Mientras la crisis climática pone en jaque a ciudades costeras de América Latina y el Caribe, los decisores políticos se mantienen fuera del consenso del sistema internacional. ¿Resolveremos las contradicciones?
A diferencia de lo que un amplio sector de la sociedad cree, el peligro de extinción no afecta solo a especies exóticas, o animales que habitan lugares muy lejanos. Como sostiene el ecólogo uruguayo Eduardo Gudynas en su libro Derechos de la Naturaleza, «se acrecienta a escala global la extinción masiva de especies», y la especie humana no está ajena a esa posibilidad. Si tomamos por ejemplo el Informe Planeta Vivo 2014 publicado por World Wildlife Fund (WWF), los datos son contundentes: «El Índice Planeta Vivo (IPV), el cual mide más de 10.000 poblaciones representativas de mamíferos, aves, reptiles y peces, ha disminuido un 52 % desde 1970. Dicho de otra manera, en menos de dos generaciones humanas, el tamaño de las poblaciones de animales vertebrados se ha reducido a la mitad».
Hace no más de algunas décadas se trataba de locos a quienes hacían este tipo de afirmaciones, pero transcurriendo el año 2017 y ante los efectos visibles de la crisis civilizatoria, el consenso respecto a la posibilidad real de extinción de la especie humana está cerca de ser unánime. Desde Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) hasta gran parte de la academia en su amplio espectro ideológico concuerdan en este punto.
De esta forma, el reciente Informe de la CEPAL titulado Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible afirma que «la humanidad se encuentra ante un punto de no retorno: el impacto ambiental del estilo de desarrollo dominante pone en peligro su supervivencia y la de otras especies», y destaca la necesidad de modificar el estilo de desarrollo actual, que considera insostenible social y ambientalmente.
Para este organismo, el estilo de desarrollo dominante en la región se basa en una estructura productiva cuya competitividad depende de la abundancia y la explotación de forma intensiva de los recursos naturales, y la mayor dificultad se encuentra en la economía, dado el conjunto de intereses y alianzas que predominan y que definen las reglas del juego. «Diversos actores, tanto públicos como privados, tienen interés en proteger sus inversiones y la distribución presente de rentabilidades».
A su vez, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible son considerados un avance frente a lo que fueron los Objetivos del Milenio, y destaca una nueva agenda de políticas en la región que responden a la búsqueda de este nuevo estilo de desarrollo.
Sin embargo, cuando se va más allá del marketing verde que lleva adelante el gobierno actual de Cambiemos, nos encontramos con lo que, de forma muy acertada, Maristella Svampa y Enrique Viale definieron como la «trumpización de la política ambiental», que dista completamente de ser la nueva agenda de políticas que resalta la CEPAL.
Así como sostienen estos autores, la gestión de Mauricio Macri está caracterizada por la flexibilización de la normativa de protección ambiental. La modificación de la Ley de Glaciares, el nuevo Acuerdo Minero, la nueva Ley de Ordenamiento del Bosque Nativo de la provincia de Buenos Aires al servicio de los negocios inmobiliarios y el agronegocio, la modificación de la Ley Nacional de Tierras Rurales, y el relanzamiento de Vaca Muerta, entre otras medidas responden a esta lógica, sucediendo lo que paradójicamente resalta la CEPAL sobre la década de los 90: «En los años noventa, la humanidad transitó por dos mundos con agendas en tensión o en abierta contradicción. Por un lado, estaba la agenda normativa de las Naciones Unidas, antes descrita. Por otro lado, había un sistema económico desregulado, en particular en lo que se refería al mundo financiero, cuyos activos se multiplicaban a gran velocidad, con un respaldo cada vez menor en la economía real. Ese sistema priorizó la liberalización comercial, sin tomar en cuenta los problemas específicos de competitividad, equilibrio externo y deterioro ambiental que afectaban a las economías en desarrollo».
Las contradicciones entre el modelo que intenta proponer la CEPAL y las decisiones tomadas desde la gestión de gobierno pueden fácilmente ser explicadas desde este argumento, por lo que se puede sostener que en este ámbito volvimos a los 90.
Por otro lado los consensos continúan en todo el arco ideológico, así mientras desde la Ecología Política se afirma que la crisis energética es inminente y el agotamiento del petróleo está cada vez más cerca, como destaca la CEPAL, el gobernador del Banco de Inglaterra alerta a los inversionistas sobre los riesgos de invertir en petróleo debido a la crisis climática.
Las ciudades costeras son las principales afectadas por el cambio climático, azotadas cada vez más por los frecuentes eventos extremos. Esto debe ser un motivo adicional por el que la resistencia y la lucha por los Derechos de la Naturaleza necesariamente logren conquistar las ciudades.
No hay tibieza en la CEPAL cuando afirma que «si se quemaran todas las reservas probadas de combustibles fósiles, el hielo de la Antártida se derretiría totalmente, el nivel de los mares se elevaría más de 50 metros, y se eliminarían las ciudades costeras». En correspondencia, tampoco somos tibios al afirmar que la Ciudad de Buenos Aires está en peligro de verse sumergida bajo el Río de La Plata.
Juan Carlos Travela es licenciado en Comercio Internacional y miembro de la agrupación Hacia El Buen Vivir. Actualmente se encuentra doctorando en Desarrollo Económico.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_article=85677