El jueves 12 de diciembre, el Presidente de la Generalitat de Catalunya anunció el contenido de las preguntas que intentará que se realicen el 9 de noviembre en el referéndum que se promueve bajo el nombre de «derecho a decidir», y que consiste en que se le pregunte a la ciudadanía española censada en Catalunya […]
El jueves 12 de diciembre, el Presidente de la Generalitat de Catalunya anunció el contenido de las preguntas que intentará que se realicen el 9 de noviembre en el referéndum que se promueve bajo el nombre de «derecho a decidir», y que consiste en que se le pregunte a la ciudadanía española censada en Catalunya si desea que Catalunya sea o no un Estado, y en el caso de que desee que sea un Estado, si desea que este sea o no independiente. Independientemente de lo acertada o desacertada que sea la fórmula escogida para preguntar a la ciudadanía (y tiene mucho de desacertada), el hecho es que ha iniciado un proceso con muchos interrogantes, oportunidades y también riesgos.
El primero de ellos es que es probable que dicha consulta no se realice. Los establishments políticos y mediáticos españolistas, basados en la capital del Reino, Madrid, no querrán que se haga el referéndum, pues según ellos, este establecería un precedente que rompería con su concepción de España, que queda plasmada en la Constitución, concepción que, además, está garantizada por el Ejército, es decir, por la fuerza física militar (léase la Constitución y verá los capítulos donde aparece esta visión de España). Se ignora, en la constante apelación a la Constitución por los que se oponen a la consulta en Catalunya, que esta Constitución fue resultado de un proceso de transición inmodélico, vigilado y supervisado por el Ejército (heredero del Ejército golpista), proceso enormemente desigual en el que las derechas (en realidad, las ultraderechas) controlaban los aparatos del Estado y las izquierdas, que habían liderado las fuerzas democráticas, acababan de salir de la clandestinidad. Resultado de este enorme desequilibrio de fuerzas, la democracia española configurada en la Constitución es sumamente limitada, que no acepta ni la plurinacionalidad del Estado español ni facilita la participación de la ciudadanía en el proceso de decisión a través de formas de democracia directa tales como referéndums o consultas populares (Ver mi artículo «En defensa de Joan Coscubiela y el derecho a decidir». Público, 12.12.13).
Un indicador de tal limitada democracia es la negativa a la consulta en Catalunya, la cual, por cierto, no es vinculante, sino meramente informativa. De permitirse, sería la primera vez que a la población de Catalunya se le hace una pregunta directamente sobre un tema que es de gran importancia para ella (subrayo que una consulta es diferente a un referéndum sobre un Estatuto, por ejemplo). Ahora bien, es probable que se prohíba. Y es precisamente esta prohibición y resistencia a la expresión de un deseo democrático que, en el caso de que se hiciera, es más que probable que entre los votantes en esta propuesta saliera la independencia como la alternativa preferida. Ello sería resultado del enorme hartazgo de grandes sectores de la población en Catalunya hacia aquel establishment político y mediático españolista, gran defensor del Estado español actual. Este establishment monopoliza el entendimiento de lo que es España, y rechaza cualquier otra versión de España distinta a la que ellos tienen. De ahí que gran parte de los catalanes que votarían estarían motivados por dicho hartazgo, ejerciendo su voto en contra del Estado español, que no es lo mismo que votar contra España (como maliciosamente se presenta por los nacionalistas españolistas). En realidad, el hecho más notable de la consulta, en caso de que se celebrase, sería precisamente el elevadísimo número de no independentistas que votarían a favor de la independencia. No hay comprensión (por parte de aquel establishment españolista) del nivel de rechazo que existe, repito, no hacia España, sino hacia el Estado español, centro, precisamente, de aquel establishment. De hecho, la mayoría de la población española también rechaza al Estado español cuando expresan su desacuerdo con el eslogan del movimiento 15-M «no nos representan».
