En realidad, todos los partidos de España impulsan o pretenden impulsar un proceso constituyente. Por supuesto, también el PP, otra cosa es que tal proceso no sea democrático y se oculte su naturaleza. Quisiera dejar unas reflexiones sobre los modelos de Proceso Constituyente que se nos plantean y cómo utilizan una mala comprensión de la […]
En realidad, todos los partidos de España impulsan o pretenden impulsar un proceso constituyente. Por supuesto, también el PP, otra cosa es que tal proceso no sea democrático y se oculte su naturaleza.
Quisiera dejar unas reflexiones sobre los modelos de Proceso Constituyente que se nos plantean y cómo utilizan una mala comprensión de la idea de representación para encubrir un sistema antidemocrático que incapacita al pueblo.
Antes que nada necesito establecer unas bases para ubicarnos. La democracia es, como sistema político, ese en que el pueblo es reconocido como un sujeto político activo y pleno, y actúa efectivamente en política como tal, lo que requiere el reconocimiento institucional y normativo de la capacidad de los grupos que componen al pueblo.
La mayoría de los sistemas políticos de la tradición hegemónica occidental han tenido al pueblo, y a la mayor parte de grupos sociales, como objetos de la política o como sujetos incapaces. Las instituciones y los conceptos políticos que hemos heredado de esta tradición reproducen esa incapacitación.
Hace poco más de un siglo, los grupos excluidos en esa tradición comenzaron a protagonizar levantamientos exitosos (el levantamiento de los nadies). Esto inicia la exigencia y construcción de democracia tal y como hoy la entendemos (hoy no llamaríamos democracia a un sistema representativo censitario como los burgueses), la construcción de sociedades sin privilegios ni incapacitación de las mayorías. Pero las minorías privilegiadas que ocupan los poderes político-financieros, intentan reconstruir la sacralidad de sus prerrogativas más allá de la capacidad del pueblo para impugnarlas, y tratan de devolver al pueblo a una situación de incapacitación política (al menos, respecto a la posibilidad de anular o cambiar los privilegios como pilares del poder de estas minorías), reconstruyendo las bases de la legitimidad de su obediencia a las instituciones existentes. El neoliberalismo es un proceso contra lo que Huntington llamó el «exceso de democracia», que era el levantamiento de los grupos tradicionalmente excluidos, lo que debería ser el auténtico significado democracia.
Para mí, el 15M o los movimientos sociales y ciudadanos actuales son parte de este levantamiento y de la construcción del significado democracia: la acción política directa del pueblo como un sujeto político capaz.
Contra esta construcción de democracia que ha estallado en España en los últimos años, se nos interponen ahora dos procesos constituyentes antidemocráticos que reeditan, con matices, las bases de la incapacitación del pueblo desde el propio proceso constituyente y tratan de reconstruir la legitimidad de la posición de obediencia del pueblo y además, buscan imponer más allá de cualquier decisión democrática estatal los privilegios de las minorías más poderosas.
La cuestión clave, a mi modo de ver, es que ambos procesos pretenden reeditar la incapacitación del pueblo como «democracia», en ambos casos, basándose en el pésimo uso y comprensión que se ha impuesto de la idea de representación (que lleva a confundir gobierno representativo tutelar con democracia). Una idea que debería servir para ampliar la capacidad del pueblo, pero al utilizarse de forma tan errónea, es la herramienta perfecta para usurparle su poder e incapacitarlo, ¡en su propio nombre!. Necesitamos entender qué es la representación.
En el fondo, el TTIP, a pesar de suponer una nueva legitimidad que no podría llamarse «democrático» ni siquiera en el sentido vacío e incapacitante del pueblo (antidemocrático) hegemónico, en última instancia, requiere la aceptación de los representantes como tutores: el pueblo debe ser incapacitado para que el representante ejerza el poder en su nombre sin que el pueblo pueda actuar ni controlar al representante, sino tan solo obedecer y debiendo aceptar los tratados firmados como si fuera la voluntad del pueblo dado que este no puede cuestionarlo al estar incapacitado.
