El Gobierno ha pasado de negar la realidad, como pasaba hace una década, a admitir que algo falla en la respuesta institucional a que un 27,8% de la infancia y la adolescencia esté en riesgo de pobreza, el peor dato de todo el continente.
Cuando en el Congreso de los Diputados se hablaba hace una década de pobreza infantil, la respuesta de una parte mayoritaria del hemiciclo –la correspondiente al PP, entonces en La Moncloa– era de burla. La bancada popular reaccionó con un sonoro “oooh” a un discurso de Pedro Sánchez, líder de la oposición, sobre el asunto en otoño de 2014. La pobreza de niños, niñas y adolescentes no existía a base de negarla.
El posicionamiento del Gobierno es otro, diez años después: hubo un alto comisionado encargado exclusivamente de las políticas contra la pobreza infantil y el Ejecutivo de coalición admite que las cifras, “extraordinariamente altas, apenas varían con los años”. Así se refirió a esta realidad la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una comparecencia reciente en el Congreso.
Y no solo ha cambiado el discurso, también lo han hecho las políticas públicas dirigidas a los más vulnerables. El salario mínimo ha subido hasta los 1.134 euros y existe un ingreso mínimo vital con un complemento para los niños, además de deducciones por maternidad (ahora hasta los tres años). La última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, con datos de 2021, registró el número más bajo de hogares en riesgo de pobreza desde 2013 (un 20,4% frente al 21,7% previo).
Sin embargo, la tasa de pobreza infantil no sigue la misma senda. España no consigue despegar del vagón de cola de Europa. De hecho, en 2022 se situó como el país con mayor pobreza infantil monetaria del continente aunque los datos son de 2021: un 27,8% de los chicos y chicas menores de 18 años viven bajo el umbral de la pobreza.
Gráfico: España es el país de la UE con más pobreza infantil
¿Cómo se explica esto? Fundamentalmente por dos razones: la inversión es insuficiente y, la que existe, no está bien enfocada, dicen economistas y expertos en infancia. España logró reducir diez puntos, del 37% al 27,8%, la tasa de pobreza infantil con sus políticas públicas. Se llaman oficialmente transferencias sociales y abarcan las prestaciones familiares, de desempleo, a la vivienda… y también las pensiones. Eurostat proyecta qué situación de pobreza tendrían los países antes de estas transferencias.
Esto convive con el hecho de ser el Estado de la Unión Europea donde el dato de antes y de después es más parecido. Es decir, el país donde las políticas dirigidas a intervenir en esta realidad son menos eficaces. La reducción en España se sitúa en el 26%, frente al 44% de media en la Unión Europea. O sea, es casi la mitad. Entre los Estados con menor tasa de población infantil en riesgo de pobreza están Polonia –con una política ultraconservadora favorable a la natalidad–, que consigue saltar del 40% al 14% con sus ayudas, y Finlandia, a la cabeza de la lista, con una caída del 29% al 10%.
“Hemos alcanzado el dudoso honor de ser el país con la mayor tasa de pobreza monetaria de la Unión Europea justo en un momento en el que, es justo reconocerlo, se han puesto en marcha políticas sociales que han mejorado la renta de los hogares. Sin ellas, el impacto habría sido mucho más fuerte, pero con ellas, si miramos la última Encuesta de Condiciones de Vida, vemos que la pobreza infantil se reduce muy tímidamente”, sostiene Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España.
Gráfico: Las políticas de reducción de la pobreza infantil en España son las menos eficaces de Europa
La anomalía de la prestación universal
El agujero que no permite sacar la cabeza de una situación muy mala es la falta de una prestación universal por hijo a cargo, coinciden las fuentes consultadas. “No solo interviene sobre la pobreza, sino que protege a las familias de caer en ella”, defienden desde Unicef.