El tema nacional instrumentalizado por las derechas
Ni que decir tiene que las derechas (en realidad las ultraderechas) españolas estimularán el tema nacional, presentándose -como siempre han hecho- como las defensoras de España (que es su versión de España), postura que les será muy rentable políticamente. Y un tanto semejante ocurrirá -como ya está ocurriendo- en Catalunya, donde las derechas catalanas (CiU) también intentarán capitalizar aquel rechazo hacia el establishment españolista, ocultando en esta movilización su propio ataque frontal al Estado del Bienestar, tal como he mostrado en mis trabajos (ver mi artículo «¿Quiénes son los superpatriotas?» en El Triangle 16.12.13). En definitiva, lo que veremos todo este año próximo será la centralidad del tema nacional a costa del tema social.
Lo que nos espera, pues, es todo un año en el que toda la atención mediática se centrará en este tema, olvidándose del tema central, tanto en Catalunya como en España, que es el gran deterioro del bienestar social y calidad de vida de la población española y catalana. Esta atención beneficiará enormemente a las derechas españolistas y catalanas, cuya alianza en los temas económicos y laborales es responsable de dicho deterioro, y que, para mayor inri, utilizarán los sentimientos nacionalistas a favor de sus posturas, a fin de ocultar la trágica realidad social en la que se vive a los dos lados del Ebro.
¿Quién tiene la responsabilidad de que esto ocurra? ¿Por qué el tema nacional se ha convertido en el tema central ocultando el tema social?
La respuesta que el establishment españolista da a esta pregunta es que la culpa la tienen los nacionalistas catalanes, que nunca están satisfechos con lo que tienen y que, instrumentalizando los medios, están ahora radicalizando y movilizando a la población, pidiendo la independencia. Su solución es cerrarles el paso y no ceder en nada más, hasta que se desinflen. Ni que decir tiene que el nacionalismo españolista nunca reconocerá que, en realidad, es este establishment españolista y su nacionalismo asfixiante el que ha creado como reacción y rechazo un tsunami en Catalunya. Y, sin embargo, los datos están ahí para el que los quiera ver.
Hace ya muchos años, cuando volví del exilio, indiqué que las derechas españolas (que son ultraderecha en el abanico partidista europeo) se estaban cargando a España, y ello con la ayuda de las izquierdas gobernantes (véase mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país). La falta de reconocimiento de la especificidad nacional de Catalunya, diluyéndola en las diecisiete comunidades autónomas, había creado una dinámica que destruiría España. Y lo están consiguiendo. El Estado español está desvertebrado, con un gran número de gobiernos autonómicos. Y ello, al lado de una falta de reconocimiento del hecho de que España es un país plurinacional. La resistencia a reconocer a Catalunya como nación, con identidad propia, explica el Estado de las Autonomías. Esto es obvio y claro, como varios protagonistas de la transición me lo han comunicado (lamentablemente, siempre confidencialmente, sin que aparezca en sus memorias).
Detrás de esta supuesta descentralización de las comunidades autónomas había una visión uniformadora y centralizadora del Estado, fiel reflejo de una versión de España, que es indivisible y uniforme. Ello creó el «café para todos». Cualquier rasgo identitario distinto al suyo era diagnosticado como «nacionalismo», ocultando que su propio nacionalismo españolista era el más dominante. Alfonso Guerra, uno de los principales representantes de esta visión de España dentro de las izquierdas gobernantes, había incluso denunciado a José Montilla, presidente socialista de la Generalitat de Catalunya, y a la altamente popular Manuela de Madre, dirigente del PSC, por estar contaminados «de nacionalismo catalán» por cuestionar esta visión uniformizadora y autoritaria de España. Es interesante señalar que las mismas voces que defendían con toda altisonancia la «unidad de la patria» (detrás de cuyo eslogan estaba su visión centralizadora de España) permanecían calladas frente al ataque a la España social que estaba ya ocurriendo bajo el gobierno socialista. Nunca vi ni oí a los grandes defensores de la «unidad de España» en el PSOE criticar en público las políticas neoliberales del gobierno Zapatero, al cual le exigían, en cambio, una gran rectitud nacional.