TTIP: EL MAYOR PROCESO CONSTITUYENTE ANTIDEMOCRÁTICO
Desde hace unos años, se está produciendo un proceso constituyente de las élites. Se está construyendo un nuevo modelo de Estado, de derechos y de política. El señorío concedido al lobby bancario del BCE sobre la política pública monetaria, la extensión del privilegio de monedaje de los bancos, el traslado de decisiones a instituciones internacionales de funcionamiento no democrático, los rescates (anulación de derechos para rescate de la burbuja especulativa), etc… son un auténtico proceso constituyente, en tanto que construyen una nueva configuración de derechos, instituciones, marco de legitimidad, etcétera.
Actualmente, el tramo crucial de este proceso es el TTIP. El TTIP forma parte de un proceso constituyente. Así que no es cierto que el PP esté en contra de un proceso constituyente, y el PSOE y Ciudadanos tan solo quieran un proceso de reforma sin revisión o de revisión referido tan solo al modelo territorial. Para nada, los tres han apoyado un Proceso Constituyente radical que modifica la estructura de Estado y de reconocimiento de derechos, incluso el poder judicial, al apoyar el TTIP. En todo caso se podría decir que están en contra de un Proceso Constituyente en el que se permita intervenir al pueblo, al menos respecto de ciertas decisiones sobre derechos económicos.
Es un proceso constituyente que va a reconfigurar la estructura de los derechos de los ciudadanos, instituyendo unos derechos superiores (en realidad, privilegios) para las multinacionales con unas protecciones únicas. Va a construir un fuero judicial específico para las multinacionales, va a destruir las garantías del poder judicial y va a cambiar la naturaleza de las decisiones del Estado, etc…
Es el Proceso Constituyente más antidemocrático que se está impulsando actualmente. No es que el pueblo no pueda participar, es que ni siquiera puede tener acceso a información sobre los trabajos previos.
El plus antidemocrático del TTIP responde, más bien, a la visión de Huntington del «exceso de democracia» que ha llevado a que las minorías más poderosas busquen formas para llevar más allá de cualquier posibilidad de acción o cuestionamiento del pueblo aquellas cuestiones clave de los privilegios financieros y la apropiación como señoríos de las actuaciones y poderes estatales keynesianas para dirigir el flujo de capital hacia mayores cotas de desigualdad (acumulación por desposesión).
Para el resto de contenidos propios de un Proceso Constituyente, sí se aceptan los procesos tutelares tradicionales a través de gobiernos representativos.
¿Cómo han logrado tal avance en capacidad antidemocrática de decisión tan solo comparable con el avance en desigualdad que vivimos?i. Creo que esta aceptación de instituciones no democráticas y sus decisiones no se explica por una supuesta confianza hacia el ámbito internacional (más bien hay desconfianza en muchos países clave). Lo que sucede es que se ha logrado un nuevo marco de legitimidad a través del ámbito internacional, como ha quedado patente en la lucha por la claudicación de Grecia al saqueo contra los derechos del pueblo griego para el enésimo (pero no último) rescate de la burbuja financiera.
En el origen de la teoría política moderna, con la idea de contrato social o de consentimiento del pueblo se construyó originariamente una defensa de la legitimidad de los gobiernos, bajo la idea de que el pueblo lo había aceptado, había delegado y por tanto, debía obedecer porque debía respetar sus compromisos. Esta idea fue impugnada por reformuladores como Rousseau que defendieron que de la misma forma que se podía dar el consentimiento, podía ser retirado o modificado con la misma validez, y que era inválido la delegación absoluta (en el fondo, algo parecido decía ya Bodin). Con esta reformulación, la legitimidad de las instituciones quedaba por debajo de la capacidad de decisión y acción del pueblo, lo que permitía el avance de la democracia.
