La Comunidad de Madrid está realizando un estudio estadístico de afectados
El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid está realizando un estudio estadístico sobre los fallecimientos de bebés que se produjeron en la Maternidad de O’Donnell entre 1961 y 1971 con el objetivo de «ponerlo a disposición» de las personas que creen que sus allegados pudieron ser robados y entregados en adopción a otras familias.
Así consta en una carta que la jefa de Área de Coordinación del Centro Archivo Regional, Nieves Sobrino, dirigió el pasado 13 de diciembre a la Plataforma ‘Grupo de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados’ y que este colectivo ha entregado este martes al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, con el que han mantenido un encuentro.
En la misiva, que los afectados quieren hacer llegar al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la responsable del Archivo Regional destaca que el objetivo de este trabajo es hacer llegar los datos a los afectados y «enviarlo a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que, a la vista de la información que se haya obtenido, estudien y determinen si existe oportunidad y pertinencia para remitirlo a los órganos judiciales que sean competentes en esta cuestión».
300 denuncias
Sobrino también traslada a la portavoz de la plataforma, Mar Soriano, una fotocopia despersonalizada de la hoja completa en la que se recoge el caso de su hermana, que habría fallecido en enero de 1964 en la antigua Maternidad Provincial de Madrid a causa de una otitis.
En su escrito pone de manifiesto las «dificultades» que tiene la realización de este estudio, que se está realizando «de oficio», aunque asegura que «se ven contrarrestadas por la ilusión del personal que lo lleva a cabo». En este sentido, muestra su compromiso por «establecer mecanismos» para que todas las personas que se encuentren en esta situación -300, según las cifras manejadas por la asociación- «puedan acceder a cuanta información sea posible».
Durante la reunión, que los afectados han calificado de «muy cordial», Zaragoza ha recordado que ha pedido al Ministerio de Justicia la creación de una oficina encargada de coordinar las denuncias por el robo de niños durante el franqusimo hasta principios de los años ochenta, así como la adopción de normas reglamentarias precisas que faciliten la investigación de los hechos en la vía administrativa.
El máximo responsable del Ministerio Público en la Audiencia Nacional mantuvo un encuentro el pasado 22 de noviembre con los afectados, a los que manifestó que este asunto «revestía importantes dificultades técnico-jurídicas» para considerar a la Audiencia Nacional competente en este asunto.
Investigación en Cádiz
La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha dado la orden a los agentes de la Policía Judicial para que investiguen las denuncias sobre casos de niños recién nacidos robados en el franquismo.
Tras recibir a las familias denunciantes, Ángeles Ayuso ha informado a Efe de que se ha dado la orden «después de estudiar durante un periodo largo de tiempo si el supuesto delito había prescrito».
Para ello se ha puesto en contacto con otros casos denunciados en Algeciras y Granada «aunque sigue estando muy dudosa la posibilidad de que hayan prescrito».
Fuentes de la Fiscalía explicaron que, desde el pasado verano y especialmente a raíz de que otros casos similares fueran hechos públicos, la fiscalía de Cádiz ha recibido al menos diez denuncias, en su mayoría referidas a bebés que nacieron en el franquismo «en una horquilla de tiempo bastante amplia» en la antigua residencia sanitaria Fernando Zamacola de Cádiz, que desapareció en 1975.
En la mayoría de las denuncias, según las mismas fuentes, los familiares sostienen que, tras los partos, no dejaron a los padres ver a sus hijos y aseguran que nacieron sanos y que luego les comunicaron que habían fallecido.
Otras diez denuncias en el mismo sentido han sido presentadas en la fiscalía de Algeciras, que el pasado junio abrió de oficio diligencias para investigar los hechos, que actualmente están siendo investigados por la policía judicial.
Tras la apertura de la investigación, los agentes de la Policía Judicial tomarán declaraciones a cada uno de los denunciantes; no obstante, Ángeles Ayuso ha querido matizar que todos los casos se tratarán a priori de «manera independiente porque cada caso es distinto».