La libertad de conciencia es fundamento de los Derechos Humanos. El laicismo promueve el ejercicio de esa libertad en condiciones de igualdad.
Cada 9 de diciembre celebramos el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. En ese día de 2023 se cumplen 118 años de la ley que proclamó la separación entre las Iglesias y el Estado en Francia, y 92 años de la aprobación de la Constitución de la II República Española, la única verdaderamente laica de la historia de España.
A aquella etapa de esperanza democrática y laica en nuestro país le siguió, tras el triunfo del golpe fascista de 1936, otra funesta, la de la dictadura franquista. Lamentablemente, la Constitución de 1978 no sirvió para acabar con aspectos infames de aquel nacionalcatolicismo. Aunque proclama la aconfesionalidad estatal, al estipular “relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, abrió la puerta a una inaceptable confesionalidad de hecho, especialmente por la firma de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, que certificaron leoninas prerrogativas económicas, educativas y de otros tipos para la Iglesia católica.
Desde entonces, ha habido importantes avances en derechos civiles y políticos, pero los sucesivos gobiernos han carecido de voluntad política para terminar con los rasgos confesionales del Estado. En el terreno económico, es inaceptable que la Iglesia católica reciba del Estado unos 12.000 millones de euros anuales. ¿Cuántas necesidades ciudadanas, en Sanidad, educación, pensiones, etc., podrían atenderse con esa suma? Mientras no se ponga fin a ese sangrado de las arcas del Estado, la ciudadanía puede contribuir, al menos, no marcando las casillas del IRPF: ni la de la Iglesia ni la llamada “de fines sociales”. La satisfacción de las necesidades sociales no debe venir de un mercado de la caridad sufragado en último término por el Estado, sino que este debe atenderlas mediante la justicia social.
Apremia asimismo revertir las denominadas “inmatriculaciones” por las que la Iglesia católica se ha apropiado de unos 100.000 bienes públicos de un valor patrimonial y económico formidable, como la Mezquita de Córdoba, decenas de catedrales, y miles de inmuebles de todo tipo. El listado de bienes inmatriculados que realizó el Gobierno en 2021 fue un lamentable fiasco, por lo que exigimos un listado completo seguido de la reversión al Estado de los bienes de los que la Iglesia carece de título legítimo de propiedad.
También es acuciante acabar con el adoctrinamiento infantil que supone la religión –cualquier religión– en la escuela. Es intolerable que más de tres millones de niñas y niños estén siendo instruidos en contenidos dogmáticos que atentan contra el desarrollo de su autonomía moral y son, además, de carácter anticientífico, machista y homófobo. No olvidemos que la violencia de género está alentada por convicciones de ese cariz. Asimismo, es hora ya de abordar el fin de los centros de enseñanza concertados, en pro de un único sistema público de enseñanza en el que la infancia reciba una educación laica, científica y de calidad. La defensa de lo público frente a los intereses privados la extendemos a otros ámbitos, en particular a la Sanidad.
En octubre recibimos con satisfacción el avance que supuso el Informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Sin embargo, no compartimos con el Defensor que sea el Estado quien se deba hacer cargo de las indemnizaciones a las víctimas, sino la Iglesia. Tampoco es de recibo que sea ésta quien las decida, sino los poderes del Estado. Además, falta exigir que no prescriban los delitos, y la entrega de toda la información sobre abusos que posee la Iglesia, que sigue en su estrategia encubridora y minimizadora. El Informe tampoco plantea impedir que los adoctrinadores accedan a los niños y niñas como medida fundamental de prevención, pues la indoctrinación conlleva un abuso de poder que facilita los abusos pederastas.
Más allá de nuestras fronteras, rechazamos el creciente clericalismo en la política internacional, como demuestra el que se haya reservado un espacio para las organizaciones religiosas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28); se les otorga el privilegio de influir en las políticas ambientales a nivel global, que deben estar regidas por criterios racionales y científicos, comunes a todos los seres humanos. Seguimos viendo cómo distintas religiones se injieren en la política y coartan las libertades en muchos países, como Catar, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Irán, Afganistán, etc. A menudo, LGTBI y mujeres son especialmente damnificadas, por lo que apoyamos sus valientes rebeliones. Observamos cómo la manipulación de las conciencias mediante la desinformación y la extensión de los fanatismos religiosos, nacionalistas, xenófobos y étnicos, sirve para amparar las mayores desigualdades y las más atroces guerras. A menudo, promovidas por grandes intereses espurios, tanto económicos como políticos. Estos días lo estamos observando con especial crudeza en las prácticas genocidas en Palestina del autodenominado “Estado judío” de Israel, en esta ocasión como pavorosa y desorbitada respuesta al terrorismo islamista de Hamás.
Escapar al control social de las conciencias mediante la propaganda y la limitación de la libertad de expresión será cada vez más difícil debido al extraordinario auge de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías, con su doble cara; la amable y benefactora nos lleva a aceptar sin apenas resistencia la vigilante y manipuladora. Por ello es especialmente necesaria la educación emancipadora, que potencie el pensamiento crítico.
Al Gobierno que ahora inicia su andadura en España le exigimos, en pro de la igualdad, la libertad y los valores democráticos en general, el desarrollo de las medidas apuntadas, a las que añadimos el poner fin a los privilegios religiosos en los medios estatales, a la participación de autoridades en actos confesionales, y a la simbología religiosa en espacios públicos.
Sabemos que el cumplimiento de muchas de estas medidas exige la denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, así como los de 1992 con otras confesiones. Y, asimismo, una Ley integral de Libertad de Conciencia, como la que propone Europa Laica.
No caben excusas para más demoras; las fuerzas progresistas, si realmente lo son, pueden y deben demostrar progresos laicistas ya, en esta legislatura; de lo contrario, seguirán siendo cómplices de una confesionalidad que extiende hasta nuestros días el oprobio del nacionalcatolicismo.
En el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia exhortamos a las formaciones políticas y a toda la ciudadanía para lograr un Estado laico, igualitario, no sexista y, en definitiva, verdaderamente democrático.