Creo que las élites privilegiadas han encontrado una nueva forma de legitimidad que permite colocar a unas instituciones antidemocráticas y sus decisiones más allá del pueblo para impedir la reforma de sus privilegios. Ya no son los acuerdos de un pueblo consigo mismo (contrato social), sino los acuerdos de un pueblo con otro (tratados internacionales). Durante el chantaje para la claudicación de Grecia, esta legitimidad fue la que se defendió por encima de la decisión del pueblo griego en referéndum: Grecia debía respetar los acuerdos tomados con otros pueblos cuya voluntad democrática también debía ser respetada.
Esta es la nueva lógica constitucional, más allá de la voluntad del pueblo y del contrato social, para construir la obediencia del pueblo ante las instituciones en las que no puede participar. Pero no es mas que un nuevo desarrollo de las viejas lógicas de incapacitación del pueblo. Y continúa refugiándose en la pésima comprensión política de lo que es el efecto representación (los tratados son firmados por tutores en representación del pueblo incapaz y se aceptan las decisiones de estas instituciones antidemocráticas porque los participantes son «representantes»), y en que aún no hemos impugnado como antidemocrático cualquier sistema que se base en la incapacitación del pueblo.
Para explicarlo mejor, debemos meternos de lleno con el segundo tipo de Proceso Constituyente antidemocrático que se nos plantea en estos días.
EL PROCESO CONSTITUYENTE LIMITADO DE REPRESENTACIÓN TUTELAR
La incapacitación del pueblo se refleja y se cocina en el Proceso Constituyente, en el que ya el pueblo es incapacitado y los tutores usurpan toda capacidad de ejercicio de su poder.
En un proceso constituyente en que se tiene al pueblo por incapaz, el pueblo tan solo es utilizado para elegir gobernantes (o elegir Asamblea Constituyente), y para legitimar su propia obediencia al régimen incapacitante, es decir, en el mejor de los casos votar la ratificación.
Este es el Proceso Constituyente que se ha extendido por el siglo XX. Este es el proceso que la Constitución Española de 1978 arrastra de las Leyes Fundamentales de Franco bajo las que esta Constitución fue redactada.
De un proceso así solo puede surgir la reproducción del papel del pueblo como sujeto obediente e incapaz, un nuevo gobierno representativo disfrazado de democracia.
El Proceso Constituyente incapacitante previsto en la Constitución Española siguiendo las Leyes Fundamentales de Franco y la herencia de los gobiernos representativos (no democráticos) es la que proponen partidos como el PSOE y Ciudadanosii. Además, solo prevén que se pueda someter a reforma o revisión una parte que no respondería en ningún caso al avance democrático que se estaba pidiendo desde los movimientos sociales, y sobretodo se trata de decisiones que no afectarían a las bases de poder y privilegios de la minoría más poderosa. El resto de decisiones se trabajan en el TTIP de forma que estén más allá de la posibilidad de ningún pueblo de cambiarlas por sí solo.
Cambiar todo (la estructura del Estado) para que nada cambie y se reproduzca la incapacitación del pueblo, destruyendo la reivindicación de democracia real, mientras se construye un régimen superior con una legitimidad mayor.
Estos son los dos procesos antidemocráticos con los que se reacciona contra el levantamiento de los nadies y sus formas actuales (como el 15M, Occupy y otros movimientos) para reeditar, afianzar y ampliar el sistema político incapacitante del pueblo. Ambos funcionan en última instancia en base a la excusa de la representación, sencillamente porque tenemos una lamentable comprensión de lo que es representación, que nos lleva a aceptar cualquier cosa como democracia. Creo que es necesario que entendamos qué es la representación y cómo funciona.
¿Qué es representación?
El significado democracia, para mí, implica que el pueblo actúe efectivamente en política como soberano. Suele decirse que, en grandes estados, esto no puede hacerse si no es a través de la «representación» política. Se trata de un error de enfoque. Hay un mal entendimiento de lo que es representación.
