La colaboración de España con países como Marruecos, Mauritania o Senegal podrían estar detrás del descenso
De 26.260 llegadas de enero hasta el 31 de julio de 2018 a 16.600 en 2019. Es la drástica bajada del número de migrantes llegados a España por vía marítima y terrestre, según el propio Ministerio de Interior. La cooperación con los países de origen y tránsito, especialmente con Marruecos, el trabajo policial y la planificación son los elementos que han permitido ese descenso de llegadas a las fronteras españolas.
En el verano de 2018, la migración fue una de las cuestiones más mediáticas a las que se tuvo que enfrentar el recién llegado gobierno de Pedro Sánchez. Incluso, el líder de la oposición, Pablo Casado, se fotografió saludando a migrantes llegados a Algeciras. Hasta 21.106 personas llegaron por mar a la Península y Baleares en 905 embarcaciones. Este año, la cifra desciende hasta los 12.476 seres humanos en 379 pateras, un 40,9% menos. «Al llegar al Gobierno en 2018, el actual equipo se encontró con una situación de absoluta falta de previsión en materia migratoria. Las tendencias internacionales ya apuntaban a un aumento de las llegadas irregulares a las costas españolas, pero no se tomó ninguna medida para reducirlas ni para que las personas que llegaran fueran recibidas en unas condiciones dignas», explican desde el Ministerio del Interior.
Tras su llegada a Moncloa, Sánchez quiso hacer varios gestos para marcar diferencia con el anterior ejecutivo. El más mediático, el rescate del barco Aquarius el pasado junio. Una política que no ha tardado ni un año en abandonar. Durante estos días el buque español Open Arms permanece en el Mediterráneo con 121 migrantes a bordo y sin puerto en el que desembarcar. La promesa del nuevo ministro, Fernando Grande-Marlaska, de quitar las concertinas de las vallas, tampoco se ha cumplido hasta ahora. El gobierno socialista ha optado, sin embargo, por mejorar la cooperación con países como Marruecos para que sean ellos los que impidan la salida de migrantes de sus territorios.
Durante su año como ministro, Grande-Marlaska se ha implicado a fondo en esta cuestión. En agosto de 2018, creó un mando único operativo para coordinar la inmigración en el Estrecho y reactivó los trabajos del Comité Especializado de Inmigración. En los últimos meses también ha visitado Argelia, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Costa de Marfil y Ghana. «El viaje a estos cuatro últimos países subsaharianos ha sido el primero de un ministro del Interior español», precisan desde el ministerio, donde también han recibido a delegaciones africanas.
Durante los últimos años, España ha trabajado con estos países africanos para reforzar sus equipos policiales, ya sea con formación o con material. La crisis de los cayucos de 2006, en la que unas 39.180 personas llegaron a Canarias en 515 pateras, supuso un antes y un después e inició un periodo de trabajo con los estados de origen y tránsito. En 2017, una respuesta parlamentaria del Gobierno a EH Bildu reveló que desde ese año, el Estado español había destinado 168 millones de euros para Mauritania y Senegal.
El gobierno de Sánchez ha continuado con esta política. En Mauritania hay actualmente 25 efectivos de la Guardia Civil trabajando con las fuerzas locales y se ha donado a Senegal 22 vehículos, por citar un par de ejemplos recientes.
Un riego de millones para Marruecos
Sin embargo, el trabajo con Marruecos ha sido especialmente intenso. El ministro también ha reactivado los trabajos del Grupo Permanente sobre Migración Hispano-Marroquí para tratar cuestiones como «la vigilancia de fronteras, la lucha contra el tráfico ilegal de personas o el impulso de canales seguros y ordenados de inmigración legal a través de medidas como la gestión colectiva de contrataciones en origen», tal y como especifican las citadas fuentes.
En paralelo a las acciones bilaterales, el gobierno español ha insistido ante las instituciones europeas en la necesidad de situar la inmigración como un elemento prioritario de la agenda política de la Unión Europea. De hecho, España también ha defendido en los foros europeos la importancia estratégica de Marruecos en el control de las fronteras, logrando que en octubre de 2018 se prometieran 140 millones europeos para este país.
Esta gestión tiene su eco en decisiones como la que el pasado 5 de julio tomó el Consejo de Ministros, que autorizó la contratación de vehículos para la vigilancia fronteriza para Marruecos por un importe de 26 millones de euros, sacados del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para la Estabilidad de África.
El pasado 19 de julio, el Gobierno también aprobó usar el Fondo de Contingencia para financiar un «suplemento de crédito» de 30 millones de euros para Interior para «contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes» para luchar contra la inmigración irregular, «el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos».
El resultado de estas medidas es que además de disminuir las llegadas por mar, también han bajado las entradas por tierra en un 17,3%. Si hasta el 31 de julio de 2018, habían llegado a Ceuta y Melilla 3.959 migrantes por esta vía, en el mismo periodo de este año se han quedado en 3.274 personas.
La visión de las organizaciones
«El dinero se está invirtiendo en reforzar la frontera en la parte marroquí. Las concertinas no se han quitado, Marruecos ha empezado a construir su propia valla y ahora tienen unos barracones para el ejército marroquí. Han metido más policía, todoterrenos, caballos…», explica Ana Rosado , del área de Migraciones de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). La investigadora también denuncia que en Marruecos «se hacen continuas redadas en barrios con población subsahariana».
Las ONGs tienen una visión crítica de la política migratoria que desarrollan los países de la UE, incluida España. Rosado también se queja hasta de la «falta de transparencia» que dificulta que estas organizaciones puedan rastrear y controlar la acción de los gobiernos: «Existe una opacidad impresionante. Hay veces que nos dicen que no nos pueden dar ciertos datos por seguridad», asegura Rosado.
Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) esta cooperación con los países de tránsito tiene consecuencias letales: «Ha provocado que las rutas migratorias cada vez sean más peligrosas y cada vez con mayor número de personas fallecidas en proporción con el número de llegadas». Como ejemplo, ponen el acuerdo firmado entre la UE y Turquía que hizo descender las llegadas a Grecia o la política de «puertos cerrados» de Italia.
Con el Open Arms aún sin un puerto seguro, desde CEAR alertan de que «en los últimos meses se están produciendo situaciones muy preocupantes» que solo han aumentado la incertidumbre y la agonía entre las personas migrantes y refugiadas.