Es de imaginarse que ocurriría si en algún país de Latinoamericana, África o el Medio Oriente se escenificaran las constantes y multitudinarias protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre 2012 y 2013 en España, campeón internacional de huelgas y manifestaciones en estos dos últimos años. De seguro, si fuera en una nación del llamado Sur, ya […]
Es de imaginarse que ocurriría si en algún país de Latinoamericana, África o el Medio Oriente se escenificaran las constantes y multitudinarias protestas antigubernamentales que tuvieron lugar entre 2012 y 2013 en España, campeón internacional de huelgas y manifestaciones en estos dos últimos años.
De seguro, si fuera en una nación del llamado Sur, ya la Unión Europea (UE) hubiera demandado la dimisión del mandatario, mientras Estados Unidos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) u otras internacionales a su servicio, incluida la ONU, estuviera tramitando una condena, y hasta una eventual intervención armada.
Sin embargo, en el caso de España, ni la UE ni Washington han dicho una sola palabra sobre el caos que se vive en esa nación ibérica, enfrentada a una crisis económica profunda, sin vislumbrarse una salida, al tiempo que los niveles de desempleo, 6 millones, y la pobreza se disparan, y los recortes sociales son cada vez mayores.
No hay un solo sector español que no haya protagonizado protestas contra el desgobierno del derechista presidente Mariano Rajoy, quien además junto a sus más cercanos colaboradores del oficialista Partido Popular (PP) está envuelto en un escándalo de corrupción que ha agravado el panorama político en ese país.
Rajoy y sus «amigotes» se han llenado los bolsillos con dinero sucio a través de pagos irregulares, mientras el país atraviesa la peor situación socioeconómica de los 30 últimos años, lo que ha generado un incremento del descontento popular.
Pero aún peor, los corruptos del ejecutivo de Rajoy, sin el menor escrúpulo, han amenazado con demandar y enjuiciar públicamente a quienes los acusan de robar del erario público.
Respondiendo a esa conducta agresiva del PP, un analista de una televisora española subrayó que si el gabinete derechista inicia esos procesos judiciales, no les alcanzarían los fiscales y los juzgados del país porque son todos los ciudadanos de ese Estado europeo quienes los han denunciado de corruptos.
Las amenazas de los colaboradores de Rajoy se unen a la represión policial, las torturas y las detenciones escenificadas en España en los últimos tiempos que constituyen flagrantes violaciones de los derechos humanos, silenciadas por sus «aliados» de Estados Unidos y la UE.
La conducta de doble rasero del llamado Grupo de los 27 y de la administración norteamericana se ha visto claramente evidenciada una vez más ante los acontecimientos en España, que, por cierto, pueden desembocar en un conflicto de graves consecuencias.
Sin embargo, la Casa Blanca y los regímenes de los países, también en crisis, miembros de la UE mantienen su sordera ante la algarabía española, lo que de seguro no harían si ello ocurriera en Latinoamérica, África o el Medio Oriente.
Como reza un refranero popular, otro gallo cantaría, en este caso gritaría, si fuera una nación del Sur el escenario de los hechos actuales en España. El homologo de Rajoy ya hubiera sido obligado a dimitir, o quizás juzgado o asesinado.
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