Pobladores de la oriental provincia argentina de Entre Ríos próximos a la zona de Uruguay donde se instalarán dos fábricas de celulosa, aseguran que esos proyectos ya han impactado en algunas actividades económicas, pese a que aún faltan dos años para su puesta en marcha. «Las familias que viven de la pesca dicen que el […]
Pobladores de la oriental provincia argentina de Entre Ríos próximos a la zona de Uruguay donde se instalarán dos fábricas de celulosa, aseguran que esos proyectos ya han impactado en algunas actividades económicas, pese a que aún faltan dos años para su puesta en marcha.
«Las familias que viven de la pesca dicen que el mercado les rechaza las capturas por temor a que estén contaminadas», señaló a IPS María Elena Marchioli, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, una localidad turística argentina cercana al río Uruguay que sirve de límite natural entre los dos países.
Pero los peces no pueden estar afectados por la contaminación, al menos por vía de la fabricación de pasta de celulosa, pues apenas han comenzado los trabajos en el terreno donde se levantarán los edificios de las plantas. El miedo y la desinformación son los que afectan el comercio de la pesca.
Marchioli es empleada administrativa en el largo puesto fronterizo que vincula a los dos países y, por ello, tiene contacto permanente con vecinos de las dos riberas.
Gualeguaychú es una ciudad de 80.000 habitantes ubicada en la costa del río de igual nombre a 22 kilómetros de su desembocadura en el río Uruguay, en cuya ribera oriental se encuentra Fray Bentos, con 23.000 habitantes y capital del occidental departamento uruguayo de Río Negro.
En las cercanías de Fray Bentos y con el aval del gobierno uruguayo, la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y la firma finlandesa Botnia trabajan para levantar sendas fábricas de pasta de celulosa para la producción papelera a partir de 2007. Pero la radicación de estas inversiones son cuestionadas por Argentina, que comparte la administración del uso del río Uruguay.
Las dos empresas, cuyas fábricas estarán separadas por unos 10 kilómetros, prevén invertir 1.800 millones de dólares en total. No obstante, organizaciones ambientalistas señalan que de ese presupuesto, más de 80 por ciento se destinará a equipos que provienen de los países de origen en Europa.
Botnia confirmó que de los costos de inversión, sólo 20 por ciento corresponde a proveedores domésticos y el resto a materiales importados. Luego, cuando la fábrica esté operativa, habrá una mayor participación de empresas locales para sostener el funcionamiento de la industria.
Los dos proyectos prevén producir cerca de 1,5 millones de toneladas de pulpa para fabricar papel, el doble de lo que se produce hoy Argentina en una decena de plantas a lo largo del caudaloso río Paraná.
Para esa abundante producción se necesitarán unos 600 trabajadores en total, en su mayoría mano de obra muy calificada.
La poca generación de fuentes directas de empleo respecto del gran volumen de inversión es uno de los puntos que provoca controversias.
Los sectores que apoyan el proyecto consideran que se debe contabilizar también los empleos indirectos que se crearán tanto para la construcción de las fábricas como después para su funcionamiento. En el otro extremo se advierte que habrá más pérdidas que beneficios para la población del lugar.
La producción de celulosa es una de las actividades industriales más dañinas para el ambiente porque libera dioxinas y furanos, que son sustancias cancerígenas y que pueden provocar además alteraciones hormonales, inmunológicas y neurológicas.
La región nororiental de Argentina, en el límite con Uruguay y Brasil, resulta apta para la instalación de plantas de celulosa por el transporte fluvial y la magnitud de las plantaciones de eucalipto, materia prima de esta producción.
Ante el impacto ambiental negativo que tuvo la radicación de una fábrica de ENCE en la noroccidental provincia española de Pontevedra y de una similar en Valdivia, en el sur de Chile, pobladores de la zona próxima a la instalación de estas nuevas plantas temen por la contaminación del agua, el aire y el suelo una vez que se pongan en marcha.
El embajador Raúl Estrada Oyuela, director de Asuntos Ambientales de la cancillería de Argentina, señaló que el gobierno que integra «no puede impedir» que las plantas se levanten en Uruguay, pero sí es factible reclamar que esa actividad no cause un perjuicio sensible al país, y en caso de que lo haga, exigir una indemnización.