Ahora bien, si las Cortes españolas hubieran aceptado el Estatuto aprobado por el Parlament catalán, no habría hoy la agitación nacional que estamos viendo, ni el independentismo hubiera adquirido la fuerza que tiene. Y España estaría hoy agitada en contra de los ataques a la España y a la Catalunya social. Pero esta visión de España no aceptó el Estatut aprobado por el Parlament catalán. Todo lo contrario, lo «cepilló» (término que utilizó Alfonso Guerra) para adaptarlo a la Constitución, la misma Constitución que, resultado de las presiones del Ejército y de la Monarquía, había añadido unas cláusulas que impedían el surgimiento de otra España distinta a la que el Ejército y la Monarquía proponían. Dichas presiones han sido señaladas por autores de la Constitución, como Solé Tura, y reconocidas últimamente en las últimas declaraciones de Felipe González en El País (06.12.13). El que fue Presidente de España indicó que no se hizo otra Constitución porque el contexto político no lo permitía. ¡Por fin se habla claro! Lo que es sorprendente e incoherente es que aquellos demócratas hoy continúen utilizando la misma Constitución (que se reconoce fue vigilada también por el Ejército) y el Tribunal Constitucional para prohibir elementos claves del Estatuto de Catalunya, incluso después de que hubiera sido aprobado por la población en Catalunya en referéndum. ¿No se daban cuenta, mientras estaban haciendo todo esto, de las consecuencias que tendría lo que estaba ocurriendo? ¿No sabían lo profundamente humillante que era todo este proceso? Y, para más inri, todo ello lo atribuyeron a un supuesto «complejo de victimismo en Catalunya». Estaban destruyendo España y ni siquiera se daban cuenta de ello. Y todo ello para defender sus privilegios. Hoy se está haciendo igual. En lugar de apoyar el ejercicio directo de la democracia, están azuzando el nacionalismo españolista que beneficia predominantemente a las derechas. La estridencia nacionalista de los superpatriotas a los dos lados del Ebro oculta e intenta esconder el desastre social que están causando.
El error de las izquierdas
Por otra parte, el error de las izquierdas en Catalunya fue precisamente aceptar la dicotomía de los temas, nacional versus social, permitiendo que las derechas captaran el tema nacional y centrándose las izquierdas en lo social. Este hecho fue acompañado con la renuncia al enorme impulso transformador que había supuesto la lucha antifascista liderada por las izquierdas, las cuales (hegemonizadas por el PSUC en Catalunya) siempre articularon lo social con lo nacional, hecho reconocido incluso por los partidos de la derecha catalana. Esta renuncia ha creado un enorme vacío que ha sido ocupado por las derechas que, controlando la bandera, tienen la capacidad movilizadora.
Pero también cabe recordar que tal articulación de lo nacional con lo social había sido también una característica de las izquierdas españolas, tanto del PSOE como del PCE, a lo largo de su historia. ¿O es que no se acuerdan de que el PSOE, en su Congreso de Octubre de 1974 en Suresnes había aprobado (cuando Felipe González y Alfonso Guerra tomaron el liderazgo del PSOE) que «la definitiva solución del problemas de las nacionalidades que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento del derecho de autodeterminación de las mismas, que comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español»? (resolución sobre nacionalidades. Texto 1). Y más tarde, en el 27 Congreso del PSOE en diciembre de 1976, se aprobó que «el Partido Socialista propugnará el ejercicio libre del derecho a la autodeterminación por la totalidad de las nacionalidades y regionalidades que compondrán en pie de igualdad el Estado federal que preconizamos… La Constitución garantizará el derecho de autodeterminación», manteniendo que «el análisis histórico nos dice que en la actual coyuntura la lucha por la liberación de las nacionalidades…… no es opuesta sino complementaria con el internacionalismo de la clase trabajadora».
Pues bien, todo ello desapareció como consecuencia de la presión de la Monarquía y del Ejército y, en su lugar, se aprobó que no pudiera realizarse dicha autodeterminación, asignando al Ejército la labor de garantizar que este derecho no existiera. ¿No ven la incoherencia de su postura? Y ha sido su incoherencia la que ha dado como resultado una situación que parece irresoluble en los parámetros actuales y que está beneficiando en gran medida a las fuerzas conservadoras responsables del desastre económico y social.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.