Un anteproyecto de reforma integral del Código Penal argentino, redactado por una comisión de especialistas, desató polémica este viernes al ofrecer un margen para la ampliación de casos en los que el aborto, ilegal en este país, quedaría despenalizado. «El texto, que surge de un consenso de juristas, es muy auspicioso y avanza en la […]
Un anteproyecto de reforma integral del Código Penal argentino, redactado por una comisión de especialistas, desató polémica este viernes al ofrecer un margen para la ampliación de casos en los que el aborto, ilegal en este país, quedaría despenalizado.
«El texto, que surge de un consenso de juristas, es muy auspicioso y avanza en la dirección que reclama el movimiento de mujeres, pero también es perfectible y habrá que ver cómo se lleva a la práctica», declaró a IPS la abogada feminista María José Lubertino, ex diputada e integrante del Instituto Social y Político de la Mujer.
El anteproyecto fue redactado por un grupo de jueces, abogados y académicos especialistas en materia penal convocados por el Ministerio de Justicia para proponer un nuevo Código Penal. El vigente fue sancionado en 1922 y sufrió cerca de 900 modificaciones. Estos cambios le restaron coherencia y racionalidad, según expertos.
Tras un año de labor, los especialistas coordinados por el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, presentaron una propuesta que comienza por configurar los delitos contra la humanidad –el actual parte de los delitos contra las personas–, incorpora la figura de genocidio y la de desaparición forzada.
El texto elimina la prisión perpetua y baja de 50 a 30 años la pena máxima de prisión. Sostiene que los menores de 18 años son inimputables, acepta que la eutanasia puede estar eximida de pena si el juez lo considera pertinente, y amplía los casos en que una mujer puede recurrir a un aborto sin ser perseguida por la justicia.
El código vigente establece que el aborto es un delito, y que no es punible sólo si se lo practica para evitar un peligro «para la vida o la salud» de la madre o en caso de que el embarazo sea fruto de la violación a una mujer «idiota o demente». La letra de estos artículos varió en la propuesta de los especialistas.
La comisión amplió los atenuantes a los casos en que peligre la salud física y también «psíquico-social» de la mujer, y propuso considerar no punible el aborto cuando la concepción fuera fruto de una violación, sin importar la condición mental de la víctima.
Pero en la propuesta hay una tercera variante, que es la más polémica, porque deja a criterio de los jueces determinar la inocencia de la mujer.
«No es punible la mujer cuando el aborto se practica con su consentimiento y dentro del plazo de tres meses desde la concepción, siempre que las circunstancias lo hicieran excusable», sostiene el texto, sin especificar cuáles pueden ser esas circunstancias: sociales, médicas, psicológicas o de otro tipo.
El secretario Slokar remarcó que la propuesta mantiene el delito de la interrupción del embarazo. «Lo nuevo es que incorpora una nueva variante de exención que queda a criterio del juez», dijo el funcionario.
Ahora, ciudadanos y organizaciones pueden hacer sugerencias sobre la propuesta al Ministerio de Justicia a través de Internet hasta el 15 de agosto. A partir de esas ideas, los expertos podrán efectuar modificaciones que permitan delinear un proyecto de ley de consenso de todos los sectores sociales.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, intentó separar la posición del gobierno de Néstor Kirchner –impulsor de una reforma integral del Código Penal–, de la que surgió entre los juristas. «El tema del aborto no admite discusión, la posición del gobierno es que no se trabaja para eso», afirmó en referencia a la despenalización.
No es la primera vez que surgen contradicciones sobre el aborto en el seno del gobierno.
En 2005, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que en Argentina se practicaban unos 500.000 abortos por año, y que por su carácter clandestino la interrupción del embarazo era la primera causa de muerte materna.
«Es un tema sanitario de tal magnitud que merecería ser despenalizado», dijo entonces el ministro. El resto del gobierno no avaló esa posición, apoyada en cambio por el movimiento de mujeres. El legrado post-aborto es la segunda causa de internación de mujeres en edad fértil, según datos del Ministerio.
González García dispuso un programa de salud sexual y reproductiva que incluye el acceso gratuito a anticonceptivos en hospitales públicos, y la elaboración de un manual para mejorar la atención de mujeres hospitalizadas por abortos mal practicados proponiendo un «trato humanitario» y «libre de prejuicios».
«En el gobierno conviven las distintas opiniones sobre el aborto, igual que sucede en la sociedad civil», interpretó Lubertino. En el Congreso legislativo hay 11 proyectos de ley para la despenalización general o de casos particulares, pero ninguno ha sido aprobado.
En una encuesta realizada por la empresa Gallup a fines de 2005, 58 por ciento de los consultados consideraron que el aborto «se justifica» a veces o siempre. En cambio, 38 por ciento estimó que «nunca se justifica».
Un sondeo anterior de la Fundación Friedrich Ebert reveló que 76 por ciento de los encuestados estaban de acuerdo con el aborto en un caso de violación, tal como se propone para el nuevo código.
Según Libertino, su organización saluda la propuesta integral de reforma aunque reclamará una revisión que incluya la perspectiva de género. «Los redactores son todos hombres, y si bien algunos tienen una perspectiva afín al movimiento de mujeres, vamos a hacer algunas sugerencias», destacó.
La activista consideró que el nuevo texto «supera» al código vigente en muchos aspectos, pero advirtió que cuando los principios no son taxativos exigen leyes que los reglamenten. Por tanto, habrá que ver de qué modo se legisla, por ejemplo, en lo referido a la atención sanitaria del aborto no punible.
«Actualmente, el aborto está permitido en algunos casos, y sin embargo cuando las mujeres llegan al hospital, en lugar de actuar con agilidad, los médicos dan parte a la policía, a la justicia, y demoran las decisiones hasta límites que van contra el espíritu con el que fue prevista la excepción», advirtió Lubertino.
La activista también alertó sobre el riesgo de que se interprete erróneamente otro elemento nuevo del propuesto código penal, el que castiga a quienes causen lesión al feto. «En algunos estados de Estados Unidos esta figura se usa para ir contra la mujer que intenta abortar», remarcó.
Por tratarse de una práctica clandestina, no se conoce de qué modo se procesa la pena sobre mujeres que interrumpen su embarazo, pero hay muchas mujeres en provincias del interior del país que están en prisión por haber abortado, dijo Lubertino.
«Es posible que sean pocos los casos en los que un juez condena a una mujer a prisión por este delito, pero más allá de la voluntad judicial, aquí la pena más grave es la muerte de miles de mujeres a causa de abortos realizados sin asistencia sanitaria», remarcó.
(FIN/2006) http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=37522.