En general, la representación es un efecto a terceros de varios tipos de relaciones entre dos sujetos. «Representación» no es un concepto que explique la relación que existe entre el pueblo soberano y las instituciones políticas, sino que es un efecto de dicha relación respecto a terceros. En la representación política, el tercero es el pueblo como súbdito o la ciudadanía, si se prefiere. El efecto representación en política conlleva que el ciudadano (o el pueblo como súbdito) debe obedecer a las instituciones dado que a sus ojos son representantes del soberano legítimo (del pueblo como soberano), y en última instancia debe aceptarlos como una representación de su propia voluntad.
Para analizar si el sistema político existente reconoce al pueblo como soberano, habría que analizar qué tipo de relación es la que existe entre el pueblo y las instituciones, que produce la representación política.
Hay muchos tipos de relaciones entre dos sujetos que producen el efecto representación. Este efecto siempre consiste en que el representante ejerce la capacidad de obrar o de hacer en nombre del representado (ante terceros), como si fuera el representado. La gran diferencia entre los tipos de relaciones que producen representación estará en que en unas al representado se le niega cualquier tipo de ejercicio de su capacidad de obrar, es incapacitado y el representante queda como su tutor; mientras en otras, al representado se le reconoce el ejercicio de su capacidad de obrar conjuntamente y por encima del representante (existen formas de acción directa -en sociedades, asamblearias- que son reconocidas como válidas por las instituciones y que tendrán efectos jurídico-políticos más allá de las decisiones de tales instituciones), por lo que su capacidad de obrar no se niega, sino que se amplía, y se construye una relación del tipo «mandar obedeciendo» (dos instancias con capacidad de hacer pero en la que la representada, que puede definirse como soberana, siempre controla, en último término, a la otra, a su representante).
Volviendo a la política, en un tipo de relaciones que producen representación, las tutelares, el poder del pueblo es usurpado y el pueblo es reducido a una mera herramienta u objeto obediente de la acción de los representantes, a los que no puede controlar ni limitar.
En otro tipo de relaciones, las democráticas, el poder del pueblo es ampliado y el representante es una herramienta al servicio del pueblo, bajo su control y subordinado a sus directrices.
Esto se sabía claramente en la teoría política antes de que se sedimentara el modelo final de sistema político burgués representativo más extendido por occidente.
La representación democrática no puede ser la tutelar del «gobierno representativo»
La representación comienza a pensarse en política para dar legitimidad a gobiernos no democráticos. De hecho, el nombre «gobierno representativo» se utilizaba para gobiernos no democráticos, que se basaban en la creencia de que el pueblo es incapaz de decidir y pensar por sí mismo, por lo que necesita tutores que le guíen. Así, las instituciones son pastores, tutores del pueblo, y la tutela produce representación. Esto es una estratagema vergonzosa, porque el pueblo solo se considera capaz para aceptar ser gobernado como incapaz y así legitimar la obediencia al gobierno en la voluntad de alguien a quien se le niega la validez de su voluntad para otra cosa que no sea obedecer, o como mucho, elegir a quien obedeceriii.
Por contra, ciertos teóricos defensores de la democracia pensaron que en grandes estados, se podía conseguir un sistema político democrático estableciendo una relación de mandato o de otras formas de relación democrática representativa entre el pueblo como soberano y las institucionesiv.
La representación se presenta como conveniente o necesaria para la democracia en grandes estados porque permite ampliar la capacidad de hacer del pueblo. Pero se ha olvidado, con el tiempo, que hay relaciones que producen representación que efectivamente amplían la capacidad de obrar o hacer del representado, pero hay otras que la usurpan. El modelo de representación del «gobierno representativo» es tutelar y por tanto no vehicula la democracia, sino la incapacitación del pueblo. Esto no es democracia, y no nos representan: nos tutelan.
La diferencia entre ampliar la capacidad de hacer de alguien con un representante o incapacitarle y someterle a un tutor, como dice la Enciclopedia de Diderot y D’Alambert, está en que se reconozcan como válidas acciones y decisiones directas del representado, incluso se articulen para ello, en caso necesario, las instituciones y herramientas que sean precisas para que pueda darse esta acción y decisión directa del representado por sí mismo sin necesidad de intervención de los representantes o incluso en contra de ellosv.
