La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina de Guatemala convocó para el 30 de marzo a una protesta contra las concesiones mineras a compañías transnacionales, sin tener en cuenta los intereses nacionales. «La práctica nos dice que las empresas llegan a las comunidades, sacan lo que quieren y no dejan nada al país», declaró a la […]
La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina de Guatemala convocó para el 30 de marzo a una protesta contra las concesiones mineras a compañías transnacionales, sin tener en cuenta los intereses nacionales.
«La práctica nos dice que las empresas llegan a las comunidades, sacan lo que quieren y no dejan nada al país», declaró a la prensa Juan Tiney, dirigente de la organización.
El líder indígena denunció que las transnacionales apenas pagan al Estado el uno por ciento del total de las ganancias por la explotación irracional de los suelos.
«No podemos canjear nuestros recursos naturales por un sueldo mal pagado y un uno por ciento de regalías al Estado», afirmó Tiney. Mientras, la Comisión de Alto Nivel para la Minería, presidida por el obispo Alvaro Ramazzini, expresó su preocupación por la decisión del Ministerio de Energía y Minas de otorgar licencias de exploración de yacimientos de uranio.
«Si no tenemos capacidad para controlar la extracción de oro, mucho menos la de uranio», dijo Magali Rey Rosa, integrante de la comisión, al alertar sobre la existencia de regulaciones internacionales para extraer ese mineral, usado en reactores nucleares y en armas atómicas. La Comisión rompió la semana pasada el diálogo con el gobierno por violar varios aspectos consensuados en la mesa de diálogo, entre los que se encuentran la suspensión de las licencias hasta que se apruebe una ley de minería.
La entidad dio un plazo de una semana al ejecutivo para dar respuesta a sus demandas, o de lo contrario, llevarán el tema directamente ante el Congreso.
Entre las exigencias figuran establecer un sistema de ordenamiento territorial que permita delimitar las áreas donde es viable la actividad minera, fijar normas para la protección del medio ambiente y beneficios para las comunidades aledañas a los yacimientos.