Revisado por Caty R.
En sólo dos horas quedó visto para sentencia: cuatro años de cárcel, doce euros diarios durante 15 meses y 5.600 euros de multa; ésta es la descabellada petición de la fiscal. Así de fácil.
El primer policía testigo de la acusación contradice (o miente) respecto a lo que dice el segundo. El tercer policía que declara dice que llegó tarde y filmó, pero no sabe muy bien qué, ni puede describir nada concluyente. El cuarto da cuenta de sus investigaciones acerca de lo sucedido en el Acuario, a varias millas de los hechos, y recoge todo lo que encuentra: dos mechas y restos de volador, sin relación con los acusados. Transcurrida más de una hora de juicio, dos Tedax, los expertos en explosivos, declaran que no son explosivos sino petardos y voladores, pero se adentran en el campo de la especulación y declaran que los voladores estaban «manipulados» pues al quitarles la mecha y la pólvora que los hace subir se quedan convertirlos en petardos.
Paradójicamente, mientras que los testigos no deben comunicarse en ningún momento, los seis policías entran y salen por la misma puerta a unas dependencias interiores.
Durante todo el juicio se habló de explosivos pero en ningún momento hubo la más mínima duda de que se utilizaron voladores y petardos. A cualquier trabajador del astillero -hasta el más tonto, con perdón- de los que participaron en ésta y en tantas movilizaciones habidas desde los ochenta, si quisiera hacer daño como dice la fiscal, le sobrarían conocimientos y recursos pues por ejemplo cualquier gas, comprimido o no, con los que llevan años trabajando, podría aterrorizar a media Bahía. Nunca lo hicieron y en este caso tampoco, a pesar de la insistencia de la fiscal.
El primer policía dice que Carnero entró por la «puerta lateral» del astillero y delante de él se quito la capucha, mientras el segundo policía dice que fue por la «puerta principal». Es decir, a los encapuchados se le ocurre descubrirse a escasos metros de la escena, precisamente delante de la policía secreta a cuyos miembros conocen más que de sobra y en especial al primer policía quien no dejó de contradecirse (o mentir) cuando dijo que no es de aquí, que no conoce la zona, pero en cambio sí conoce a los encausados en mitad del barullo, como si éstos no le conocieran a él perfectamente, como al resto de los policías, para delatarse tan estúpidamente.
Los policías, incluido el primero, insisten en que el cajetín fue reventado con un artefacto explosivo. Es absolutamente falso. El cajetín se quedó colocado en la columna, la puerta sí se rompió y los cables y la regleta del interior se arrancaron. Ninguna parte del cajetín tenía señales de haber sido explotado, con lo fácil hubiera sido probarlo, pero son mejor las inculpaciones gratuitas.
En cambio la fiscal en las conclusiones se vuelve a cebar con el uso de explosivos y el peligro que supuso para los ciudadanos, lo que agrava la pena; e insiste y concluye que la sanción se incrementa porque según dice -se inventa- «no son lo mismo explosivos que petardos», «el empleo de explosivos en la vía pública es un peligro abstracto» y finaliza con que «no concurre arrepentimiento, reparación…»
Un funcionario se presenta en el juicio como «notificador» del Ayuntamiento, pero el trece de enero de 2006 lo hizo en el Juzgado de Instrucción nº 1 ante el Secretario Judicial y declaró bajo juramento o promesa decir la verdad compareciendo como representante legal del Ayuntamiento. A esto se le llama perjurio o prevaricación, aparte de que está claro que ha sido el chivo expiatorio del Ayuntamiento, de su jefe de personal y del director letrado, quienes intervinieron en este enredo municipal por escrito.
Para acabar con los despropósitos, el representante de Sice, la empresa concesionaria de la señalización, presenta una factura hinchándola con la reparación de los semáforos y dando una valoración de un simple cuadro eléctrico que a cualquiera se le antojará desmesurada.
El testimonio de los testigos citados por la defensa es preciso y concreto. El jefe de taller del astillero afirma que estuvo con Carnero vestido de calle y sin casco en la «puerta principal», que por estar en el paro no podía acceder a los vestuarios. Lo mismo declara el Presidente del Comité de Empresa. Un fotógrafo de La Nueva España, serio y escueto, declara que no se colocó ningún explosivo en la caja, que los petardos (no explosivos) se tiraban por el suelo y sólo puede constatar la presencia de tres personas encapuchadas y con ropa de trabajo a los que no puede reconocer y de Morala en ropa de calle que no participó. Una declaración similar hace el reportero de la agencia Efe y además entrevistó a Carnero lejos del lugar de los hechos.
Con ocho policías antidisturbios en la sala y otros tantos en la puerta se celebró la «audiencia pública» con la presencia de nueve medios de comunicación acreditados, diez miembros del Comité de Empresa del astillero y media docena de personas más. Docena y media de furgones policiales custodiaron la integridad física de los participantes y de más de dos mil personas a la puerta de los juzgados. La integridad de los derechos no parece estar tan protegida, al menos por el número de efectivos.
El juicio va contra un sindicato, CSI, y contra sus dirigentes, molestos testigos y peores referentes -para el sindicalismo cómplice al uso- que no se plegaron ante el pelotazo urbanístico cuyas edificaciones rodean -asfixian- ahora al propio astillero, incluyendo el mismo edificio donde los han juzgado y al que volverán el día doce a otro juicio por otra movilización.
En cambio no hay juicio para los promotores ni para los beneficiados del desmantelamiento industrial que está hormigonando la Bahía, ni para la coalición del gobierno municipal o autonómico del PSOE-IU, artífices de las recalificaciones, ni para las inmobiliarias, o los propios sindicatos CCOO y UGT enmudecidos -cómplices- ante este juicio y ante el desmantelamiento laboral.