España es una isla en el entorno: 20 de los 27 países de la Unión Europea tienen una prestación de este tipo que va de los cerca de 300 euros mensuales de Países Bajos a los 40 de Eslovaquia o Letonia, enumera Olga Cantó, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá y autora de un informe, encargado por el Alto Comisionado en la Lucha contra la Pobreza Infantil, que puso por primera vez en cifras cuánto nos cuesta a todos la pobreza infantil. La cifra asciende a 63.000 millones de euros al año (cotizan menos porque tienen salarios más bajos y a la vez gastan más en prestaciones sociales o en atención sanitaria).
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, avanzó en una entrevista con elDiario.es recién llegado al Gobierno que aspiraba a “acabar con la anomalía de que España sea uno de los países europeos sin prestación universal por crianza”. E insistió en ello en su primera comparecencia en la comisión del Congreso hace dos semanas. En la misma idea profundizó la ministra Sira Rego –ambos son de Sumar– también en la Cámara Baja unos días atrás. “La pobreza infantil es consecuencia directa de la pobreza de familias con menores a cargo y no se reducirá sin un apoyo al sostenimiento a esos hogares”.
Las organizaciones que trabajan en derechos de la infancia llevan una década empujando para convencer de que una ayuda para todas las familias que tengan descendencia, sin importar el nivel de renta, es la manera más eficaz de llegar a los entornos más pobres. Aunque parezca paradójico, el planteamiento tiene sentido si miramos las cifras. Por ejemplo, el complemento de infancia del ingreso mínimo vital –de 57,50 a 115 euros por menor, en función de la edad– tiene un “alcance limitado”. Así lo evalúa el segundo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el despliegue de la prestación. Benefició a 274.000 hogares frente al millón y medio de familias que podrían percibirlo (un 18,3%).
La dificultad para acceder al ingreso mínimo vital –no solo a este complemento reciente– es un problema recurrente desde su implantación en 2021. El informe de la Airef, de julio de 2023, cifra el alcance de la ayuda solo en el 35% de los potenciales beneficiarios. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reconoció la semana pasada que hace falta implementar mejoras que “faciliten su solicitud y tramitación” y poner en marcha “campañas específicas de divulgación”. Incluso buscar activamente a quienes pueden beneficiarse de la prestación, que ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de su implantación.
“Mientras no tengamos datos para seleccionar familias, tenemos muchos problemas para llegar a clase baja con las prestaciones como el ingreso mínimo vital o el complemento de infancia”, confirma Cantó, que asegura que esto mismo pasa “en más países”. “Por eso las ayudas focalizadas, dirigidas a los más vulnerables, no son suficientes. A partidos como el PSOE les cuesta dar ayudas universales porque piensan que deben estar más centradas, pero tenemos claro que tenerlas ayuda al 10% más pobre y a los siguientes por abajo con más seguridad, y es ahí donde se concentran muchos menores, que están sobre todo en el 50% con menos ingresos”, continúa la economista, que coordina el grupo de investigación Bienestar, Desigualdad, Pobreza y Políticas Públicas de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).
La OCDE instó en un informe a España a estudiar una prestación económica universal por hijo a cargo. Ya entonces, la exministra de Derechos Sociales Ione Belarra había puesto sobre la mesa la propuesta de la medida. Finalmente se quedó fuera de la Ley de Familias, una norma que inició su trámite pero tuvo que interrumpirse por la convocatoria electoral anticipada de julio de 2023. Pese a la voluntad expresada ahora por los dos ministros de Sumar, no hay ninguna mención a la ayuda en el pacto de Gobierno entre el PSOE y el espacio que lidera Yolanda Díaz.
Irlanda es un ejemplo de éxito en políticas familiares para reducir la pobreza infantil, dicen los expertos. “Tiene una capacidad alta de bajarla con una prestación de 140 euros mensuales. Es curioso que las barreras que parecen injustas para hacer universal la prestación no lo son para otros colectivos, como las pensiones no contributivas. A veces hay un doble discurso y casi siempre perjudica a la infancia”, señala Gabriel González-Bueno. También Polonia. En este caso las políticas familiares no se pueden separar de las políticas pronatalidad.
