¿Por qué ha subido el recibo de la luz?

Una de las subidas que más irritación social ha producido es la que se dio en el precio de la electricidad a principio de 2011. De esta manera se culmina un ciclo de subidas significativamente superiores a las del IPC que se viene produciendo en los últimos años y que corren paralelas a un aumento significativo en los beneficios de las grandes compañías.

Resumiendo anticipadamente esta subida estratosférica se debe a varias causas: un irracional mercado mayorista que permite a las grandes compañías, incluso en periodos de crisis, conseguir beneficios espectaculares (aunque difíciles de materializar, como después explicaremos), la subida de los precios internacionales del gas natural que determina el precio de dicho mercado, unos apoyos al consumo de carbón nacional más caro que el importado, una subasta de futuros (subasta CESUR que fija el precio de la tarifa de último recurso) manifiestamente inflacionista y una legislación de impulso a las energías renovables pésimamente diseñada que ha dado pie a un desarrollo truculento de estas fuentes de energía. Como se ve un conjunto de causas claramente distintas de las invocadas por el ministro Miguel Sebastián que se ha limitado a culpar de la misma a «un desarrollo demasiado rápido de las energías renovables».

Para entender este embrollo conviene aclarar que el precio que cualquier usuario eléctrico paga por este bien viene determinado por dos sumandos. Un elemento que deriva del mercado mayorista de electricidad que funciona mediante un método competitivo y los llamados costes de acceso que incluyen aquellos elementos del suministro eléctrico que no son susceptibles de competencia: los costes de transporte y distribución de electricidad, las primas al régimen especial (cogeneración y renovables), las anualidades de la llamada deuda tarifaria y el apoyo que todos los usuarios damos a los grandes consumidores en teoría por permitir una posible interrupción del suministro (en la práctica para que dichas actividades sean rentables), además de otros costes menores como los planes de ahorro, el funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Operador del Mercado Eléctrico (OMEL).

Desde 1997 en que se aprobó la Ley básica de la electricidad (Ley 54/97) viene funcionando el mercado mayorista. En este marco, se establece un sistema de «oferta competitiva» para atender la demanda prevista para cada período de media hora. De acuerdo con ello el «operador de mercado», ordena las ofertas de los productores de electricidad por los precios solicitados y escoge las más baratas para atender la demanda. A todas las centrales que hayan sido requeridas para funcionar -y con independencia del precio que se haya indicado-, se les pagará el precio solicitado por la instalación más cara que haya sido necesario poner en marcha. Es decir, todas las centrales que funcionen cobrarán lo que pida la más cara entre las más baratas.

Como la mayor parte del tiempo son las centrales de gas en ciclo combinado las que fijan el precio, es fácil entender que la subida en los precios internacionales del gas ha traído aparejada una subida del precio de la electricidad en España. En ese contexto ha tenido también especial relevancia la pugna legal sostenida entre Gas Natural-Unión Fenosa y la compañía Argelina que comercializa el gas, que se ha resuelto a favor de la segunda y que obliga a la primera a aumentar en un 20% el precio al que adquiría el gas.

Esta subida del precio del mercado mayorista conlleva un aumento espectacular en los márgenes de beneficio de centrales como las hidroeléctricas o las nucleares, construidas hace muchos años y amortizadas dentro del llamado marco legal estable que rigió hasta 1997 en condiciones muy favorables. Dichas centrales sólo incurren en unos costes variables muy bajos, pero cobran igual que las centrales de gas.

También ha aumentado el precio del mercado mayorista la previsible entrada en vigor del llamado decreto del carbón (R.D. 134/2010 de 12 de febrero) todavía sometido a una dura pugna judicial entre gobierno y compañías eléctricas. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han permitido su entrada en vigor hasta que se dicte sentencia definitiva y se espera que el Tribunal de Estrasburgo haga lo propio en la primera quincena de enero. Lo que en el R.D. se plantea es permitir que se interrumpa parcialmente el «mercado competitivo de electricidad» para dar entrada a las centrales que queman carbón nacional (se enumeran hasta 9 centrales) con un máximo de producción anual de 27 Terawatioshora (TWH), es decir, un poco menos del 10% de la producción total de electricidad del sistema peninsular español. Se fija también el precio que percibirán por su producción las 9 centrales con independencia del precio que resulte en el mercado competitivo que establece la ley eléctrica.

Tampoco debe subestimarse el efecto inflacionista de las subastas de futuros ( subastas CESUR) en las que las compañías comercializadoras, vinculadas por cierto a las grandes eléctricas, tratan de protegerse contra todo este tipo de contingencias futuras estableciendo precios más altos de los razonables. El precio de estas subastas es uno de los componentes de la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR, R.D. 485/2009 de 3 de abril) que pagamos los usuarios de la electricidad con una potencia contratada menor de 10 kW.

Subida del 10% del recibo de la luz

Pero si la subida del 10 % parece excesiva, más grave es darse cuenta de que, de no haberse vuelto a jugar con las cifras del llamado Déficit tarifario, con el marco legal en vigor,¡la subida debería haber sido mayor!. Como el ministerio ha repetido hasta la saciedad la subida es resultado de la subida del mercado mayorista porque los peajes de acceso ¡se han congelado para 2011!. Desde 2008, el citado déficit se produce cuando lo recaudado vía peajes de acceso no permiten cubrir la totalidad de los ya citados costes de de acceso.

