Se cumple por estas fechas el primer año de Gobierno conjunto en la Junta de Andalucía, cuyo supuesto eje rector se redactó en un documento de Acuerdo Programático entre las dos fuerzas políticas gobernantes, el PSOE Andaluz (PSOE-A) e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA). El balance de este primer año de Gobierno, a mi juicio, […]
Se cumple por estas fechas el primer año de Gobierno conjunto en la Junta de Andalucía, cuyo supuesto eje rector se redactó en un documento de Acuerdo Programático entre las dos fuerzas políticas gobernantes, el PSOE Andaluz (PSOE-A) e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA). El balance de este primer año de Gobierno, a mi juicio, es tremendamente negativo. Y esto en dos vertientes: una en lo tocante al programa de gobierno en sí, que ya comentamos en la serie de artículos titulada «Acuerdo Programático para Andalucía», un acuerdo bajo mínimos, con una renuncia expresa a muchos puntos del Programa Electoral de IU-CA (como no podía ser de otra manera, al estar en clara minoría), y otra en lo tocante a la propia credibilidad de IU-CA como alternativa real de gobierno, tanto a nivel andaluz como nacional, que se está viendo muy resentida con este pacto.
En efecto, ya lo hemos venido denunciando en muchos artículos, una gran parte de la izquierda andaluza y nacional se ha mostrado crítica con este acuerdo, un conjunto muy amplio de las bases de IU-CA, que incluso crearon la Plataforma «IU por la Base», con un montón de Asambleas Locales de IU repartidas por toda la geografía andaluza. Y es que el susodicho pacto de gobierno está siendo lesivo para la izquierda en general, para los intereses de la clase trabajadora, y para la credibilidad de Izquierda Unida como organización política y social que aspira a representar una alternativa real de gobierno. Se nos vendió la idea de que con «mando en plaza» (en expresión literal de Diego Valderas) la ejecución del programa de gobierno iba a estar más controlada, pero ha supuesto como decimos un grave error, pues bajo la falacia de que aceptamos los recortes «por imperativo legal» (de nuevo en expresión de Valderas) estamos dejando a muy baja altura nuestro lema de campaña, el famoso «¡Rebélate!», que ha quedado muy desacreditado.
Lejos de representar en Andalucía un baluarte de la rebelión contra las actuales políticas del capital, de la austeridad, de la obsesión por el déficit público, por el desmantelamiento de los servicios públicos y del Estado del Bienestar y por la privatización de dichos servicios, lejos de representar una oposición clara a todo ello, en Andalucía se continúan practicando dichas políticas, sólo que con un poco más de suavidad. Se siguen despidiendo profesores, médicos, enfermeros, investigadores, interinos, se privatiza en la sombra, se aplica en última instancia la misma política, bajo la excusa del imperativo legal y de los recortes impuestos por Madrid y Bruselas. Después de la clara pantomima que representó la Comisión de Investigación de los ERE fraudulentos, ahora tenemos una cúpula del Gobierno andaluz y del PSOE-A en clara sospecha por su responsabilidad política en todo aquél asunto. Y la izquierda supuestamente real y transformadora, es decir, IU-CA, prestando su apoyo a dicho Gobierno.
Pero más allá de todo ello, nos estamos convirtiendo en Andalucía en cómplices de la política del PSOE, una política fallida y traicionera a los intereses de los trabajadores/as. En lugar de conceder un apoyo más o menos puntual desde la oposición, condicionado a las políticas concretas que se fueran aplicando, hemos cometido el error de aceptar la trampa socialdemócrata, que podríamos resumir en el lema: «mejor practicamos nosotros los recortes, que dejarlos en manos del PP». Con ello todo nuestro trabajo como fuerza de oposición y de alternativa de gobierno se va al garete, pues no podemos dar gato por liebre, ni aplicar las mismas políticas bajo un paraguas de mayor «sensibilidad social» con los afectados por la crisis. Tal como afirmamos en nuestro discurso federal, debemos hacer que paguen la crisis sus auténticos culpables, y para ello debemos demostrar la valentía y el coraje necesarios para enfrentarnos a los poderosos, en vez de aliarnos con el PSOE en la aplicación de los recortes «a la andaluza».