Más eficacia de la que pintan los datos
Cantó matiza que para el caso de España, no obstante, el efecto de las políticas públicas dirigidas a las familias más vulnerables ha sido probablemente mayor que el que pintan los datos. ¿Por qué? Porque la gente más pobre, incluso con la ayuda, no supera los umbrales. “Esta medición no tiene en cuenta a la población cuyos ingresos suben pero no salen. Sin pasar el umbral también se puede mejorar porque se suben las rentas. Por eso decimos que es importante medir no solo la reducción de incidencia del fenómeno sino la intensidad. Esto en el día a día significa que no tienen eficacia para saltar el umbral pero sí para comer”.
Un ejemplo: en 2019 se subió la cuantía de una prestación por hijo disponible para hogares con ingresos de menos de 12.400 euros anuales de 24,2 euros a 49 mensuales. La reforma no disminuyó el porcentaje de menores por debajo del umbral de la pobreza, pero sí hizo caer tímidamente la intensidad: de un 38,1% a un 36,9%, según el informe Efectos redistributivos de las políticas familiares, publicado por el Observatorio Social de La Caixa en abril de 2020.
El riesgo de pobreza infantil no es un dato absoluto, sino relativo que mide la proporción de personas que tienen bajos ingresos en relación con el total de la población. Se trata, por ser más exactas, de la tasa de familias con hijos cuya renta es menor del 60% de la renta mediana del país. Ahí se fija el umbral.
Por la naturaleza del indicador, conviene mirar también otros datos “más tangibles”, recomienda Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, como la carencia material severa. “El dato de pobreza relativa es difícil de entender. La carencia material severa mide si un niño o niña puede tener su casa a una temperatura adecuada o comer lo que necesita, y eso lo entiende todo el mundo”. El 10,1% de los hogares con hijos menores sufren carencia material grave, según la última actualización del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al año 2022. Es el dato más alto desde 2008, señaló recientemente la Plataforma de Infancia. Criar a un hijo fue de media casi 100 euros más caro en 2022 que en 2021, de acuerdo con un estudio de Save the Children.
A perfilar mejor la realidad, añade Cantó, ayuda otra variable que no se estudia tanto: la cronicidad de esa pobreza. Los estudios demuestran que la situación de pobreza infantil es cada vez más duradera para las familias. “Como no se atiende específicamente, se está cronificando. Las altas tasas vienen de los años noventa, cuando ya teníamos más de un 20% de pobreza infantil. Sin embargo, ahora sabemos que esa pobreza se alarga en el tiempo, con un porcentaje alto de niños y niñas que llevan tres o más años bajo el umbral”, afirma Cantó. “Las tasas son estructurales y, aunque se agudizan con las diversas crisis, existen sin ellas. Por eso hay que hacer frente a esta realidad no solo con medidas positivas y coyunturales, como la prohibición de los desahucios, por ejemplo”, confirma Del Moral.
En el horizonte español está la Garantía Infantil Europea. España envió en 2022 a Europa su plan para sacar de la pobreza al 28% de los niños y niñas que viven esta realidad. Esta hoja de ruta incluía medidas hasta 2030 como “ayuda a la crianza” para todos los menores en riesgo de pobreza. También el acceso de la infancia al dentista de manera pública y el acogimiento en familias de todos los niños tutelados con menos de seis años, que ya no deberían estar en centros, entre otras medidas.
“Se aprobó a nivel estatal en junio de 2021, pero no ha habido evaluación ni conocemos bien su desarrollo. Además, en los planes autonómicos –tienen muchas de las competencias–ahora mismo hay una gran parálisis, no sabemos cuáles se han aprobado y cuáles no. La situación es diferente en cada lugar. Por poner un ejemplo, los umbrales para acceder a la beca comedor no son los mismos en todas partes”, concluye Del Moral.