La crisis sanitaria del coronavirus ha derivado en una crisis económica y social de gran magnitud, y ha generado una crisis política por la gestión de los gobiernos de la misma. Una situación que está poniendo al descubierto las políticas austericidas que desmontaron los sistemas públicos de salud y de protección social, y que ha relegado en un segundo plano el diálogo sobre el conflicto político entre Cataluña y el Estado español.
La recentralización de competencias, la militarización de la respuesta, la priorización de la economía, la polémica en el recuento de muertes, la no aplicación de un plan de choque social, la no nacionalización temporal de la sanidad privada y la no puesta a disposición del bien común de la industria para la fabricación de todo lo necesario para hacer frente a la crisis son cuestiones que ponen de relieve que, cuando la situación sanitaria mejore, será el momento de exigir responsabilidades políticas al Gobierno español por la mala gestión de la crisis del Covid_19.
Una política recentralitzadora a través del decreto del estado de alarma, que exige que el resto de administraciones estén detrás del gobierno central –bajo un mando único– en vez de trabajar por una política de coordinación y de colaboración más efectiva. Una situación de “No” diálogo con las comunidades autónomas que se está reproduciendo en las fases de la desescalada y que ha dejado al presidente Pedro Sánchez sin los apoyos de la mayoría de la moción de censura. Así mismo, las discrepancias continuadas dentro del Gobierno de coalición y de este con la oposición, con los diferentes gobiernos autonómicos y –incluso– con sus socios de la investidura ponen en tensión la legislatura. En este sentido, Sánchez salvó el estado de alarma obteniendo a última hora el apoyo del PNB a cambio de facilitar el desarrollo de la convocatoria electoral aplazada en el País Vasco, así como el espaldarazo de Ciudadanos en un nuevo ejemplo de geometría variable de un Sánchez camaleónico. Una maniobra de Ciudadanos para salir de la irrelevancia en el Congreso y, a la vez, buscando su supervivencia política –y la de su jefa de filas–, desmarcándose de la vía ultra del PP y Vox. Por su parte, el líder de la oposición, Pablo Casado, intenta sacar el máximo rédito político de una situación crítica argumentando, incluso, que el PP no recortó en sanidad y servicios públicos ni en los peores años de la última crisis económica. Un cinismo mayúsculo del líder de los populares.
La preocupante escalada de recentralización de las decisiones políticas tomadas unilateralmente es un desprecio al autogobierno autonómico. Una situación de concentración del poder pero también de los errores, que hay que revertir para dar paso a la recuperación de las competencias del autogobierno, al trabajo conjunto para la reconstrucción social y económica, y a la negociación en la mesa de diálogo para la autodeterminación de Cataluña.
Jesús Gellida, politólogo e investigador social