¡Qué diferencia de políticos y de gobernantes y de fiscales y de jueces si, tras el simulacro de referéndum llevado a cabo por el Govern catalán porque no había sido autorizado por el gobierno español en esta parodia de democracia (pese a ser el asunto, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, una […]
¡Qué diferencia de políticos y de gobernantes y de fiscales y de jueces si, tras el simulacro de referéndum llevado a cabo por el Govern catalán porque no había sido autorizado por el gobierno español en esta parodia de democracia (pese a ser el asunto, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución, una simple cuestión de voluntad política), el gobierno central se hubiera tomado a broma aquel simulacro o hubiese mirado simplemente a otra parte sin darse por concernido!
Y digo esto, porque podía haberlo autorizado como mera consulta, como simple sondeo no vinculante. O incluso como referéndum a escala nacional a votar por todos los españoles. Seguro es que los catalanes hubieran cedido por su carácter razonable y su pacifismo, en espera de una mayor madurez de la democracia. Así es que realizar una consulta unilateral con urnas no pasaba de ser un gesto de protesta, pues bien sabían estos políticos condenados ahora miserablemente, que no podía tener ninguna efectividad. La consumación de una hipotética independencia real de Catalunya sería complejísima. Debería pasar por un proceso de transferencias y competencias tan dificultoso o más que el Brexit británico respecto a la CEE.
De modo que este esperpéntico proceder de «los españoles» con estos siete gobernantes catalanes empezó con el «cepillado» del Estatut aprobado por su Parlament. A ello siguió el sistemático silencio ignominioso (que ni siquiera negativa) del gobierno de Rajoy quien a su vez, una sola legislatura antes, había amonestado en el Congreso a Zapatero por no llevar a cabo el dichoso referéndum. Luego vino la intervención de la Fiscalía. Para luego iniciarse un proceso durante tres meses dedicados a esclarecer hechos que eran conocidos por todo el mundo. Terminando todos estos disparates encadenados, en una condena que se hace pasar por benévola porque hubieran podido apreciar estos magistrados violencia (a pesar de que no la hubo) y sentenciar que hubo rebelión, un delito mucho más grave, en una estrategia maquiavélica gracias a la cual los condenados «deben» estar encima agradecidos.
Total, una operación monstruosa a juicio de cualquier bien pensante. Un complot sólo propio de un régimen autoritario de bajísima estofa, que ha de avergonzar al español menos partidario de la secesión de cualquier trozo de tierra de la nación española; que ha de avergonzar a los países europeos en general y que ha de abochornar a los de la Comunidad por tener en su seno a una nación cuyos gobernantes y jueces siguen ejerciendo con la mentalidad franquista. Quizá sin darse cuenta, quizá dándose cuenta pero decididos a reforzar en España el estilo de gobernación postfranquista, aunque todos ellos se hagan acreedores a la reprobación y hasta la maldición del resto del mundo…
Jaime Richart, Antropólogo y jurista.
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