Por supuesto, la idea no es llegar a ese punto sino evitar que las plantas contaminen, pero hasta el momento las gestiones fueron vanas, explicó. «Uruguay sólo quiere monitorear las aguas, pero ¿qué vamos a monitorear?, ¿la catástrofe?», se preguntó.
Estrada integra la comisión mixta binacional que estudia el impacto de la proyectada puesta en marcha de las dos plantas en la ribera oriental del río Uruguay. Pero en ocho reuniones realizadas no hubo datos ciertos sobre el proceso industrial que se usará, o el sistema de reciclado del agua, ni sobre emisiones de gases o residuos sólidos, objetó.
Los ambientalistas recomiendan que el agua sea reutilizada en las plantas a través de un circuito cerrado, pero esta tecnología no le dio resultado a Botnia en Finlandia, según sus portavoces.
Botnia asegura que para la celulosa utilizará una tecnología denominada «libre de cloro elemental» (conocida por su sigla en inglés ECF) y no la que es «totalmente libre de cloro».
Pero Estrada sostuvo que la tecnología ECF, que no es limpia, tiene distintos matices en su aplicación según la zona donde se radique.
En el caso de Botnia y ENCE, el funcionario consideró que debería utilizarse «la tecnología más sensible», ya que se trata de plantas que estarán muy cerca de lugares poblados y turísticos. Pero esto no está precisado en los informes que presentan las empresas, dijo el embajador. La comisión emitirá un primer dictamen a fines de enero.
El presidente argentino Néstor Kirchner planteó en mayo a su par uruguayo, Tabaré Vázquez, que paralizara las obras a la espera de un estudio de impacto ambiental, pero el pedido fue rechazado con el argumento de que existían compromisos ya contraídos con las empresas por el gobierno anterior, de Jorge Batlle (2000-2005).
Según Estrada, muchos de los datos que la comisión reclama a Montevideo son respondidos con un «más adelante se informará», pero advirtió que en este caso «no hay más adelante», pues las empresas están en plena construcción y estarán listas para operar en 2007 y 2008.
Para el funcionario, las organizaciones no gubernamentales «deberían movilizarse más» en apoyo a los reclamos de los vecinos argentinos del río Uruguay y advertir a los accionistas de las dos firmas para que estén alerta porque podrían tener que indemnizar a los afectados por eventuales daños provocados al ambiente.
En tanto, los vecinos entrerrianos aseguran que el impacto del proyecto industrial europeo ya afecta a la zona.
Como consecuencia de la expansión de las plantaciones de eucalipto, materia prima de la celulosa, las familias de la localidad de Cerro Alegre, en el departamento de Soriano y en la ribera uruguaya, reciben desde mediados de los años 90 agua potable en cisterna porque los árboles, de crecimiento rápido, absorben lo que hay en los pozos, cañadas y bañados.
Más recientemente, pobladores de Entre Ríos comenzaron a advertir que sólo la posibilidad de que se pusieran en marcha las fábricas los afectaba.
El técnico agropecuario Alejandro Gaham, miembro de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, declaró a IPS que unos 60 taladores de Gualeguachú le hicieron llegar su preocupación porque fueron suspendidos este mes del aserradero para el que trabajan. «Les dicen que van a preservar el monte para venderle a Botnia», comentó Gaham.
La empresa finlandesa posee 100.000 hectáreas de tierras en Uruguay, 60.000 de las cuales están plantadas, mientras que ENCE suma unas 85.000 hectáreas de plantaciones. Pero cuando estén en funcionamiento las fábricas, requerirán 3,5 millones de metros cúbicos sólidos de madera por año.
Botnia no descarta adquirir madera de plantaciones de eucalipto de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes.
En este sentido, la firma asegura en su informe de impacto que los aserraderos de la ribera argentina –que según Gaham emplean a unos 1.500 trabajadores– «disminuirán» sus tareas a mediano plazo. Según la empresa finlandesa, esas compañías utilizan tecnologías «obsoletas».
En el plano turístico, los efectos del contencioso también se hacen sentir en la región. Gualeguaychú recibe unos 600.000 visitantes al año, un tercio de los cuales se concentran en los días de carnaval. «Hay un impacto retractivo en inversiones hoteleras grandes por miedo al olor de ‘huevo podrido'» característico de la industria, describió Gaham.
En este punto, las empresas aseguran que harán todo lo necesario para neutralizar el olor que provocan las emisiones de las plantas, pero admiten que habrá días en los que las emanaciones se harán sentir irremediablemente.