A lo largo de 2015 han sido varios los estudios que han denunciado el alto número de niñas y niños que viven en riesgo de exclusión social en el Estado español. Los datos son claros. Por ejemplo, el informe de Save the Children cifra en 2,5 millones la cantidad de menores que viven en hogares […]
A lo largo de 2015 han sido varios los estudios que han denunciado el alto número de niñas y niños que viven en riesgo de exclusión social en el Estado español.
Los datos son claros. Por ejemplo, el informe de Save the Children cifra en 2,5 millones la cantidad de menores que viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza y sitúa a España como segundo país de la Unión Europea con mayor empobrecimiento infantil.
La pobreza es «un concepto multidisciplinar», señala Antonio Salvador Jiménez, psicopedagogo y educador andaluz, en el libro España, un país de niños pobres, parte del proyecto Gira por la Infancia, con el que se pretende dar forma a un Plan Estratégico para luchar contra la pobreza infantil con el apoyo de agentes sociales, profesionales, representantes políticos y familias.
Se habla de pobreza absoluta cuando las necesidades básicas del individuo no están cubiertas, y de pobreza relativa objetiva cuando la persona parte de una situación de desventaja respecto a su entorno.
En cualquier caso, toda forma de pobreza conduce hacia la desigualdad porque dificulta o impide que los individuos ejerzan sus derechos, desarrollen sus capacidades y mejoren su calidad de vida, algo especialmente relevante para la población infantil. Es en esta etapa, «relativamente corta, en la que acontecen situaciones que marcan de por vida a la persona», explica Jiménez.
Responsabilidades
Jiménez afirma que «los niños no son pobres porque la pobreza sea hereditaria, los niños se encuentran en situación de pobreza porque el sistema los ha empobrecido. Es una cuestión de justicia social y de responsabilidad ciudadana».
Sus palabras ponen el foco en la responsabilidad colectiva de la ciudadanía y en la importancia de las políticas sociales para revertir la situación actual.
A día de hoy existen dos líneas principales a nivel estatal destinadas a erradicar la pobreza no sólo económica, sino también educativa y de otros tipos. La primera es el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, modificado durante 2015. La segunda es el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (II PENIA), del que se acaba de realizar una evaluación intermedia.
Las reformas del sistema de protección se instituyeron en 2015 a través de la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015. Algunas de ellas estaban incluidas en el II PENIA, como la obligatoriedad de elaborar un informe previo antes de aprobar cualquier norma que analizara los posibles efectos que ésta pudiera tener para la infancia.
En general las modificaciones fueron bien acogidas, aunque con ciertos recelos, por educadores y por organizaciones como Save The Children, Ayuda en Acción o Unicef, pero con ciertos recelos. En su libro, Jiménez critica que estas reformas no incluyeron una asignación presupuestaria que permitiera el desarrollo e implementación de las leyes. Además, considera «especialmente tramposo» que la pobreza de los progenitores o del tutor ya no sea motivo para declarar al menor en desamparo.
«Parece que la ley se ha curado en salud y ha pensado que, si tiene que declarar en desamparo a los más de dos millones y medio de niños que se encuentran en España en situación de pobreza, lo mismo tendría que destinar el Presupuesto General del Estado al completo a la construcción y puesta en marcha de centros de protección», ironiza Jiménez.
El II PENIA, pese a los resultados satisfactorios de la mencionada evaluación intermedia, también ha recibido críticas por su dotación presupuestaria. Una de estas voces es la de Conchi Ballesteros, coordinadora del informe complementario sobre la aplicación de los derechos de los niños y las niñas en España presentado por la Plataforma de Infancia el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Según el texto del II Plan, la puesta en práctica de las medidas dependerá de los presupuestos de las diferentes administraciones públicas responsables de su implantación. De esta manera, se supedita la inversión en prevención de la pobreza infantil a la sostenibilidad financiera.
Como ya avisaba Gonzalo Fanjul en su estudio Hijos de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar de los niños en los países ricos (2004, UNICEF), millones de niños se vieron afectados directamente por la crisis, y muchos de ellos lo harán de por vida. De hecho, se calcula que uno de cada diez menores en España (unos 840.000 niños y niñas) podría vivir toda su infancia en un estado de pobreza crónica.
Mientras el porcentaje de niños y niñas que viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza ha aumentado un 25% desde 2010, el presupuesto destinado a la infancia ha bajado un 14,6% en el mismo periodo según Unicef.
Por eso, son varias las organizaciones que llevan años exigiendo «un pacto por la infancia para superar que dependa de un gobierno o de otro las políticas que se hagan», en palabras de Miguel Ángel Vázquez, cooperante y candidato del partido Por un Mundo + Justo, que tenía como tema prioritario en su programa la lucha contra la pobreza infantil.
A pesar de las alarmantes cifras, la pobreza infantil fue protagonista tan sólo de forma efímera de la pasada campaña electoral, y sólo gracias a la presión ejercida por distintos colectivos y ONG.
Las propuestas de IU, Podemos y PSOE para terminar con ella pasaban por declarar distintos tipos de renta mínima que permitan a todas las familias cumplir con las necesidades básicas. Ciudadanos defendía los complementos salariales y el PP planteó conseguirlo a través de la lucha contra el desempleo.
El limbo de la mayoría de edad
«Uno de los problemas que tienen muchas ayudas es que los chicos dejan de recibirlas en cuanto son mayores de edad. Y entonces, ¿qué hacen?», explica un portavoz de la asociaciónn juvenil La Torre de Hortaleza.
Es un tema en el que coinciden educadores, trabajadores sociales y organizaciones: la necesidad de dar continuidad a las políticas que pretendan erradicar la pobreza infantil. Para solucionarlo proponen «dar seguimiento a los procesos, personalizar los casos y contar con personal cualificado».