos por su empleo, debemos indicar que en Estados Unidos se estima en 800 millones de dólares los daños causados. Calculándose entre 30 a 40 mil muertos el número de víctimas humanas en el mundo.
La creciente siembra de hoja de coca para la producción de PBC ha coincidido con la negligencia de las autoridades gubernamentales peruanas, quienes permiten la comercialización de agroquímicos de probado efecto negativo. Un claro ejemplo es el herbicida «Paraquat», utilizado en laboratorios de producción de cocaína y cuya venta está permitida.
Por otra parte, la aplicación de la llamada «docena sucia» no es una alternativa para controlar las plagas. El desarrollo de mecanismos de inmunidad ante los plaguicidas de origen sintético es una de las secuelas de su uso desmesurado. Actualmente, existen más de 450 especies de insectos resistentes a los plaguicidas. En tal sentido, su eliminación implica mayores concentraciones del producto y el empleo de elementos más potentes y frecuentes.
Las estadísticas del consumo de agroquímicos demuestran su incremento a partir (principalmente) de 1960. Así lo acredita el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, que nos señala como uno de los países con mayor cantidad de componentes químicos por kilómetro cuadrado (en comparación con Costa Rica, México, Guatemala, Colombia y Brasil). Además, aproximadamente 3 millones y medio de trabajadores directa o indirectamente están expuestos a los plaguicidas, generando altas tasas de intoxicación, en especial en zonas de intensa labor agrícola.
En consecuencia, es imperativo que el Gobierno peruano promueva el estudio de medios alternativos como el control biológico. Para ello, debe convocar a investigadores, universidades y comunidades rurales, con la finalidad de desarrollar propuestas técnicas, institucionales y legales al respecto.
Igualmente, se hace necesario diseñar mecanismos de monitoreo para conocer las externalidades ambientales generadas. Replantear nuestro ordenamiento acerca de este controvertido tema, en concordancia con las reglamentaciones internacionales, es una prioridad para enfrentar un problema de irreparables daños ecológicos, sociales y económicos.
Revisión: Colaboración de Tania Fernández Pino para EcoPortal