«…Lo que se aplica es una política con cuatro constantes: austeridad, es decir, reducción de gastos sociales vitales, de salarios directos e indirectos, de pensiones y jubilaciones, de servicios colectivos, etc. Privatización, es decir, vender todo lo público, colectivo y común a la burguesía a precio de ganga, para que pueda aumentar la tasa media […]
(Iñaki Gil de San Vicente)
A vueltas con el Sistema Público de Pensiones y sus últimos ataques orquestados, habría que aclarar en primer lugar que la defensa de las pensiones públicas en toda su extensión no es sólo cosa de las personas mayores jubiladas, puesto que el sistema incluye para las personas, además de la propia jubilación a su edad correspondiente, otros tipos de prestaciones asociadas, tales como las pensiones de viudedad, orfandad, protección ante las incapacidades derivadas de cualquier contingencia, las prestaciones familiares, la maternidad-paternidad, la asistencia sanitaria y el resto de servicios sociales vinculados a todas ellas. El Sistema Público de Pensiones (en adelante, SPP) debe ser defendido por el conjunto de la clase trabajadora, pues sus múltiples manifestaciones les afectan en mayor o menor medida a lo largo del tiempo. Todo el ataque que está sufriendo el SPP está derivado de la ofensiva neoliberal que está derribando poco a poco la práctica totalidad de las conquistas de la clase obrera durante las últimas décadas. En el fondo, la idea y el objetivo que subyacen es que sea la banca privada la que asuma el rol que ahora mismo posee la Seguridad Social, y se encargue de sufragar las pensiones de los mayores. Pero lógicamente, si tenemos en cuenta la trayectoria de estas entidades y los referentes ocurridos en otros países, el panorama es ciertamente desolador.
Nosotros pensamos que ningún agente ni entidad privada puede encargarse de este objetivo, pues se trata de un derecho humano fundamental, alejado del afán de lucro y beneficio que cualquier empresa pueda lícitamente tener. Desde este punto de vista, han de ser las instituciones y organismos públicos los que se sigan encargando de ello, pero el saqueo que llevan sufriendo desde los últimos años acá nos sugiere que este asunto necesita un replanteamiento urgente. Pero metidos en harina, también nos damos cuenta de que el SPP no puede sufragarse con ocurrencias como nuevos impuestos (como el sugerido recientemente por el PSOE para gravar las transacciones financieras, que además es un carro al que se ha subido tarde y mal), ni ordinarios ni extraordinarios, pues todos ellos dependen del nivel de recaudación que el Estado pueda hacer sobre ellos. El SPP es demasiado importante como para depender de los vaivenes del mercado, ni de la recaudación de cierto tipo de impuestos que contribuyan a las arcas públicas. Pero es evidente que la precariedad del mundo laboral actual (temporalidad, bajos salarios, escasa protección social, etc.) y los altos niveles de paro generados no pueden aportar las cantidades suficientes como para que el SPP sea sostenible. ¿Cuál es, entonces, la solución? Evidentemente, y en primer lugar, volver a reconstruir un mundo de relaciones laborales que ha sido prácticamente destruido mediante las últimas Reformas Laborales (tanto de PP como de PSOE), anulando el poder sindical y la negociación colectiva, y vinculando todo el poder y la hegemonía a las organizaciones empresariales.
Pero aún nos quedaría alguna inseguridad en la financiación del SPP si lo derivamos todo y siempre al mundo laboral. Un mundo laboral fuerte, estable y con derechos, con bajas tasas de paro, permitiría por sí mismo, de entrada, anular las peligrosas incertidumbres que se ciernen sobre el SPP, pero todavía deberíamos dar alguna vuelta de tuerca más para asegurar definitivamente el sistema. Durante los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha sido alarmante, pues mientras el IPC ha seguido su curso, la revalorización de las pensiones públicas no se ha desviado del 0,25% contemplado en el Decreto que las regula. Por tanto, se necesita en primer lugar revalorizar las pensiones a niveles dignos, y la sola vuelta del mundo laboral a sus condiciones anteriores (cosa que aún está por ver) no sería quizá garantía para poder alcanzar dicho objetivo. Necesitamos unificar (en el horizonte tenemos la Renta Básica Universal que aglutinaría todas las prestaciones públicas con dicho rasero) el importe de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subiendo dichos valores hasta niveles dignos. Y como decimos, hemos de colocar un nuevo factor de sostenibilidad al sistema, que despeje cualquier tipo de duda al respecto. Dichas políticas han de descansar sobre la base del pleno y escrupuloso respeto a los Derechos Humanos fundamentales, luego está claro que si el sistema actual de cotizaciones a la Seguridad Social es insuficiente (o como medida hasta que vuelva a ser suficiente), hemos de implementar una fuente de recursos proveniente de otra vía, y esa vía no puede ser otra que los Presupuestos Generales del Estado.