El Decreto Ley 6/2009 establecía que el citado déficit, que debería desaparecer en 2013, no debía ser superior a 3.500 Millones en 2009, 3.000 en 2010, y 2.000 y 1.000 millones respectivamente en los años siguientes. Nada de esto se ha cumplido y por ello ha sido necesario redactar un nuevo Decreto-Ley (el 14/2010 de 23 de diciembre, pendiente aún de convalidación parlamentaria) en el que se reconoce que el citado déficit en 2010 rondó los 5.500 millones de euros. En 2011 el déficit puede alcanzar la cifra de 3.000 millones y en 2012 no debe ser mayor de 1.500 millones. Se mantiene la decisión de hacer desaparecer el déficit en 2013. O dicho con otras palabras, dado que el déficit deben pagarlo en el futuro los usuarios en cualquier caso, se asegura que las próximas subidas de tarifas, incluso aunque los precios internacionales del gas se mantengan estables, serán importantes.

No sobran en este momento dos comentarios que me parecen cruciales. El primero es que los grandes perdedores de la difícil situación del sector eléctrico somos los usuarios del sector. Pero no todos por igual. Cabe distinguir los grandes consumidores industriales, y el resto (pequeña y mediana empresa industrial, sector servicios y hogares). Desde los años 90, en que la electricidad era considerada un servicio público y los precios de la misma era determinados administrativamente para todos los usuarios, el sector eléctrico ha funcionado como un mecanismo de reasignación de rentas. Los pequeños usuarios siempre hemos pagado por la electricidad mucho más de lo que valía, permitiendo que los grandes sectores industriales pagaran por ella mucho menos. En la actualidad hay mucha cháchara sobre la transparencia en la asignación de costes, la actividad de los mismos y la no discriminación. Pero la transferencia de rentas permanece inalterada. Seguimos pagando más unos para que otros se beneficien ya que a través de los peajes de acceso se repercute de manera distinta esos costes.

El segundo comentario, en coherencia con lo anterior, es que es rotundamente falso que a través del Decreto-Ley 13/2010 se produzca una asignación razonable de esfuerzos entre todos los agentes del sector. A las grandes compañías se les pide que financien los planes de ahorro que hasta ahora se pagaba como coste de acceso (670 millones de euros en los próximos 3 años con una senda decreciente) que prolonguen el bono social (que impide la subida de la electricidad a los sectores sociales más débiles un año más, 150 millones más en 2013) y peaje de generación para los próximos 3 años (con un coste de unos 360 millones de euros en los próximos 3 años).

No es mucho si se sabe que la subida del 10% supondrá un incremento de ingresos por encima de los 3.000 millones sólo en 2011 y que pagaremos los usuarios. Tampoco puede olvidarse que sólo en 2010, un año excepcionalmente bueno para las centrales hidráulicas y nucleares, los beneficios del mercado mayorista han sido muy grandes. En un año ordinario este tipo de centrales producen unos 80 TWH, pero en 2010 alcanzaron los 100 TWH, lo que supuso un beneficio extraordinario del orden de 2.000 millones.

Es cierto que el déficit sigue pesando como una losa sobre los balances de las compañías eléctricas. No debe olvidarse que el déficit lo adelantan las compañías eléctricas hasta que éste es «titulizado» entre ahorradores finales que cobran de la recaudación eléctrica durante los 15 años siguientes. Las condiciones del mercado financiero han supuesto un notable quebradero de cabeza en los últimos años. No debe olvidarse que en noviembre de 2007 no se pudo colocar ni un solo euro en una subasta de 1.500 millones de euros. Que en junio de 2008 sólo se colocaron 1.300 millones (al euribor más 0,65 %), cuando se querían colocar 3.500 millones. Y sobre todo constatar que pese a que en el Decreto-Ley 6/2009 se creó el Fondo de Titulización para estos activos, no ha sido posible, debido a los problemas primero de los mercados financieros y después de la deuda soberana, colocar una deuda que engorda con el tiempo.

Este es el principal quebradero de cabeza de las compañías eléctricas que ven como les cuesta captar cada vez más los capitales que necesitan. Pese a contar con el aval del Estado y haber obtenido una buena calificación del Banco Central Europeo no es ni mucho menos seguro que pueda colocarse esta deuda, en un contexto como el actual a un precio razonable…Lo que implicaría importantes futuras subidas de tarifas eléctricas. El tantas veces citado Decreto-Ley 13/2010 modifica los Presupuestos Generales del Estado para poder otorgar un aval de hasta 22.000 millones de euros.

Toda la prensa ha coincidido en señalar que los otros grandes perdedores del Decreto-Ley 13/2010 han sido los propietarios de instalaciones fotovoltaicas. Se les ha reducido el derecho a percibir la prima a un número determinado de horas al año. Esto supone una merma de ingresos del orden de 740 millones de euros/año durante los próximos 3 años, pero al tiempo se les permite cobrar dicha prima durante 3 años más (de 25 a 28 años). Teniendo en cuenta las dimensiones del sector la merma es muy importante.

Repetir una idea para cerrar estas notas. La subida de la electricidad ha sido desde luego brutal. El problema es que todo apunta a que dista de ser la última.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Por-que-ha-subido-el-recibo-de-la.html