El jueves día 8 comenzará en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un proceso judicial que pretende enjuiciar el diálogo político. En el banquillo de los acusados se encontrarán las tres «patas» sociopolíticas sobre las que se asienta, según todos los expertos y la mayoría de la ciudadanía vasca, la resolución del conflicto […]
El jueves día 8 comenzará en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un proceso judicial que pretende enjuiciar el diálogo político. En el banquillo de los acusados se encontrarán las tres «patas» sociopolíticas sobre las que se asienta, según todos los expertos y la mayoría de la ciudadanía vasca, la resolución del conflicto vasco. Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Juan Joxe Petrikorena, Olatz Dañobeitia y Pernando Barrena acudirán -de hecho la mayoría de ellos serán conducidos por la Policía desde la cárcel- por parte de la izquierda abertzale; Patxi López y Rodolfo Ares por parte del PSOE; y Juan José Ibarretxe por parte del PNV. No será, sin lugar a dudas, el primer juicio político que se desarrolle en los tribunales españoles, ni el primero contra políticos, ni el primero contra el diálogo. A estas alturas, tras la condena a la anterior Mesa del Parlamento de Gasteiz, ya no es ni siquiera el primer juicio contra la izquierda abertzale que salpica a los instigadores de esa clase de procesos. Pero no por ello deja de ser paradójico y, en cierto sentido, paradigmático de la situación política vasca.
El juicio refleja, por ejemplo, algunos de los elementos que condujeron el pasado proceso de negociación a una vía sin salida. Uno de esos elementos es el carácter estructural de la involución jurídica que durante la última década se ha dado en el Estado español. Cada ley promulgada al albor de alarmas sociales encendidas desde la derecha española y el unionismo, cada salto cualitativo dado en términos punitivos y represivos, cada paso atrás en las garantías, por mínimas que fuesen, en el terreno jurídico, han generado hipotecas que, llegado el momento, el Gobierno español no ha podido o no ha querido amortizar.
El problema es que, en contra del discurso oficial, el Estado de Derecho no es, de por sí, sinónimo de democracia. Es más, se puede utilizar el Derecho para ahogar a la democracia. Y es precisamente el desarrollo de la democracia lo que traerá la paz y la justicia a Euskal Herria. Enjuiciar el diálogo político es un nuevo paso atrás.