No podemos engañar de este modo a una ciudadanía que confía en nosotros, porque lo vamos a pagar muy caro, ya que esta política de complicidad con el PSOE puede provocar que nos arrastre en su caída. De las muchas contradicciones que nos atrapan, por dar un ejemplo claro, tenemos lo sucedido con la huelga de las limpiadoras de Centros de Estudio en Jerez. La Junta de Andalucía procedió ¡a aumentar los servicios mínimos! para «garantizar el derecho a la educación». Los mismos argumentos del PP, sólo eso bastaría para abandonar el gobierno, si fuésemos consecuentes con la defensa de los intereses de nuestra clase. Pero además, y es muy grave, compromete nuestra política de futuro. ¿Cuál es la alternativa de IU Federal al gobierno del PP? ¿La de Andalucía? ¿Un gobierno de IU en coalición con el PSOE con Rubalcaba de Presidente, cumpliendo los recortes impuestos por Bruselas por imperativo legal? Ello constituiría, como está ocurriendo en Andalucía, todo un fraude a nuestros votantes y simpatizantes, a nuestro electorado, y a las esperanzas de la clase trabajadora de este país.
Estamos dando una imagen de estar más preocupados en tocar poder y en ocupar cargos en el Gobierno y en las Instituciones que en conseguir esa fuerza alternativa, pergeñada desde y con la ciudadanía, para representar ese contrapoder que sea capaz de hacerle frente a las fuerzas neoliberales y del capital, que son las que nos gobiernan. Aún no le vemos color a un montón de promesas estrella de IU-CA, tales como la reforma agraria, la renta básica, la banca pública, el aumento de la economía social, el cambio de modelo productivo, etc. Las medidas que se toman a iniciativa de los cargos de IU son muy tímidas, casi ridículas e imperceptibles en todo el maremágnum de recortes que tenemos que soportar. Tómese como ejemplo la medida impulsada recientemente por la Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el sentido de instar a los jueces andaluces a prohibir taxativamente el deshaucio en las primeras viviendas durante el período que va de septiembre a marzo, para que las personas deshauciadas no se vean expuestas a una meteorología que pueda afectar a su salud. Aunque es cierto que también prohíbe el lanzamiento de familias que tengan entre sus miembros a desempleados, menores a su cargo, mayores de 65 años, o dependientes.
Por lo demás, todo pretende ser arreglado mediante la interposición de recursos al Tribunal Constitucional, mientras la población se desangra diariamente por el empobrecimiento masivo, el paro y los recortes. Y a estas alturas, la Junta de Andalucía continúa debiendo a sus proveedores, agobiada por la exigencia del Ministro Montoro en cuanto al cumplimiento de los objetivos de déficit. Parece que la «rebelión» a que llamaban a sus votantes era puro eslógan vacío y mojado. El desempleo en Andalucía continúa siendo de los más altos, superando con creces la media nacional, y el resto de políticas públicas se ejecutan por la Junta con total seguidismo del Gobierno Central, por mucho que Rubalcaba ponga al Gobierno de Griñán como continuo ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de otra forma. Desde el sector crítico de la izquierda nos seguimos preguntado ¿Qué hace IU-LV-CA en la Junta? ¿Aplicar su programa, ser fiel a su ideario, o gestionar las migajas que le conceden PP y PSOE? Exigimos por enésima vez la retirada del gobierno de la Junta de Andalucía de todos los Consejeros y altos cargos de IU, para recuperar la credibilidad perdida y poder hacer frente a las políticas neoliberales con la cabeza bien alta, y representado de verdad a los de abajo. De otro modo, traspasaremos una frontera muy difícil de recuperar.
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