Pero en un momento determinado, el modelo de gobierno representativo inglés se extendió y aceptó como modelo democráticovi.
La reivindicación por una nueva política: democracia entendida como reconocimiento del pueblo como sujeto político activo. El significado democracia
Los movimientos sociales actuales, para mí, tienen una cosa definitoria en común: la exigencia de que el pueblo sea tenido por sujeto político activo, negando la legitimidad de todo sistema político que se base en su incapacitación. Esto es lo que hacen y lo que construyen estos movimientos. Es una de las principales reivindicaciones detrás del grito «Esto no es democracia» y del «No nos representan» (no nos representan: nos incapacitan y nos tutelan).
Los Procesos Constituyentes recientes de Islandia, Ecuador, Bolivia, y otros, han sido modelos de procesos en los que el pueblo ha tenido realmente un papel activo. Además, las constituciones que han aprobado abolen el esquema institucional de la representación tutelar política. El pueblo no está limitado, como defendía Mill en el gobierno representativo no democrático, a elegir representantes y a lo sumo ratificar sus decisiones para asegurar la obediencia; el pueblo es un sujeto activo cuya capacidad se reconoce para elegir medidas y participar en la construcción de estructuras institucionales y el diseño y redacción de propuestas.
Algo maravilloso del 15M era que no era un movimiento meramente reivindicativo, siempre lo entendí como una lucha constituyente: la construcción de una nueva política ejerciendo esa nueva política en sí. No pedía el significado democracia para la palabra democracia que está escrita en nuestras constituciones, el 15M era en sí el significado democracia: un levantamiento de los grupos tradicionalmente excluidos de la política, del pueblo, para realizar acción política como sujeto político activo que rechaza las posiciones de incapacitación en las que se ve encerrado.
Pero parece que ya nos han construido un camino de vuelta al redil, como siempre hacen los regímenes pastorales.
Con la nueva línea de procesos constituyentes y constitucionalismo, con los movimientos actuales como el 15M a través de asambleas locales, o con el nuevo modelo de partidos con estructuras para vehicular la participación del pueblo como sujeto político activo; se está construyendo auténtica democracia y aboliendo los sistemas representativos tutelares. El mayor golpe contra estos avances sería desembocar en un proceso constituyente en el que el pueblo vuelva a ser relegado a un papel de incapaz y sometido a la acción de tutores, con las únicas capacidades de elegir tutores y como mucho, ratificar sus acciones para validarlas.
Es nuestra tarea construir un proceso constituyente diferente, que suponga el fin de los gobiernos representativos y la representación tutelar, de la incapacitación del pueblo y la usurpación de su poder. Un proceso en el que el pueblo sea un sujeto político activo por encima de sus representantes y más allá de ellos, que funcione con un mandar obedeciendo. El inicio de la constitución de un sistema que cumpla con el significado democracia.
No creo que el final de todo este camino desde el 15M sean las elecciones ni los nuevos partidos. Siempre pensé que una cita clave sería la lucha por un Proceso Constituyente democrático, en el que el pueblo actúe como sujeto pleno. Y creo que ahora es el momento de esa batalla. Es el momento de seguir como ese pueblo que se ha alzado como sujeto capaz y no conformarnos con cualquier propuesta de reforma constitucional. Es el momento de apretar los dientes. Es el momento de renacer para nacer plenamente.
P.S.: Hay algo más que ya no quisiera dejarme, y que es esencial si consideramos un Proceso Constituyente como forma de salir de la incapacitación. La salida de los regímenes de incapacitación, en nuestra normativa civil (para una persona que ha sido incapacitada por problemas mentales de los que se ha curado, o para un menor que ha llegado a la edad adulta) tiene un elemento muy importante que es la rendición de cuentas.