Porque en efecto, los PGE contemplan la financiación de múltiples partidas públicas de recursos (sueldos de todo tipo de funcionarios, por ejemplo), incluidas la financiación espuria a ciertos elementos que nosotros entendemos sobrantes, como la financiación a la Casa Real o a la Iglesia Católica, por no citar la cantidad de ingresos que se van a pagar los intereses de la demencial deuda pública que soportamos, o los presupuestos (muchos de ellos disfrazados u ocultos) destinados a las políticas de armamentos, de defensa (o mejor dicho, de ataque). La pregunta es muy fácil de enunciar: ¿cómo es posible que existan fondos para todas estas partidas, y no podamos garantizar fondos para sufragar el SPP? Pues es otro de los indecentes flecos que tenemos que soportar, sobre todo si comparamos las dificultades de toda persona asalariada o autónoma para cobrar una pensión digna, comparada con los privilegios de nuestros políticos, banqueros y grandes empresarios, que pueden compatibilizar en algunos casos hasta 3 pensiones, o cobrar la pensión máxima habiendo cotizado sólo 10 años, o autoconcederse indemnizaciones millonarias antes de liquidar la entidad, mientras a los demás trabajadores/as se les manda el mensaje de que hay que jubilarse cuanto más tarde mejor, e incluso, si se puede, jubilarse compatibilizando la pensión con un trabajo. Las vergüenzas de este injusto sistema aparecen por doquier. Se necesita imperiosamente romper con este panorama. Más que una solución mágica, lo que necesitamos es poner en marcha un conjunto de nuevas políticas que partan de la idea de asumir la sostenibilidad del sistema como absolutamente garantizada en todo momento.
No valen los cálculos demográficos baratos que nos hablan de la evolución de la esperanza de vida, porque los que nos argumentan esta falacia son los mismos que nos proponen planes de pensiones privados, o que llevan años degradando y precarizando el mercado laboral. Hay que romper con las limitaciones referidas a la financiación exclusiva a través de las cotizaciones sociales, abriendo el campo a la financiación pública a través de los PGE, y hay que crear puestos de trabajo estables y con derechos, en vez de continuar basando el discurso en mantras como los «20 millones de ocupados», que en realidad estarán ocupados en ser números de una estadística temporal. Las prioridades económicas serían restablecer el poder adquisitivo de los pensionistas (caído en picado desde 2011), devolver la vinculación de la subida de las pensiones al IPC, y sincronizar la pensión mínima con el SMI y demás prestaciones básicas, alcanzando hasta los 1.000 euros mensuales. A nivel social, necesitamos homologar nuestras cifras a los valores europeos de nuestro entorno, reducir (hasta anular) la brecha de género en las pensiones, eliminar todo tipo de co-pago (más bien re-pago) que se imponga a los pensionistas, y garantizar los servicios de suministros básicos (energía, agua, transporte…). Todo ello debe apoyarse en un conjunto de medidas legales que descansen sobre la aceptación del SPP como un derecho constitucional contemplado en los PGE, el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, que contemple la jubilación anticipada sin penalización alguna (es decir, con el 100% de la base reguladora a partir de 40 años cotizados), la integración y armonización de las cotizaciones de todos los regímenes de la Seguridad Social, y la recuperación del subsidio indefinido para las personas mayores de 52 años. Para todo ello, sólo necesitamos la voluntad política necesaria.
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