Los trabajadores, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONG y medios de comunicación firmantes de la presente declaración, manifestamos nuestra solidaridad con Jaume d’Urgell, procesado por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión para reivindicar opiniones políticas legítimas. El 14 de mayo de 2006, en el transcurso de una manifestación, este vecino […]
Los trabajadores, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONG y medios de comunicación firmantes de la presente declaración, manifestamos nuestra solidaridad con Jaume d’Urgell, procesado por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión para reivindicar opiniones políticas legítimas.
El 14 de mayo de 2006, en el transcurso de una manifestación, este vecino de Madrid arrió la bandera roja y amarilla que ondeaba en un edificio oficial, e izó en su lugar la enseña tricolor republicana: roja, amarilla y morada. Una bandera, recordémoslo: española, constitucional, institucional y perfectamente democrática, impuesta por las urnas y depuesta por las armas. Por este acto de desobediencia civil pacífica, la Fiscalía solicita un año de cárcel, el pago de una multa de 4000 euros y un año de inhabilitación especial para sufragio pasivo (prohibición para presentarse a elecciones).
Con esta acción simbólica y no violenta, el joven republicano puso de relieve la relación entre los problemas cotidianos de la ciudadanía y una forma de gobierno que él considera que no es totalmente representativa.
Su objetivo era reivindicar la adopción de políticas orientadas a la reducción de la precariedad laboral; un mayor compromiso de los poderes públicos para frenar el aumento del coste de la vida -particularmente en el sector de la vivienda-; y abogar por una forma de gobierno más democrática, en la que no existan cargos públicos que no sean electos, vitalicios, jurídicamente irresponsables, irrevocables y hereditarios; un modo de organizar la sociedad basado en los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, fundamentado en el respeto a los Derechos Humanos, la transparencia y austeridad en el gasto público, el laicismo, la paz y la efectiva participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.
Este manifiesto no se pronuncia sobre dichas ideas, sino sobre la libertad para expresarlas.
Consideramos que si Jaume d’Urgell odiara a España -como pretende el Ministerio Fiscal-, no acudiría a manifestaciones para reclamar una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía y no llegaría a comprometer su propia seguridad jurídica para defender aquello en lo que cree. Por eso, manifestamos que la calificación penal de los hechos es totalmente desproporcionada y que de llegar a plasmarse en una sentencia, supondría un grave precedente para la conculcación de los derechos civiles y las libertades políticas.
Por ello, en beneficio de todos, exigimos la libre absolución del encausado y la derogación del artículo 543 del Código Penal, sobre «Ultrajes a España», por entender que su redacción resulta extemporánea y contradictoria con los artículos 20 de la Constitución Española (antes 34) y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan el derecho a no ser molestado por la libre expresión de opiniones.
PRIMEROS FIRMANTES:
Rosa Regàs, escritora; Carlos Taibo, profesor; J. Kalvellido, dibujante; Carlos Vicente, informático; Raúl Calvo Trenado, periodista; Miguel Martín Ayllón, periodista; Miguel Pastrana, escritor; Iñaki «Galileo», periodista; Ahmed Hijazi, profesor; Miquel Jordà, político; Víctor Díaz Cardiel, político; José María Coronas, político; Josep Esteve Rico Sogorb, poeta; Julio Rodríguez Bueno, profesor; Saif Abukeshek, político; Iñaki Saldaña, político; Consejo editorial de 3i, Tercera Información; Francisco Javier Rodríguez Amorín, periodista; Juan Luis García Córdoba, político; Raúl Aguilar Díez, político; Isidro Pedro Mayor Calvo, político; Álvaro Fernández Alonso, político.