El tutor debe rendir cuentas de lo que ha hecho mientras tenía bajo su poder la persona, el trabajo y el patrimonio del incapacitado. Se pueden anular medidas que tomó, y se le pueden exigir responsabilidades personales si utilizó ese poder en su provecho o el de sus amigos.
De la misma forma, un proceso constituyente democrático, en el que se pretendiera este final de la incapacitación del pueblo, debe tener este estudio de las medidas heredadas, de su legitimidad, su posible nulidad, y la determinación de la posible responsabilidad que deba exigirse a esos tutores que usaron su poder en su beneficio y el de sus amigos.
Notas:
i Esta ofensiva antidemocrática solo se ha podido conseguir en el ámbito internacional, porque imagínense a la todopoderosa Merkel diciéndole a los alemanes que va a negociar un tratado que reconfigurará el Estado alemán y todos los derechos alemanes, pero que lo va a hacer en secreto y prohibirá a los ciudadanos alemanes el acceso a información sobre estos trabajos hasta 30 años después de haber firmado el tratado. Estoy convencido de que los y las alemanes no lo permitirían. Aún menos los franceses y francesas. Pero todos los permitimos en el ámbito internacional.
ii Podemos parece proponer un proceso diferente, sobretodo a la vista del funcionamiento interno del partido, que sigue ese esquema de que los órganos representativos no sean tutelares, y las Asambleas locales funcionan como soberanas por encima de tales órganos. También debería ser así puesto que propone como mínimo la inclusión del referéndum revocatorio, que es un avance contra la incapacitación del pueblo. Pero hasta donde yo conozco, no ha dejado claro que el proceso constituyente que propone sería participativo desde Asambleas locales o no. Por último, UP-IU sí ha dejado bien claro que el Proceso Constituyente sería participativo y en él el pueblo no tendría un papel incapacitado.
iii Esto es lo que defendían autores como J. S. Mill o Guizot, reconociendo que estos no eran sistemas democráticos. Para estas ideas, el pueblo era incapaz para decidir en general, y solo tenía capacidad para elegir gobernantes.
iv Era la que defendía Rousseau en El Contrato Social, que atacaba al gobierno representativo inglés como gobierno que usurpa el poder del pueblo. Paine o Robespierre, al defender la representación democrática, específicamente aclaraban que el pueblo debía siempre poder actuar fuera de las instituciones que le representaran (democracia es el sistema en el que el pueblo actúa por sí mismo en todo lo que puede y en lo que no, actúa a través de representantes). El formulador de la idea de soberanía, Jean Bodin, decía que el soberano que delegaba el ejercicio total de su soberania no era soberano en realidad. La famosa Enciclopedia de Diderot y D’alambert, tampoco era ajena a estas diferencias. Decía que los representantes políticos tenían diferente naturaleza (como puesto o rol en unas instituciones) según las capacidades que se reconocían al pueblo.
v Por eso, nuestras normas de sociedades de adultos, civiles y mercantiles, prohíben la existencia de sociedades de adultos libres donde no se reconozca como órgano soberano a una asamblea de democracia directa de los socios, donde todos pueden actuar directamente por encima de la directiva o el Consejo de Administración, que son el órgano representativo. En la normativa española se prohíbe la incapacitación en todas las sociedades de adultos libres salvo para el pueblo.
vi En el caso de la Revolución Francesa, a pesar de que existían miles de propuestas de todos los sectores del pueblo (los famosos cuadernos de queja), el proceso que constituyó el nuevo régimen se hizo por una minoría de la élite burguesa sin permitir el acceso ni la participación de los grupos más desfavorecidos del pueblo, que fue tratado como incapaz. De un proceso así salió un régimen incapacitante, probablemente el paradigma de incapacitación del pueblo en adelante: el poder soberano reside en el pueblo pero solo puede ejercerse por delegación; es decir, el pueblo no puede ejercer su poder, es incapaz, y esa soberanía de un incapaz es la que legitima la obediencia a las instituciones.
Diego Hidalgo Morgado es miembro de La Otra Constituyente y Asambleas Ciudadanas Constituyentes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.